Los curas y el seglar acusados de abusos sexuales pasan este miércoles a disposición del juez

Los tres sacerdotes y el profesor de Religión de la Archidiócesis de Granada que han sido detenidos por supuestos abusos sexuales a un joven cuando era menor de edad pasarán previsiblemente este miércoles, a primera hora de la mañana, a disposición del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que investiga el caso, que se encuentra bajo secreto sumarial, según han informado fuentes policiales.

Así, pasarán este martes una segunda noche en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, después de que este lunes se practicara un registro en una vivienda situada en una urbanización de Los Pinillos, en Pinos Genil (Granada), y de que haya trascendido que hay una segunda denuncia sobre los hechos, que una persona presentó el mismo día ante el Juzgado de Instrucción 6 de Granada, que se encontraba de guardia.

Este segundo denunciante es un testigo que ya ha declarado anteriormente por el asunto y que amplía los datos que ofreció en primer lugar y también los nombres de los presuntamente implicados, por lo que el documento con su testimonio será remitido al juez instructor, el magistrado Antonio Moreno, titular de Instrucción 4.

El caso se encuentra bajo secreto de sumario, con el objetivo de que no trasciendan datos de la causa y de detectar a otras posibles víctimas, si las hubiera. El tiempo que esta medida puede estar vigente es el de un mes, aunque puede ser prorrogado sucesivamente.

Los arrestados forman parte de un grupo conocido como el de 'Los Romanones', por el nombre de su líder, uno de los detenidos, el padre Román M.V.C., y sus integrantes tienen un alto nivel económico y cuentan con varias casas en la provincia donde supuestamente se produjeron los abusos.

La víctima envió una carta contando su caso al Vaticano y ha llegado a recibir una llamada de apoyo del propio Papa Francisco, que le pidió perdón por todo lo padecidos. Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer 'ipso facto' denuncia contra todos los afectados.