Lunes, 27 Marzo, 2017

Las CCAA que no gobierna el PP ven "imposible" aplicar la LOMCE el próximo curso

Han criticado el contenido de la misma y la "falta de diálogo" del Gobierno con los ejecutivos autonómicos sobre este tema.

E.P


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Los consejeros de Educación de las cinco comunidades autónomas que no están gobernadas por el Partido Popular –País Vasco, Catalunya, Andalucía, Asturias y Canarias– han afirmado este miércoles que es “imposible” empezar a aplicar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) en el curso 2014-2015 y además han criticado el contenido de la misma y la “falta de diálogo” del Gobierno con los ejecutivos autonómicos sobre este tema.

Los consejeros Cristina Uriarte (País Vasco), Irene Rigau (Catalunya), Luciano Alonso (Andalucía), Ana González (Asturias) y la viceconsejera Manuela de Armas (Canarias) han comparecido en una rueda de prensa en Madrid para expresar su postura conjunta unas horas antes de participar en la Conferencia Sectorial de Educación para estudiar los decretos de enseñanzas vinculados a la Lomce.

Uriarte ha indicado que poner en marcha la ley con el calendario fijado por el Gobierno central –empezando en el próximo curso académico en el caso de Primaria y Formación Profesional Básica– es “inviable” porque “no da tiempo” a que las comunidades autónomas puedan hacer el desarrollo normativo de la Lomce antes de final de año y luego planificar el curso.

Así, ha manifestado el rechazo absoluto del Gobierno vasco a lo que ha calificado como una “ley exprés” y ha afirmado que el Ministerio está intentando que las comunidades improvisen su puesta en marcha, señalando que incluso aquellas que están gobernadas por el PP han hecho patente, en las reuniones mantenidas esta semana, la imposibilidad de cumplir el calendario.

ATENTA CONTRA LA AUTONOMÍA

Rigau, por su parte, ha reprochado al Ejecutivo de Mariano Rajoy la falta de un diálogo fluido y sincero con las autonomías y “la improvisación, la precipitación y la imposición” que, a su juicio, han marcado la forma de actuar del Ministerio de Educación.

También ha señalado que la Lomce “atenta contra la autonomía” de los centros educativos y de las comunidades autónomas y contradice las directrices de la Unión Europea en lo referente a las competencias básicas, en las que se deben basar las políticas educativas y curriculares de los Estados.

Por todo ello, ha pedido el freno a la aplicación de la norma “por razones cualitativas, temporales y presupuestarias”.

FALTA DE FINANCIACIÓN

El consejero andaluz ha incidido en la falta de una “financiación adecuada” para la puesta en práctica de una ley que, según ha apuntado, va a disparar el gasto en educación.

Asimismo, ha dicho que es “técnicamente deficiente”, presenta graves incoherencias e ignora el Estatuto de Autonomía de Andalucía y su ley de educación.

Por esto último, ha añadido, la Junta está preparando un recurso de inconstitucionalidad contra la Lomce: “No vamos a ser insumisos pero tampoco vamos a incumplir nuestro Estatuto”, ha afirmado Alonso antes de indicar que el Gobierno andaluz, a través de sus decretos de enseñanza, va a seguir apostando por una educación de calidad, inclusiva y en igualdad.

González ha lamentado la “falta de lealtad institucional” del Gobierno central por no haber informado puntualmente, respondido o consultado diversas cuestiones sobre la ley a las comunidades autónomas –una crítica en la que han coincidido los demás consejeros– y ha agregado que el Ejecutivo asturiano también mantiene su intención de recurrir la LOMCE ante el Tribunal Constitucional.

En su opinión, se trata de una ley segregadora con la que se pretende “echar del sistema a una parte del alumnado” y aplicar una “contrarreforma ideológica”, además de haber sido elaborada con falta de rigor y seriedad.

Por último, la viceconsejera canaria ha acusado al Ejecutivo de Rajoy de no ser “responsable” y de actuar “a espaldas” de los gobiernos autonómicos al “hacer oídos sordos” a sus reivindicaciones.

Igualmente, ha hecho referencia a la cuestión de la financiación, indicando que si la formación profesional básica se establece como obligatoria, deberá ser el Gobierno central el que la asuma.

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