Martes, 25 Julio, 2017

            

La Red de Prevención del Sectarismo ultima la documentación para personarse en el caso ‘Romanones’

Durante esta pasada semana se han dado a conocer los detalles del caso a través del levantamiento del secreto de sumario

Llegada de los acusados a los juzgados de Granada | Foto: F.W Alanzor


image_print

La Red de Prevención del Sectarismo y del Abuso de Debilidad (Redune) está ultimando la documentación necesaria para personarse la próxima semana en el caso que investiga el Juzgado de Instrucción 4 de Granada en el que están imputado un total de diez sacerdotes y dos seglares del Arzobispado de Granada por posibles abusos a menores de edad.

Así lo ha señalado a Europa Press el abogado que representa a este colectivo, Jorge Luis Sánchez Medina, quien ha avanzado que pedirá la retirada del pasaporte a los 12 imputados para impedir su fuga, recordando que ya manifestó hace unos meses al titular del Juzgado, el magistrado Antonio Moreno, su intención de personarse una vez que los plazos procesales se lo permitiesen.

En ese sentido, y después de que el pasado martes se levantara el secreto de sumario, Redune decidió continuar adelante y mantener su pretensión de personarse como acusación popular, ya que entiende que el grupo de estos religiosos, llamado de los ‘Romanones’ por el nombre de su líder, el padre Román M.V.C., puede considerarse como un “grupo coercitivo”, en tanto que presuntamente habrían utilizado su posición de “poder” y “control” como sacerdotes y profesores sobre menores de edad, para manipularles y conseguir fines ilícitos, en este caso supuestos abusos sexuales, “aprovechándose de su debilidad”.

De hecho, el presidente de Redune, Juantxo Domínguez, ha reivindicado que en este caso se tenga en cuenta el artículo 515 del Código Penal, que se refiere a las asociaciones ilícitas y que, en su apartado tercero, señala que tendrán esta consideración “las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución”.

En ello entrarían, según Redune, videntes, sanadores, centros terapéuticos o de desarrollo personal, diversos gurús, grupos religiosos que actúan de forma paralela a las leyes aunque estén legalmente constituidos, grupos políticos extremistas, maras, o bandas juveniles, entre otros.

En España, según ha lamentado el presidente de esta entidad, este artículo no se tiene “casi nunca en cuenta”, cuando en otros países europeos, como en Bélgica, sí se aplican los llamados delitos de abuso de debilidad, que se enmarca en “el abuso fraudulento del estado de ignorancia o debilidad sobre un menor o una persona con especial vulnerabilidad, ya fuere debido a sus edad, enfermedad o discapacidad física o mental, aparente o conocida por el autor, o bien sobre personas que han quedado en un estado de sometimiento psicológico o físico resultante del ejercicio de presiones graves o reiteradas”.

Así, en este caso “claramente” se podría hablar de un grupo que se “aprovecha” de la “debilidad” de unos menores, y que, incluso, está en “entredicho” por una supuesta herencia que una mujer les habría dejado al morir. “A veces la manipulación también se produce en personas adultas, y podemos seguir hablando de grupos coercitivos. Pero el problema aquí, en este país, es que la justicia mira para otro lado en estos casos”, ha censurado.

LEVANTAMIENTO DEL SECRETO Y POSIBLE PRESCRIPCIÓN

El Juzgado de Instrucción 4 de Granada levantó este martes pasado el secreto de sumario que estaba decretado desde el pasado 3 de noviembre, y dio diez días a las partes personadas en la causa para que se pronuncien si los delitos que se les atribuyen podrían estar prescritos.

En su resolución, el magistrado Antonio Moreno recopila la denuncia del primer joven, que llevó su caso ante el Papa Francisco, y aludía a tres posibles víctimas más, que han comparecido como testigos en el proceso, recogiendo un relato pormenorizado de sus testimonios, que apuntan al considerado líder de los ‘Romanes’ o ‘Romanones’, el padre Román M.V.C., y a nueve sacerdotes más y dos seglares.

Así, consideraba que los hechos son susceptibles de constituir infracciones penales por la comisión de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, en sus formas de agresiones sexuales, abusos sexuales y exhibicionismo, con las agravantes de prevalimiento, u otras, con la “participación necesaria, cooperación y encubrimiento” de las doce personas imputadas, cuatro de las cuales –entre ellas el considerado líder del clan– fueron arrestadas y después dejadas en libertad con cargos.

Asimismo, alertaba el juez de la posibilidad de que los hechos denunciados hayan prescrito, e informaba de que, según el Código Penal, la responsabilidad criminal se extingue: a los 20 años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 15 o más años; a los 15, cuando la pena máxima señalada por la Ley sea inhabilitación por más de 10 años, o prisión por más de 10 y menos de 15 años; a los 10, cuando la pena máxima señalada por la Ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de 10; a los cinco, los demás delitos, excepto los de injuria y calumnia, que prescriben al año; y en los supuestos de concurso de infracciones o de infracciones conexas, el plazo de prescripción será el que corresponda al delito más grave.

Por ahora, la Fiscalía considera que la mayoría de los delitos que se les atribuyen a los religiosos estarían prescritos y que sólo podría no estar extinguida la posible responsabilidad penal en uno de los abusos, achacables al considerado líder del clan de los ‘Romanones’.

El fiscal encargado del caso, Francisco Hernández, se lo trasladará así al Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que investiga el asunto, ya que, a su entender, el único delito que no estaría prescrito es el de abusos sexuales cometidos con penetración y prevalimiento, que se le atribuye inicialmente al padre Román, y relacionado con sólo una víctima, el primer denunciante, que informó de su caso al Vaticano y que llegó a recibir el apoyo del propio Papa Francisco.

Por su parte, la Asociación Pro Derechos del Niño (Prodeni), personada ya como acusación popular en el caso, estima que hay “base suficiente” para considerar que los delitos que se les atribuyen inicialmente a los denunciados no han prescrito, y el abogado del primer denunciante, Jorge Aguilera, también cree que la responsabilidad criminal no estaría extinguida en el caso de los abusos más graves, aunque sigue estudiando el sumario, de casi 1.600 folios.

Los cuatro detenidos por este caso, el considerado cabecilla del grupo, dos sacerdotes más y un profesor de Religión, siguen manteniendo su inocencia “sin género de duda” tras el levantamiento del sumario, según informó recientemente a Europa Press su abogado, Javier Muriel.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *