Lunes, 23 Octubre, 2017

            

La madre maltratada de Maracena deberá devolver este miércoles a sus hijos al padre por orden judicial

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada fija la entrega de los menores para las 16,30 horas del miércoles en el Punto de Encuentro Familiar de Granada

Imagen de archivo de Juana Rivas (centro) en una concentración | Archivo GD
EP


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Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) a la que un juzgado ha ordenado la entrega de sus dos hijos de once y tres años al padre, condenado en 2009 por maltratarla, deberá materializar este miércoles la medida para que los niños regresen con su progenitor a Italia, donde tienen fijada su “residencia habitual”.

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada fija la entrega de los menores para las 16,30 horas del miércoles en el Punto de Encuentro Familiar de Granada, al que deberán ser llevados por la madre a fin de que sean entregados al progenitor, según consta en la providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Visiblemente afectada y entre lágrimas, Juana Rivas señalaba el martes a los medios que “no los entregará”, que “no puede hacerlo”, aunque sus asesores afirman que su intención no “es vulnerar ninguna ley” y que “agotarán todas las posibilidades” que permite la normativa porque no se trata de una “transacción de mercancía” sino de dos menores a los que se puede producir “un daño irreparable”.

Ante la posibilidad de que la entrega de los menores sea “obstaculizada” por la madre, la jueza ha pedido auxilio a la Unidad de Familia y Mujer del Cuerpo Nacional de Policía para que garanticen que se cumple el mandato judicial “adoptando las medidas administrativas precisas” y actuando no solo en la residencia de los menores en Maracena sino en aquellos lugares donde puedan encontrarse.

La jueza argumenta su decisión en la necesidad de “garantizar que la restitución de los menores se hace sin peligro”, después de que el padre presentara el pasado viernes un escrito en el juzgado reclamando la ejecución de la sentencia en la que se acordaba la medida y pidiendo actuaciones urgentes para ello, dado que la madre no los había entregado en el plazo previsto.

Juana Rivas ha explicado estos meses a los medios que tuvo que escapar de la isla italiana de Carloforte, en la que vivía con su expareja y padre de sus dos hijos por estar “sometida a una situación insostenible de violencia psicológica y física”. Según afirma, los menores “han sido testigos de todo ese dolor”.

Ahora, “los niños están recuperando su inocencia” y la tranquilidad”, especialmente el mayor, que ya expresó en su momento al Juzgado su negativa a regresar con su padre.

ES UN “SECUESTRO”

En contraposición, el representante legal del exmarido de Juana, el abogado Adolfo Alonso, ha lamentado la “instrumentalización” de este procedimiento al afirmar que se trata de un secuestro interparental y no de un caso de violencia de género.

El letrado ha subrayado en declaraciones a Europa Press que el asunto “no admite versiones”, después de que haya sido juzgado con “todas las garantías para la madre”, y ha lamentado la “campaña de desprestigio y agitación social” que se ha promovido contra su cliente.

Ha querido aclarar que Juana Rivas “no va a perder a sus hijos” ni se le va a impedir el contacto con ellos, pero ha matizado que el asunto debió dirimirse desde un principio “donde corresponde”, la justicia italiana, dado que es en este país donde los niños tienen fijada su “residencia habitual”.

En Italia “la madre podrá solicitar la custodia y los tribunales defenderán los intereses de los menores, como en cualquier tribunal de la Unión Europea”, ha agregado el letrado, que descarta que los niños –de once y tres años– vayan a sufrir “un daño por volver a Italia” o queden “desprotegidos”, tal y como ya ha argumentado la justicia española.

Ha garantizado que su cliente es “un buen padre” y que la sentencia de 2009 del Juzgado de lo Penal 2 de Granada que le condenó por un delito de lesiones en el ámbito familiar se produjo después de que “él se conformara con la pena porque no se le estaba dejando ver a un hijo”. Así, ha lamentado que el asunto se haya desplazado hacia un posible caso de violencia de género cuando lo que “se ha producido es un secuestro” de los niños, que fueron trasladados a España.

Alonso agrega que su patrocinado ha velado en todo momento por los intereses de sus hijos y que si se ha llegado a “este extremo”, en el que el juzgado ha pedido auxilio a la Policía Nacional para garantizar la restitución, es porque “la madre se ha negado a cumplir todas las oportunidades que le ha dado la Justicia española para devolverlos voluntariamente”.

 

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