Los cursos de Formación Profesional para el Empleo benefician a 2.385 personas en la provincia

El delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Granada, Juan José Martín Arcos, ha anunciado la reanudación de los cursos de Formación Profesional para el Empleo en la provincia, que con un presupuesto de 6.823.037 euros van a beneficiar a 2.385 personas desempleadas, que podrán acceder a 159 acciones formativas impartidas por 47 entidades.

Juan José Martín Arcos ha mostrado su "satisfacción" por esta nueva etapa de la Formación Profesional "porque ponemos a disposición de la personas desempleadas una importante herramienta para su recualificación", y ha subrayado que los pagos de las ayudas a las entidades adjudicatarias "estarán sometidos a las máximas garantías de control, a través de un procedimiento de fiscalización riguroso".

En la convocatoria de estos cursos, además de adecuarse a los cambios legales a nivel estatal, se incluyen otras novedades entre las que se encuentran primar las acciones formativas que permitan a los beneficiarios la obtención de certificados de profesionalidad, como garantía de la utilidad de la formación recibida a la hora de acceder a una oferta de empleo, y el establecimiento de criterios de baremación cuantificables que garanticen la concurrencia competitiva en el acceso a las subvenciones para la realización de cursos, así como la imposibilidad de poder subcontratar la acciones formativas por la entidad beneficiaria.

En la relación con la forma de pago se fija una única forma, de manera que las entidades beneficiarias recibirán como anticipo un 25 por ciento de la subvención en el momento de la concesión de la misma, un 35 por ciento una vez acreditado el inicio de la actividad formativa, y el 40 por ciento restante tras la justificación total de la subvención concedida.

En el caso de que las entidades beneficiarias sean entidades públicas, como las Escuelas Taller y Talleres de Empleo, se ha aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno la modificación en la forma de pago aumentando el anticipo al 75 por ciento de la subvención en el caso de los ayuntamientos, lo que supone un alivio financiero considerable para las corporaciones municipales en la ejecución de estos proyectos.

Con la nueva normativa, la concesión y los pagos se someten a las máximas garantías de control con un procedimiento de fiscalización previa; la justificación final de las subvenciones se realiza mediante la presentación de la cuenta general justificativa de la actuación y el informe del auditor, y que las entidades beneficiarias están debidamente acreditadas para impartir la formación para el empleo, debiendo contar con medios suficientes y adecuados para poder desarrollar las acciones formativas.