La Junta organiza una jornada para aclarar las dudas de los ayuntamientos ante la Reforma Local del Gobierno central

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E.P
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Más de 250 personas, entre alcaldes, concejales, interventores, y técnicos otras administraciones, han participado hoy en la Jornada Técnica, organizada por la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, para abordar la entrega en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que entrará en vigor a partir de enero de 2015 aprobada por el Gobierno central.

En la presentación de las jornadas, la delegada del Gobierno Sandra García, junto al director general de Administración Local, Francisco Javier Camacho, y el representante de la Oficina de la Vicepresidencia, José Vicente Pérez, ha reiterado que el Gobierno andaluz rechaza esta Ley y es la única comunidad autónoma que ha aprobado presentar un recurso por “atentar el modelo de autonomía local recogido en nuestro estatuto y vaciar de competencias a las administraciones locales con menos de 20.000 habitantes”, un punto que afecta al 96% de las ayuntamiento de la provincia ya que sólo siete superan esta población y “van a quedar en meras instancias administrativas”.

García, en la jornada celebrada en la Delegación del Gobierno de la Junta, ha señalado que estas jornadas pretende aclarar las dudas que tienen los alcaldes y concejales ,especialmente, en los temas de financiación, competencias y de personal. En este último punto ha explicado que con la pérdida de competencias en educación, salud y servicios sociales en Andalucía se van a perder 32.000 empleos del total de los 40.000 que afectará al personal de las Administraciones públicas andaluzas.

Por su parte, Francisco Javier Camacho, ha explicado que la masiva presencia de alcaldes y concejales a esta reunión en Granada demuestra la “indefensión jurídica e incertidumbre” que ha creado esta Ley que se ha aprobado “sin el diálogo y el consenso”, un principio básico en el sistema democrático que no ha aplicado el Gobierno central y cuyo desarrollo va a tener dificultades. También ha señalado que desde la Junta de Andalucía se va mantener un posición política, administrativa y jurídica de rechazo, una posición que también mantienen Cataluña, Asturias y Canarias. Ayuntamaientos, consorcios y mancomunidades se verán afectadas y especialmente los consorcios ue tendrá que aprobar sus nuevos estatutos, antes de 30 de junio, al serles retiradas las competencias de formación y empleo o deberán disolverse” ha apuntado Camacho.

Por su parte, la delegada del Gobierno, Sandra García, ha señalado que sólo 7 municipios de la provincia de Granada no se verían afectados por esta ley de reforma local. García ha señalado que desaparecerían a partir de 2015, en nuestra provincia unas 32 Oficina Municipales de Consumidor que atiende a más de 624.000 granadinos, 22 centros Municipales de la Mujer y su atención a la violencia de género, y los consorcios de transportes que atiende a más de 500.000 habitantes, además de tener que reformase 15 de las 18 mancomunidades al perder las competencias de desarrollo económico de formación y empleo, además de la competencias en temas de servicios sanitarios, educativos o de la Ley de Dependencia que pasaría a recaer en la Diputación. García ha apostado por un ayuntamiento, un gobierno cercano que conoce los problemas y a sus vecinos y especialmente en temas tan sensibles como son los servicios sociales”.







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