Martes, 23 Mayo, 2017

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La Junta realiza en Granada más de 5.000 inspecciones en establecimientos públicos durante 2015

El número de denuncias y reclamaciones formuladas en los servicios de Consumo alcanzan las 2.756 en toda la provincia

Presentación de los datos de consumo de la Dirección General de Consumo de Granada | Autor: Gabinete
Gabinete


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El Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Salud, a través de la Dirección General de Consumo, ha realizado un total de 5.125 inspecciones en 3.520 establecimientos públicos en defensa de los derechos de las personas consumidoras, a lo largo del año 2015.

Estos datos han sido dados a conocer hoy martes, 15 de marzo, Día Mundial del Consumidor, por el delegado del área, Higinio Almagro, en la localidad de Armilla. Allí ha estado acompañado del acalde de este municipio, Gerardo Sánchez, y de la diputada provincial de Asistencia a Municipios, María Ángeles Blanco. El alcalde ha mostrado su satisfacción por la “apuesta de las tres Administraciones por reconocer las competencias de los Ayuntamientos en materia de defensa de los consumidores”.

Asimismo, Sánchez ha señalado que “ante la próxima entrada en funcionamiento del Centro Comercial Nevada las tres administraciones colaborarán para que los miles de consumidores que visitan diariamente dicho centro visualicen que se encuentran en un establecimiento en el que especialmente son respetados y protegidos sus derechos como consumidores”.

De la labor de inspección desarrollada por la Junta de Andalucía en materia de consumo en 2015, cabe destacar que de las 5.125 actas de inspección, han resultado positivas 673, es decir, que han detectado algún tipo de irregularidad o incumplimiento de la normativa, lo que supone un porcentaje del 13% del total. Como resultado de estas inspecciones se han abierto casi 330 expedientes sancionadores por un montante total de 232.200 euros.

Parte de estas actuaciones de control obedecen a campañas de inspección programadas por la Administración de consumo, tales como control de alimentos, productos industriales y servicios. “Estas campañas cumplen con el deber de la Administración andaluza de ejercer la adecuada vigilancia, control e inspección para prevenir y sancionar la elaboración, utilización, circulación y oferta de sustancias, bienes y servicios que no cumplan las condiciones exigidas para garantizar la salud y seguridad de los consumidores” ha señalado Almagro.

Por eso, cada año, la Administración de Consumo andaluza elabora un Plan de Inspección de Consumo en el que participan las Federaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía, a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y diferentes centros directivos de la Administración andaluza cuyas competencias pueden afectar o tener relación con la defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias. Además, se tienen en cuenta los resultados e incumplimientos detectados en otras campañas así como la información sobre quejas y reclamaciones recogidas.

RECLAMACIONES

En materia de reclamaciones, de acuerdo con los datos existentes, durante el año 2015 se han registrado un total de 2.756 reclamaciones, de las que 636, un 23%, corresponden a servicios esenciales, tales como Agua (313), Electricidad (254) y Gas (69) muy por delante de las 444 de los productos industriales y las 84 relacionadas con establecimientos minoristas. Una vez más, los sectores más reclamados son los servicios de comunicaciones (100 reclamaciones).

Las principales causas que han originado estas reclamaciones son por desatención a las personas consumidoras, por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la garantía, irregularidades en la calidad de los servicios o errores de facturación, sobre todo en el caso de las telecomunicaciones (también es frecuente encontrar disconformidad con los consumos facturados de los suministros del hogar).

En este aspecto, no está de más recordar que la ciudadanía tiene derecho a presentar una hoja de quejas y reclamaciones si cree que se han podido vulnerar sus derechos como consumidores y los establecimientos y prestadores de servicios tienen la obligación de disponer de ellas y facilitarlas. Cuando un consumidor hace efectivo este derecho, la empresa debe dar respuesta a su queja en el plazo de diez días hábiles.

Si no es así o la respuesta del empresario no satisface a la persona reclamante, ésta debe poner su reclamación en conocimiento de la Administración a través de dos vías. Una presencial, a través de los servicios de Consumo de su respectiva provincia, de los servicios centrales de la Dirección General de Consumo, de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor. Y una virtual, a través del portal Consumo Responde, donde además se puede descargar un formulario de Hoja de Quejas y Reclamaciones.

Las líneas estratégicas de Consumo para los próximos años pasan por combinar políticas de protección a la ciudadanía a través de la regulación, vigilancia y control de las actividades económicas, y de concienciación, desde el ámbito empresarial y ciudadano, para un consumo seguro, responsable, ético y solidario.

Para ello, se está diseñando un nuevo Plan Estratégico de Consumo cuyo objetivo prioritario es lograr la capacitación de la población y su empoderamiento; fomentar sistemas de autocontrol empresarial que garanticen una buena atención al cliente con la supervisión de la administración pública y el trabajo coordinado y participado con asociaciones y entidades locales.

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