Martes, 30 Mayo, 2017

La Junta apela a la “solidaridad” para fomentar la inclusión social

Más de 160.000 personas se beneficiarán de las medidas extraordinarias de la Junta para luchar contra la exclusión



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La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha apelado este jueves a la “solidaridad” y colaboración de todas las administraciones y empresas andaluzas para fomentar la inclusión social en la comunidad y luchar contra todos aquellos factores, principalmente el desempleo, que impiden que muchas familias salgan de la situación de vulnerabilidad en la que viven hoy día.

“Es absolutamente imprescindible”, ha sentenciado en el Pleno del Parlamento andaluz, donde ha explicado las medidas que conforman el nuevo decreto ley de inclusión a través del empleo y de medidas extraordinarias de solidaridad que aprobó el Consejo de Gobierno el pasado martes y con el que se pretende atender a más de 160.000 personas en riesgo de exclusión con una dotación de 64 millones de euros, ocho millones más de lo presupuestado el pasado año en el decreto contra la exclusión.

La consejera ha hecho hincapié en que esta nueva norma “apuesta por resolver los problemas de las personas en riesgo de exclusión con medidas para el empleo y la solidaridad, con el objetivo de que nadie se quede en la cuneta”, ya que el objetivo de la Junta no es otro, según ha dicho, que el de “trabajar por una sociedad con más justicia social y bienestar social”.

“No reconocer la realidad que tenemos enfrente es una torpeza y es mentirnos a nosotros mismos. Hay gente que no es que no llegue al día 20, sino que no llega al día 1 de cada mes. Eso es una realidad y no afrontarla no significa que no exista. Por eso vamos a intentar transformar la realidad para que esas circunstancias no vuelvan a acurrir”, ha argumentado al respecto.

Ante ello, ha remarcado que el empleo es el principal elemento de inclusión, por lo que la Junta va a destinar 158 millones de euros a este objetivo a través del Plan de Inclusión a través del Empleo –uno de los tres pilares en los que se basa este decreto ley–, así como a través de otras iniciativas que ya viene impulsando el Gobierno andaluz como es el Ingreso Mínimo de Solidaridad –más conocido como salario social–, el programa de inserción sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión o las Ayudas Económicas Familiares.

Sobre el nuevo Plan de Inclusión a través del Empleo, Sánchez Rubio ha detallado que cuenta con un presupuesto de 42 millones y recoge un Programa Extraordinario de Ayudas a la Contratación a través de los ayuntamientos, que recibirán las ayudas en relación al número de personas desempleadas del municipio. A esta iniciativa, que tiene previsto más de 25.000 contratos con una duración de entre 15 días y tres meses, tendrán acceso además las personas sujetas a regímenes especiales de la Seguridad Social.

Además, se fomentará que las personas perceptoras del salario social se reincorporen al mercado laboral porque, como ha insistido Sánchez Rubio, “las personas no quieren ayudas, quieren un puesto de trabajo”. De ahí, que haya apelado a la “solidaridad” de las empresas de economía social para ayudar a este tipo de inserción laboral, que tendrá un periodo máximo de seis meses a jornada completa con sueldo acorde a convenio. Además, a las empresas se les concederá hasta 2.500 euros de subvención por trabajador.

PROGRAMA DE GARANTÍA ALIMENTARIA

Otro de los pilares del decreto es el Plan Extraordinario de Solidaridad de Andalucía, que cuenta con un presupuesto de 11 millones, incluye un Programa de Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia Social, y la ampliación de las ayudas económicas familiares, que aumentan en 4,5 millones su presupuesto.

Respecto al primero, Sánchez Rubio ha recalcado que se trata de nuevas prestaciones a gestionar por los ayuntamientos y destinadas a familias más vulnerables para sufragar suministros básicos (agua y luz); el equipamiento esencial de vivienda, como muebles o reparaciones; necesidades urgentes de alimentación y vestido, o el pago del alquiler. Las entidades locales se repartirán los 6,5 millones de presupuesto también en función del número de desempleados del municipio, recibiendo entre 3.900 y 52.000 euros.

Asimismo, este decreto ley destinará otros once millones en 2014 al Plan Extraordinario de Garantía Alimentaria, una iniciativa que garantiza a los colectivos menores y personas mayores más vulnerables el acceso a la alimentación. Este año serán más de 20.000 escolares los que reciban tres comidas diarias en los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria. Además, durante el periodo vacacional volverán a funcionar las escuelas de verano. También los los mayores andaluces se beneficiarán del refuerzo del Programa Bonificado del Servicio de Comedor de los Centros de Participación Activa –con una previsión de 120.000 comidas diarias para más de 3.500 usuarios–, y del catering a domicilio.

Como novedad, está prevista la creación de un Banco de Prácticas Innovadoras que permita compartir experiencias. El Decreto Ley incluye fórmulas de seguimiento y evaluación del impacto de la crisis en la población andaluza y de sus propias medidas.

Todo ello, en palabras de Sánchez Rubio, para ayudar a paliar los “graves riesgos de exclusión” a los que se enfrentan hoy día “muchas personas que nunca habían tenido que recurrir a los servicios sociales” y que necesitan ayuda de las administraciones.

PP-A: “SE REPITEN LOS ERRORES DE 2013”

Frente a ello, la diputada del PP-A Ana Vanesa García ha lamentado que este nuevo decreto “repita los errores del pasado año” y tenga, según ha criticado, “menos dotación económica, 64 millones frente a 76 en 2013”. En ese sentido, ha advertido de que “si entonces no se resolvieron las graves situaciones de familias andaluzas, hay que pensar que en este año menos”.

Para García, se necesitan medidas “duraderas, profundas, planificadas y dotadas de presupuestos suficientes y no medidas de tres meses y con dotaciones precarias”. Así, ha indicado que la Junta ha retrasado la aprobación de este decreto de inclusión para “ahorrarse” dinero y ha criticado que se “sobrecargue de trabajo” a los ayuntamientos, sin que se les dote de refuerzos.

Por su parte, la diputada del PSOE-A Soledad Cabezón ha manifestado que, “sin duda, hay que mejorar y ser más efectivos en la lucha contra la exclusión social” pero que precisamente es lo que “permite” este nuevo decreto ley, que supone “un importante paso adelante”. De ahí, que haya hecho un llamamiento al consenso entre los tres grupos parlamentarios para la puesta en marcha de estas medidas.

“No cerremos los ojos y digamos este año a los ciudadanos que estamos juntos y que queremos luchar de forma conjunta”, ha pedido Cabezón, para quien el Gobierno andaluz está “siendo valiente mirando a los ojos a la gente”.

De su lado, el diputado de IULV-CA Manuel Baena ha manifestado que con una tasa de paro de más del 30 por ciento en Andalucía, lo que significa que uno de cada tres andaluces está desempleado, la situación de emergencia social “es evidente”. Ha indicado que todos los esfuerzos que se hagan desde las administraciones para paliar esa situación serán bienvenidos, apuntando que la prioridad debe ser la creación de empleo.

A su juicio, también fundamental una renta básica en Andalucía que garantice a todos los ciudadanos sin ingresos la posibilidad de contar con un ingreso que les asegure la supervivencia.

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