Miércoles, 12 de Diciembre de 2018

            

La Junta destaca los “esfuerzos” para facilitar “vivienda digna” a familia víctima de violencia machista

El consejero de Fomento y Vivienda ha recordado que esta familia tenía una vivienda social adjudicada en el año 2011, y que en 2014 planteó una "petición de traslado", que fue valorada

Imagen ilustrativa | Archivo GD
EP


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El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha defendido este miércoles los “notables esfuerzos” que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía está realizando para facilitar una “vivienda digna” del parque público a una madre de Granada víctima de violencia de género y su hijo discapacitado, amenazado y agredido por ser homosexual.

En respuesta a una pregunta oral sobre este caso formulada por la parlamentaria de IU María del Carmen Pérez en el Parlamento, el consejero ha señalado que AVRA “se ocupa del tema” y ha recordado que esta familia tenía una vivienda social adjudicada en el año 2011, y que en 2014 planteó una “petición de traslado”, que fue valorada y evaluada por los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

La Administración autonómica ha de cuidar en estos casos que la respuesta a la demanda que se plantea respete “el orden de prelación” que hay estipulado en el registro de demandantes de vivienda social, y, partiendo de esta base, se encontró “una solución” que se tradujo en una nueva vivienda en 2016 para esta familia, que “aceptó”.

Posteriormente, ha habido una nueva petición, la cual ha ido acompañada de una queja al Defensor del Pueblo, que fue archivada, y una demanda en la vía contencioso-administrativa, sobre la cual “hay también una desestimación por parte del tribunal con fecha de 15 de noviembre”, ha especificado Felipe López, quien ha reiterado que se va a seguir trabajando para dar “respuesta” a la demanda de la familia, así como “acomodo a sus legítimas expectativas”, aunque “siempre respetando el principio de legalidad”.

López ha recordado que, en virtud del plan de gestión del parque público de Andalucía, las viviendas sociales están siendo “verificadas al menos una vez al año”, lo cual ha permitido que, en Granada, haya 62 viviendas en procedimiento de “recuperación” tras situaciones de ocupación ilegal o mal uso. De ellas, 26 han sido entregadas “ya voluntariamente”.

La parlamentaria y coordinadora provincial de IU, María del Carmen Pérez, ha llamado la atención en su intervención acerca de que esta familia vive “a cien metros de su maltratador”, y ha afeado a la Junta su “voluntad nula de hacer un control sobre las viviendas del parque público”, así como el hecho de que no haya cumplido, en su opinión, con su “obligación de ofrecerles otra vivienda”.

Pérez ha señalado que “esta familia ha expuesto en reiteradas denuncias que habita en una vivienda precaria que no tiene, entre otros, una instalación eléctrica que cumpla con los requisitos mínimos de seguridad”.

También ha hecho hincapié en que “esta familia solicita un nuevo piso ante las amenazas que reciben a diario”, y ha reiterado que “es necesario que existan una políticas públicas y un parque de vivienda público que pueda garantizar que se cumpla el derecho a la vivienda”.

 


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