Viernes, 26 Mayo, 2017

Las partes piden mantener medida de alejamiento para el único acusado en el ‘caso Romanones’

La defensa del padre Román M.V.C. también se ha mostrado a favor de que continúe la medida no sólo por seis meses más "sino por todo el tiempo posible"

Padre Roman | Foto: Archivo
E.P.


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Las partes personadas en el ‘caso Romanones’, sobre abusos sexuales presuntamente cometidos por sacerdotes de Granada, han pedido a la Audiencia de Granada mantener la medida de alejamiento impuesta al único acusado en la causa, el padre Román M.V.C., con respecto al denunciante y su supuesta víctima, un joven que hoy tiene 26 años.

Tanto la acusación particular, que ejerce el denunciante, como la popular, la Asociación Pro Derechos del Niño (Prodeni), han remitido sendos escritos al tribunal provincial para instar el mantenimiento de esa medida, según han confirmado a Europa Press las representaciones legales de estas dos partes personadas.

Incluso la defensa del padre Román M.V.C., de la que se encarga el letrado Javier Muriel, ha indicado a Europa Press que también se ha mostrado a favor de que continúe el alejamiento, no sólo por seis meses más “sino por todo el tiempo posible”, tal y como informa el diario ‘Granada Hoy’, que avanza la noticia.

Actualmente, está pendiente la presentación y notificación del escrito de acusación de la Fiscalía, a la que la Audiencia le dio cinco días de plazo para ello el pasado mes de marzo.

Una vez que el Ministerio Público formalice su acusación, será el turno del resto de partes, la defensa, la acusación particular -que representa al denunciante-, la popular -que ejerce la Asociación Pro Derechos del Niño (Prodeni)-, y el Arzobispado de Granada -como posible responsable civil subsidiario- para que presenten sus escritos de defensa o acusación respectivos.

Fue a principios del mes de marzo cuando la Audiencia Provincial de Granada acordó la apertura de juicio oral contra el único procesado en el caso, el padre Román M.V.C., con un auto en el que daba un plazo de cinco días a la Fiscalía para que formulase su escrito de acusación.

Una vez culminada la fase de instrucción por parte del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, se dio paso a una fase previa en la que las partes se pronunciaron sobre la terminación del sumario y la práctica de todas las pruebas necesarias, tras lo que sólo quedaba que la Audiencia dictase auto de apertura oral.

La Sección Segunda de la Audiencia confirmaba así la resolución que en enero dictó el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, Antonio Moreno, dando por concluido el sumario del caso.

El cierre de la instrucción por parte del Juzgado llegó apenas un mes después de la declaración en sede judicial del padre Román M.V.C., quien negó haber abusado sexualmente del denunciante cuando era menor de edad, por el que, según dijo, sentía el “amor fraterno” de un sacerdote que acoge a las personas que acuden a su parroquia.

Concretamente, fue el pasado día 11 de diciembre cuando el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada acogió la declaración indagatoria del padre Román precisamente como paso previo antes de dar por concluido el sumario y remitir el expediente a la Audiencia Provincial de Granada.

El padre Román manifestó entonces su disconformidad con el auto que le procesa por un delito de abuso sexual continuado con prevalimiento, castigado con pena de prisión de cuatro a diez años, y sostuvo que nunca se “exhibió desnudo” ante el denunciante.

Su declaración indagatoria se produjo días después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada procesara al único imputado por un supuesto delito de abuso sexual continuado con prevalimiento, al considerar que existen indicios racionales de criminalidad en su conducta contra el denunciante de los hechos cuando éste era menor de edad.

En el mismo auto de procesamiento requería al procesado que prestase fianza de 50.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse en la causa y prorrogaba por un plazo de seis meses la medida cautelar de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la “víctima”.

El magistrado estimaba corroborados los “iniciales indiciarios hechos” por los que se inició el procedimiento, a raíz de la denuncia que el 14 de octubre de 2014 presentó la víctima ante la Fiscalía de Granada exponiendo haber sufrido “continuados o permanentes abusos sexuales por parte de un grupo de sacerdotes incardinados en la Diócesis de Granada”, desde el año 2004, cuando tenía 14 años y hasta 2007 cuando ya contaba con 17 años.

 

 

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