Viernes, 20 enero, 2017

Los despidos que llegan a los juzgados aumentan un 40% desde la entrada en vigor de la reforma laboral



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Los despidos que llegan a los juzgados granadinos han aumentado un 40 por ciento desde la entrada en vigor de la reforma laboral, que ha provocado que las empresas aleguen como principal razón las causas económicas, en lugar de adoptar otras medidas para solventar la situación derivada de la crisis, como la reducción de salarios o jornada, la movilidad geográfica o la suspensión de contratos.

Así lo ha señalado en una entrevista con Europa Press el juez decano de Granada, Jesús Rodríguez, que es además titular del Juzgado de lo Social número 1, en una jurisdicción que es de las más afectadas por el agravamiento de la situación económica y que ha pasado de tratar en torno a los 800-900 asuntos por año a los 1.300, una cifra que está muy por encima de lo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera “admisible”.

“La crisis ha afectado muchísimo a los juzgados de lo social; la reforma laboral que facilitó el despido ha provocado que los procesos por despido se hayan incrementado en alrededor de un 40 por ciento, y todo esto ha provocado que los juzgados de lo social no puedan dar una solución tan rápida como tradicionalmente se venía dando”, ha indicado.

La reforma laboral ha facilitado “mucho” la opción por el despido por causas económicas u organizativas. Según recuerda el juez decano, por una parte “flexibilizó los mecanismos que tienen las empresas para adaptarse a una situación de crisis”, a través de medidas de modificación sustancial, como la movilidad geográfica, suspensión de contrato, o reducciones de jornada, y, por otro, facilitó el “acudir a un despido” por causas objetivas.

“La mayoría de las empresas en lugar de utilizar esos mecanismos para poder adaptarse a una situación económica complicada, al final acuden al despido objetivo”, ha señalado Rodríguez que, sin embargo, no considera que las empresas estén “abusando” de los despidos por causas objetivas.

“Está claro que la situación económica es la que es y las empresas están atravesando una situación económica compleja, pero, en lugar de utilizar esos mecanismos alternativos, utilizan eso que la ley facilitó tanto, que es el despido. Así, ante un descenso de ventas, aunque no sean pérdidas, las empresas se están adaptando a esa nueva situación despidiendo trabajadores”, ha mantenido.

REFORMA PROCESAL DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL

Por otro lado, ha recordado que en el último año se ha aprobado una reforma procesal de la ley de jurisdicción social que conlleva que “todo lo que son los procedimientos sociales se deban acumular en un mismo proceso, en el caso de aquellos que tienen cierta conexión”. “Antes, si había 20 trabajadores que reclamaban frente a una empresa, ello daba lugar a 20 procesos con una sentencia cada uno, ahora se trata de un proceso con una sentencia”, en la que se resuelve tanto la reclamación colectiva como la de cantidad.

Por ello, aunque el número de asuntos en los juzgados de lo Social sea similar al de los años anteriores, las cifras no reflejan la realidad. “Si hace unos años dictábamos 600 sentencias y ahora dictamos 500 no significa que resolvamos menos, ahora se resuelven de forma acumulada”, ha explicado.

Otro juzgado que se ha visto muy afectado por la crisis es el Juzgado de lo Mercantil, que hace frente a situaciones de concurso de la provincia. Se trata de un juzgado único –aunque actualmente tiene un refuerzo de otro magistrado–, que requeriría “como mínimo”, en la situación actual, otro juzgado más con sus correspondientes secretario y equipos de funcionarios, “porque la carga que soporta es enorme”.

DESAHUCIOS

Otra de las consecuencias de la crisis económica han sido los desahucios, una realidad ante la los que los jueces están “muy sensibilizados”.

“En Granada, como en el resto del Estado, el número de desahucios se incrementó de una forma brutal a raíz de la crisis económica”, ha indicado el juez decano, que ha recordado que este año se dictó sentencia por parte del Tribunal Justicia de la Unión Europea (TJUE), que consideraba que el procedimiento no estaba protegiendo a los consumidores, y ante esto los tribunales de primera instancia establecieron una serie de criterios para acoger esa doctrina a los procesos que estaban en marcha dando oportunidad a las partes para que intervinieran en el procedimiento.

Según ha incidido, fueron jueces los que plantearon esta cuestión al TJUE acerca de “que el procedimiento que legalmente se veían obligados a aplicar era un procedimiento inadecuado y que no protegía a los consumidores”.

“Los jueces en esta materia hemos estado en la vanguardia en la defensa de los ciudadanos como ocurre también en otras materias”, ha mantenido el juez decano, que además firmó recientemente un acuerdo con el alcalde de Granada, José Torres Hurtado, y el secretario coordinador provincial para que en los procedimientos de desahucio se haga una comunicación a los servicios sociales del Ayuntamiento para que puedan intervenir, dirigirse a los afectados, y darle soluciones ante un desahucio.

“Nosotros no podemos evitar un desahucio, es un problema de carácter legislativo, de carácter social, pero en el espacio en el que nos afecta intentamos que el procedimiento sea respetuoso con los derechos de los ciudadanos, y en último término, si el desahucio se tiene que producir, intentamos que no se produzcan situaciones de desamparo”, ha concluido.

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