La Junta iniciará próximamente el pago de las primeras ayudas al alquiler de 2016

Felipe López se reunirá con el Defensor del Pueblo para informarle de la situación y de los avances para conferir mayor celeridad y agilidad al proceso

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Vivienda en alquiler | Foto: Archivo GD
E.P.
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La Consejería de Fomento y Vivienda tiene previsto iniciar próximamente el pago de las primera ayudas para el alquiler correspondientes a la convocatoria de 2016, una vez superado los últimos trámites de intervención y fiscalización. El proceso administrativo está ya en su fase final y en muchas provincias las solicitudes se encuentran en fiscalización a la espera de que puedan remitirse a Tesorería y comenzar así a abonarse próximamente. Es el caso de las solicitudes de la provincia de Córdoba, que serán las primeras que empezarán a sufragarse en breve, puesto que se han enviado ya los primeros pagos a Tesorería.

Toda esta información, junto a las medidas y avances adoptados para conferir mayor celeridad y agilidad a la concesión de estas ayudas, será trasladada con detalle por parte del consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, en una reunión que mantendrá próximamente a iniciativa de la Consejería para abordar la situación y evolución de la tramitación de estas ayudas.

La Consejería sostiene que la gran cantidad de solicitantes, que ha excedido a las previsiones iniciales, está provocando cierto retraso en su gestión debido al examen que se está realizando de las mismas en cada una de las delegaciones territoriales de Fomento y Vivienda. La Junta ha subrayado la gran complejidad que entraña la tramitación de estas ayudas, no sólo por el citado alto volumen de demandantes, sino también por la exigencia impuesta por el Estado para que se resuelven en concurrencia competitiva, lo que dilata el proceso para la evaluación y valoración de las mismas.

Desde la Administración autonómica se viene insistiendo en los últimos años al Ministerio de Fomento para que modifique esta exigencia con el objetivo de que puedan ser gestionadas en concurrencia no competitiva y conferir de esta forma la mayor agilidad a la tramitación de estas ayudas. Además, desde la Junta se ha propuesto al Estado que las ayudas sean concedidas por un plazo temporal mayor, en concreto de tres años, y ampliar así sus beneficios sin necesidad de tener que realizar convocatorias de ayudas anuales, reduciendo así sus tiempos de gestión y tramitación. De hecho, estas propuestas de mejora planteadas por Andalucía han sido tenidas en cuenta por el Ministerio e incluidas inicialmente en el borrador del futuro Plan Estatal de Vivienda, según el departamento que dirige Felipe López.

Con todo, La Junta está realizando un gran esfuerzo por dar la mayor celeridad al proceso de tramitación que ha registrado una mejora con respecto al pasado año y, en este sentido, las ayudas de 2016 registran un avance temporal de unos 4 meses con respecto a las gestionadas en la convocatoria de 2015. Además, la Junta está tramitando al mismo tiempo la convocatoria de ayudas de este año 2017, con una dotación similar de 16 millones y cuyo plazo de solicitudes se cerró el pasado agosto con cerca de 30.000 peticiones presentadas. A dicha gestión se le está imprimiendo también la máxima agilidad con el objetivo de avanzar en los plazos de tramitación para adelantar todo lo posible su abono final.

MÁS DE 13.700 BENEFICIARIOS PARA 16,3 MILLONES EN AYUDAS

Estas ayudas económicas al alquiler han tenido una gran acogida y han sido solicitadas por 18.826 personas, de las que 13.798 cumplen todos los requisitos y serán finalmente las beneficiarias. Las ayudas cuentan con una dotación de 15 millones de euros y está dirigida a aquellas personas con ingresos limitados, una cuantía que ha sido complementada con 1,3 millones por parte de la Junta para atender también a las familias más vulnerables y cubrir así hasta el 80% del gasto del alquiler que tienen que asumir dichas familias. Según la Consejería, el hecho de concurrir dos fuentes financieras dificulta aún más la gestión de estos trámites. La ayuda media ronda los 1.200 euros y alcanza los 2.000 para las familias más vulnerables.







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