La Junta firma un convenio marco con la Universidad de Granada para facilitar la práctica de sus alumnos en centros de menores

La Junta de Andalucía y la Universidad de Granada colaboran para facilitar la realización de prácticas académicas y profesionales a los estudiantes de disciplinas del ámbito social, psicológico y educativo en esta institución, en los 22 centros y servicios de protección de menores existentes en la provincia.

Así, el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Granada, Higinio Almagro, y la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Granada, Rosa María García, han firmado un convenio marco con el objetivo de agilizar la tramitación administrativa del programa de prácticas académicas en centros de protección de menores.

“De esta manera”, ha dicho Almagro, “se integran las prácticas de las diferentes titulaciones del ámbito social, psicológico y educativo a medida que las facultades lo vayan solicitando, sin necesidad de firmar convenios específicos para cada una de ellas”. En la actualidad, el perfil de los menores acogidos en los centros tutelados por la Junta es el de un joven de entre 15 y 17 años, “por ello, estamos haciendo un especial hincapié en programas dirigidos a facilitar su inserción laboral”, ha subrayado el delegado.

En los últimos cinco años han realizado prácticas académicas y profesionales en los centros y servicios de protección de menores un total de 241 estudiantes de titulaciones del ámbito social, psicológico y educativo como Trabajo Social, Ciencias de la Educación, Psicología o Derecho.

De esta manera, según la vicerrectora de Estudiantes, “el alumnado completa su formación teórica con la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en los distintos centros, donde conocen la organización y funcionamiento de éstos”.

El convenio contempla la creación de una comisión de seguimiento que incide en la obligatoriedad de que sus miembros se reúnan al menos dos veces al año y que sea este convenio, que nace con un vigencia de un año y renovación automática, “instrumento regulador de las prácticas que se desarrollen durante el presente curso académico mientras las dos partes así lo consideren y no medie denuncia por ninguna de ellas”, ha informado el delegado del área.

Para la tutela de los alumnos se ha designado a profesionales de las distintas áreas para que desarrollen el tutelaje de las prácticas, que en todo momento ejercen una labor de seguimiento, asesoramiento y evaluación en base a los objetivos competenciales que de ellos se espera para esta actividad formativa.