La UGR denuncia la "instrumentalización" del caso Cifuentes contra "la credibilidad" de la Universidad pública

La Universidad de Granada ha denunciado la "instrumentalización" de las supuestas irregularidades en la concesión de un título de máster de la Rey Juan Carlos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para "poner en entredicho la credibilidad del funcionamiento del sistema público de educación superior en su conjunto".

En un comunicado tras la reunión del consejo de gobierno de la Universidad de Granada, este miércoles, la rectora, Pilar Aranda, y su equipo han emitido un comunicado para subrayar que "la integridad académica, científica y de gestión constituye uno de los principios básicos" de la vida universitaria" y debe predominar sobre un "caso particular".

El equipo de gobierno de la UGR ha explicado que "todas las universidades públicas" disponen de "instrumentos de control y procedimientos reglados con los que hacer frente a cualquier tipo de malas praxis académicas o de ilegalidades en la actividad universitaria".

Por ello, esperan que estos "actúen con total normalidad y que con la máxima celeridad se depuren las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse de los hechos".

Llaman a la "confianza en el desarrollo del conjunto de las enseñanzas de másteres y del resto de titulaciones impartidas en la Universidad pública", sometidas a controles nacionales e internacionales. En particular, en el ámbito de la Universidad de Granada, la Escuela Internacional de Posgrado cuenta con "un sistema de garantía de la calidad acreditado que contribuye al rigor, la eficacia y la transparencia en la gestión de sus titulaciones".

"Como institución pública estamos comprometidos con la rendición de cuentas y la autocrítica de nuestras actuaciones, especialmente cuando se alejan de los fines y misiones que la sociedad nos encomienda", han indicado desde la institución académica granadina que dirige Pilar Aranda.

Sin embargo, "en la misma proporción debemos de poner de manifiesto que nuestras decisiones se toman de manera motivada y se garantiza que los procesos de gestión se desarrollen con diligencia, transparencia y respeto a los derechos de las personas implicadas", han agregado.

Así, "una irregularidad no puede servir de pretexto para poner en cuestión la actividad de la inmensa mayoría de nuestro personal docente e investigador, del personal de administración y servicios y de nuestro estudiantado, respetuosa siempre con los principios y normas que deben inspirar la conducta de los miembros de nuestra Universidad".

A este comunicado se han adherido también el Defensor Universitario, la Delegación General de Estudiantes, y el Consejo Social de la Universidad de Granada.