Viernes, 21 Julio, 2017

            

La Junta de Andalucía imparte formación especializada en violencia de género a 60 fiscales y forenses

Sánchez Rubio y De Llera recuerdan que la reforma de la normativa andaluza garantizará la obligatoriedad de la formación en la carrera judicial

FOTO: GABINETE
Gabinete


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Un total de 60 profesionales, 30 fiscales y 30 forenses, recibirán formación especializada en materia de violencia de género gracias al curso que han inaugurado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, y el de Justicia e Interior, Emilio de Llera, y que se enmarca en el convenio de colaboración que mantiene la Junta con la Fiscalía General del Estado. La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Violencia de Género del Gobierno andaluz, ha permitido llegar hasta ahora a un total de 100 fiscales.

La consejera de Igualdad ha destacado la importancia de iniciativas como ésta para lograr “la máxima comprensión de este problema social” por parte del ámbito judicial, ya que dicha concienciación redundará en una mejora de la atención a las víctimas y un refuerzo de la confianza de las mismas en las instituciones.

Sánchez Rubio ha resaltado la necesidad de reforzar la sensibilización y la formación en la materia de todas las personas profesionales que atienden a las víctimas, desde los centros de salud hasta la policía local y cuerpos de seguridad, si bien se ha puesto el acento en el ámbito judicial, en el que se ha apostado por una formación integral, que abarque no sólo la cualificación jurídica, sino también psicológica y social, con el fin de conocer mejor la violencia de género, sus peculiaridades, sus consecuencias y la manera más adecuada de actuar. En este sentido, la consejera ha recordado que la reforma de las leyes andaluzas de igualdad y de violencia de género contemplan la formación transversal en igualdad de género en todas las carreras profesionales, así como la especialización obligatoria en violencia de género en la carrera judicial, si bien ha reclamado que esta apuesta sea extensible a todo el ámbito nacional, tal y como plantea la propuesta andaluza de Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La consejera ha insistido también en la “comunicación interinstitucional” como mejor herramienta para impulsar al máximo el funcionamiento de los instrumentos de coordinación y potenciar la atención integral a las víctimas. En este sentido, ha subrayado como ejemplo el Punto de Coordinación de la Junta de Andalucía, único canal telemático de notificación de las resoluciones judiciales a todos los organismos que intervienen en el proceso de atención a las mujeres víctimas y menores a su cargo (Instituto Andaluz de la Mujer, Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía, Guardia Civil, …).

MÁS DEL 30% DE BENEFICIARIAS DEL SAVA

Por su parte, el consejero de Justicia e Interior ha resaltado la labor que se lleva a cabo desde su departamento para luchar contra este tipo de maltrato, entre la que se encuentra el Servicio de Atención a Víctimas en Andalucía (SAVA) que en 2016 atendió a 3.471 víctimas de violencia de género, más del 30% de las personas que recurrieron a esta prestación gratuita ubicada en las dependencias judiciales andaluzas.

Además, el consejero ha destacado que Andalucía cuenta con el Turno de Oficio Especializado en Violencia de Género, cubierto por más de 4.000 abogados, que permite que cada mujer sea atendida por un mismo y único letrado y representada por un sólo procurador durante todo el proceso, y que estén informadas de los procedimientos judiciales, trámites, plazos y consecuencias que se puedan derivar de ellos.

Igualmente, Andalucía dispone de Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, ubicadas en todos los institutos de Medicina Legal, que reconocieron durante 2016 a un total de 3.638 personas, entre denunciados y víctimas de malos tratos, para evaluar el daño causado, ha señalado De Llera. Y también cuenta con 75 juzgados con competencias compartidas en violencia de género, 18 de ellos exclusivos en este ámbito, además de otros cinco juzgados de lo penal especializados en la materia.

En su intervención, el titular de Justicia e Interior ha abogado por un cambio legislativo que deposite la responsabilidad de la investigación judicial en la fiscalía para acelerar la instrucción de delitos como los de violencia de género.

A juicio del consejero, cada vez es más necesario llevar a cabo una profunda reforma de la justicia, mediante un gran pacto que permita poner en marcha nuevas formas de organización y otros procedimientos en los que la fiscalía desempeñe un papel fundamental.

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