Viernes, 15 Diciembre, 2017

            

Las acusaciones en el caso Alhambra retiran los cargos contra el hijo del principal acusado

Tanto Junta como Fiscalía coinciden en retirar los cargos contra Francisco Javier C.D., hijo del principal acusado en esta presunta trama delictiva que sienta en el banquillo a 49 personas

Juicio en Caso Alhambra
E.P.


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Las acusaciones que ejercen la Junta de Andalucía y la Fiscalía en el juicio del llamado caso Alhambra, en el que se juzga un supuesto fraude en los accesos al monumento entre 2002 y 2005, han coincidido en retirar los cargos contra Francisco Javier C.D., hijo del principal acusado en esta presunta trama delictiva que ha sentado en el banquillo a 49 personas.

Lo han hecho durante la exposición de sus conclusiones e informes finales, en el transcurso de una sesión en la que la Junta ha retirado su acusación contra once porteros al entender que no ha quedado acreditada su participación directa en los hechos. El Ministerio Público sí ha mantenido la acusación contra ellos, de modo que seguirán en el proceso.

La Fiscalía ha mantenido igualmente los cargos contra el resto de los procesados, exceptuando el citado Francisco Javier C.D., que inicialmente fue considerado uno de los cabecillas de esta supuesta trama delictiva destinada supuestamente a conseguir un provecho patrimonial ilícito favoreciendo la entrada irregular de turistas al monumento.

Durante su declaración, el pasado septiembre, ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada, Francisco Javier C.D. se desvinculó de las empresas investigadas en la causa, Daraxatour y Wit Travel, alegando que “en su día firmó muchos papeles en un ámbito familiar” porque su padre se lo pidió.

Así, reconoció no poder explicar “a qué empresa pertenecía ni en qué porcentaje” pues durante los años objeto de investigación él era ciclista profesional y “su vida real” no tenía “nada que ver”. “Sabía que firmaba papeles para el negocio de la familia pero poco más”, declaró entonces.

48 ACUSADOS

Los ya 48 acusados, entre los que se encuentran trabajadores del Patronato, guías turísticos y responsables de agencias de viajes, se enfrentan a penas de entre cuatro y nueve años de cárcel por delitos de apropiación indebida, estafa, falsedad en documento mercantil, daños al patrimonio histórico-artístico y cohecho.

No obstante, cuatro de los procesados ya ratificaron al inicio del juicio un acuerdo de conformidad que rebaja su pena a entre tres y nueve meses de cárcel.

Uno de estos acuerdos de conformidad fue cerrado por María Pilar A.B., administradora en su momento de la agencia de viajes Washingtong Irving Travel y cuñada del principal acusado. Además de la rebaja de su pena, conllevó la retirada de la acusación para su marido, Juan C.J..

Las defensas también han elevado a definitivas sus conclusiones –solicitan la libre absolución– aunque el abogado Pablo Luna, que representa al principal acusado, el guía vinculado a la agencia de viajes Daraxatour, Francisco C.J, ha aludido a la posible prescripción del delito de falsedad respecto a su cliente y a la ruptura de la cadena de custodia en la aportación de la documentación. Otra de las partes ha solicitado que la Junta pague costas procesales.

“SON TODOS LOS QUE ESTÁN”

Durante la exposición de sus informes finales, el fiscal del caso Alhambra, Luis Salcedo, ha considerado acreditados los accesos irregulares al monumento; bien con turistas sin entrada, con entrada recortada o accediendo más personas de las fijadas en los tiques.

Acusados y defensas han justificado esta gestión en el llamado ‘sistema de compensación’, por el que si un grupo de turistas que accedía al monumento era superior o inferior al que fijaba la entrada se compensaba en posteriores accesos, pero sin rebasar el número total de visitantes que podrían acceder al monumento de acuerdo a la normativa.

El fiscal mantiene que, aunque pudiera darse lo que alegan las defensas, este sistema, “se quiebra” cuando entran grupos de turistas sin entrada o cuando la hora de acceso al monumento es “diferente” de la que indica el localizador del billete.

Para el Ministerio Público, en este “caso de corrupción particular” “las cosas son lo que parecen” y todos los casos a los que hace referencia la Policía Judicial en sus informes se refieren a personas “que se han colado” en el monumento.

Así, ha afirmado que, si buen puede ser que entre los acusados no estén “todos los que son”, se muestra convencido de que “todos los que están, son”.

En un sentido similar se ha pronunciado la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular en la causa y ha considerado acreditado que se ha producido “una alteración” de los flujos de visitantes y el acceso de turistas sin entradas a través de distintas fórmulas y con “total permisividad” de los que ejercían de porteros. Todo ello, en un sistema donde los guías fueron “colaboradores necesarios”.

“COMPRENSIÓN”

Al inicio de la sesión, el presidente del tribunal, el magistrado José Requena Paredes, ha querido agradecer a las partes su “comprensión con el tribunal” facilitando que se haya podido celebrar “un juicio de estas características”, que se ha prolongado durante tres meses y para el que se ha habilitado una sala especial.

De hecho, les ha agradecido el “talante” demostrado, el cual ha favorecido que se hayan producido “tensiones mínimas” en el transcurso de las extensas sesiones que se han venido desarrollando desde el pasado septiembre.

La vista oral, que prevé prolongarse hasta el 22 de diciembre, continuará este miércoles con el inicio de la exposición de las conclusiones e informes finales de las defensas.

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