Miércoles, 18 enero, 2017

La oposición reclama al Ayuntamiento que busque solución para las familias de la Cooperativa Azulejera

Los concejales de PSOE e IU han solicitado la reunión del Consejo de Administración de EMUVYSSA para tratar la situación de las 52 familias que pagaron la entrada de unos pisos que jamás se llegaron a construir

Terrenos donde se habrían construido hasta 125 pisos de VPO


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Alrededor de cuatro años dura ya el conflicto entre las 52 familias de la Coopearativa La Azulejera y EMUVYSSA. La devolución de la entrada de unos pisos que jamás se llegaron a construir parece no llegar nunca y la situación tampoco avanza, sumida en una especie de limbo que ahora los concejales de PSOE, IU y UPyD van a intentar solucionar a través del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo Granada. Es lo que han comunicado Francisco Cuenca, Francisco Puentedura y Mayte Olalla, que esperan que el Consejo se reúna en los próximos 15 días y comience a tratar una situación en la que “se ha convertido a las víctimas en verdugos”.

LOS AFECTADOS

Según ha explicado esta mañana una de las afectadas, Vanesa García, su actual pelea ni siquiera tiene que ver con la devolución de un dinero que va desde los 15.000 euros de algunas familias a los más de 30.000 que dieron como entrada otras. La lucha más inmediata tiene que ver con conseguir la documentación relativa a la adjudicación unos suelos que EMUVYSSA vendió a dos promotoras inmobiliarias: “pensamos que se hizo de manera irregular”, explica una afectada que se queja del trato recibido por el equipo de gobierno: “hemos pedido citas con la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, con el alcalde de Granada y ellos lo único que nos dicen es que EMUVYSSA tan sólo adjudicó el suelo”.

En el caso de Juan Manuel Cárdenas, otro de los afectados, la situación se vuelve aún más extraña: a él, la promotora de los pisos le ofreció un empleo a cambio de que comprara una de las futuras viviendas. Al poco tiempo y tras entregar 28.000 euros, Cárdenas se quedó sin empleo y sin vivienda. Ahora él, su mujer y sus dos hijas viven en un piso de alquiler social y cuatro años después sigue intentando recuperar sus ahorros.

Para Vanesa García y Juan Manuel Cárden la situación no tiene visos de arreglarse en un corto periodo de tiempo: “la solución que propone el Ayuntamiento es que vayamos a juicio. Según los abogados que hemos consultado, eso puede llevar de cinco a diez años”, se lamenta García.

LA OPOSICIÓN PIDE EXPLICACIONES

“EMUVYSSA tiene que acudir a quienes han engañado”, ha asegurado Francisco Puentedura, quien añade que la solución ofrecida por el Ayuntamiento “no es la más humana”. Para Francisco Cuenca, la situación es clara: “el Ayuntamiento ha permitido que se les estafe”.

Tanto el representante del PSOE como el de IU y UPyD han coincidido en señalar el “oscurantismo” entorno a cualquier información que rodee al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada. En este sentido, Olalla ha incidido en que ni ella, en calidad de concejal del Ayuntamiento, ha podido acceder a unos documentos públicos y a los que sí han tenido acceso Cuenca y Puentedura por formar parte del Consejo de Administración de la empresa de suelo pública.

ISABEL NIETO RESPONDE

Por su parte, la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto, ha querido explicar la compleja situación en la que se encuentran estas familias y que, según la popular, ya ha pasado hasta en tres ocasiones por el Consejo de Administración de EMUVYSSA. 

Tal  como ha relatado Nieto, la causa original del conflicto se remonta a 2009 cuando el Ayuntamiento vendió una parcela por valor de 3.120.00 euros. En dicha parcela se había planeado edificar hasta 125 viviendas que, sin embargo, nunca llegaron a hacerse realidad ya que el contrato de compra-venta no se formalizó entre el Ayuntamiento y la promotora, que finalmente se echó atrás.

Según Nieto, el Ayuntamiento devolvió en abril de este año 299.000 euros a los cooperativistas, pero retuvo 124.000 en concepto de penalización, algo que venía especificado en el pliego de condiciones de la venta de la parcela.

“Me he dirigido al abogado de la cooperativa para decirle que me diga quienes son las personas que piden cita. Hasta ahora no he tenido respuesta”, ha asegurado Isabel Nieto, quien asegura haber aconsejado a las familias que acudan a la vía jurídica porque ella, “sin respaldo legal”, no puede devolver el dinero.

Por otro lado y en contestación a los portavoces de la oposición, la edil de Urbanismo ha asegurado que en los distintos Consejos de Administración que se celebraron no hubo rechazo alguno a las acciones que llevó a cabo el Ayuntamiento: “es querer politizar un tema jurídico”, ha terminado Nieto.

 

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