Martes, 28 Marzo, 2017

Los funcionarios no somos parte del problema, sí de la solución

Sindicatos de funcionarios en una manifestación


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Como si fuera el pan nuestro de cada día, la pasada semana asistimos a la enésima operación anticorrupción, que se saldó con 32 detenidos: la Operación Enredadera. Diversos medios de comunicación identificaron en sus titulares a los detenidos como una “red funcionarios corruptos”. De esta manera, queremos creer que involuntaria, se pone en el disparadero a todo un colectivo, situándolo como parte del principal problema social (junto con el desempleo) que asola actualmente nuestro país: la corrupción.

Aquél que se haya entretenido en leer más allá de los titulares de prensa se habrá dado cuenta de que los funcionarios son la excepción entre una mayoría de empleados de la empresa Fitonovo, empleados de empresas públicas y una legión de asesores políticos de la Administración Local.

Tras un concienzudo análisis de los numerosos artículos de prensa publicados, solo hemos podido identificar a 5 detenidos que sí tendrían la condición de funcionario pero creemos se si la intención de los redactores es que la opinión pública entienda el contexto del fenómeno delictivo, se debería resaltar el componente político de los puestos que ocupaban cuando presuntamente aceptaron sobornos. Es decir, no eran funcionarios comunes sino que ocupaban Puestos de Libre Designación, y por tanto, fueron nombrados para puestos de responsabilidad por políticos en función de criterios como la confianza y la afinidad política, y que podían haber sido libremente cesados por quien los nombró, en caso de mostrarse “demasiado escrupulosos en el cumplimiento de la legalidad”.

Y es que, como bien decía el escritor andaluz Antonio Muñoz Molina en un reciente artículo, la corrupción no habría llegado tan lejos si no se correspondiera con el proceso de deterioro y descrédito de la función pública.

Sabido es que desde el inicio de la democracia las élites de los partidos políticos trataron de suprimir los controles administrativos existentes para ganar margen de maniobra. En este sentido, venimos asistiendo desde hace décadas a un proceso de liquidación de la administración pública, lento pero imparable, en el que el control de oficio de la solvencia técnica y la legalidad de las actuaciones ha ido pasando paulatinamente del funcionariado profesional e imparcial a los partidos políticos mediante diferentes estrategias entre las que destacan dos: el abuso desmedido de los Puesto de Libre Designación y la proliferación de agencias y empresas “públicas” que usurpan y privatizan las competencias que corresponden a la administración.

Valga para ilustrar el abuso de los PLD en las administraciones y su vinculación con la corrupción un reciente auto dictado por el Juzgado Instrucción no 6 de Granada en un caso de presunta corrupción, en el que se califica de “diabólico” el sistema de provisión de puestos que utilizan los gobiernos para situar en puestos clave (jefaturas servicios y jefaturas de área) a «funcionarios afines» que se limitan a cumplir órdenes, dando pie a «auténticos despropósitos administrativos». Este Juez denuncia que «si se necesita un funcionario dócil y afín, y sólo se exige, por ejemplo, pertenecer al grupo A para cubrir una jefatura de servicio, es fácil buscarlo entre las filas de un propio partido». «Si no hace los informes que le piden o si los hace en sentido diferente a como se espera, o si no hace la vista gorda, se le puede aplicar manu militari el artículo 58.1 del mismo Reglamento para cesarlo. En su auto el Juez reclama «nuevas leyes o reglamentos que impidan estos abusos», tras recordar que la Constitución trata de evitar estas situaciones exigiendo que «el acceso a la función pública se produzca de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad».

Respecto al segundo gran foco de corrupción en la Administración Pública, los procesos de agencialización que asolan prácticamente todas las CC.AA, queremos señalar una vez más que se trata de obras de ingeniería jurídica dirigidas a eludir los férreos controles que establece el derecho administrativo respecto al uso del dinero público, a la vez que permiten alimentar redes clientelares que favorecen la permanencia en el poder del partido de turno. Casos como el de los ERE, Invercaría o IDEA en la Junta de Andalucía, Arpegio, IMADE o PAMAM en la Comunidad de Madrid, DEFEX en el Ministerio de Defensa, EMARSA en la Comunidad Valenciana, SODENA en Navarra, etc. difícilmente se habrían producido de haber estado sus gastos sometidos a fiscalización previa y su gestión en manos de funcionarios públicos profesionales e independientes del poder político.

A modo de conclusión permítasenos citar de nuevo a Antonio Muñoz Molina: “Contra los manejos de un político corrupto o los desastres de uno incompetente la mejor defensa no son los jueces: son los empleados públicos que están capacitados para hacer bien su trabajo y disponen de medios para llevarlo a cabo, que tienen garantizada su independencia y por lo tanto no han de someterse por conveniencia o por obligación a los designios del que manda”.

Que no le den gato por liebre a nadie: no somos parte del problema, somos parte de la solución.

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  1. Las Administraciones pretenden confundir a la ciudadania con la nueva estructura de la Administración, con multiples empresas públicas cuyo personal no suele ser funcionario/a y cuyos puestos de mando (jefes, gerentes, etc) son designados por los partidos políticos