La juez Núñez imputa al exdelegado de Empleo en Granada Luis Manuel Rubiales

La juez María Núñez Bolaños ha citado de nuevo a declarar como imputado al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández dentro de la investigación por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, y en concreto en relación a la huelga de la limpieza pública de Granada del año 2004.

En un auto dictado el 21 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada cita a declarar el próximo día 19 de enero, a partir de las 12,30 horas, al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, atendiendo de este modo la petición realizada a tal efecto por la Fiscalía Anticorrupción.

El Ministerio Público pidió a la juez que lo citara nuevamente a declarar "al objeto de avanzar en la comprobación de los hechos y determinación de la participación en los mismos", algo a lo que la magistrada accede "por su presunto conocimiento en los hechos imputados".

Asimismo, la juez imputa al exdelegado de Empleo en Granada Luis Manuel Rubiales, ya que, ocupando dicho cargo, "participó" en las negociaciones que pusieron fin al conflicto laboral en los años 2005 y 2006, "así como en la forma en la que se materializaron los pagos" por la Dirección General de Trabajo.

TESTIGOS E IMPUTADOS

Además, la instructora imputa a Javier Llansó Benito, vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip) desde el 25 de enero de 2006 conforme a la certificación emitida por la secretaria de la asociación, figurando como asistente a tres reuniones por la mercantil Cespa, sociedad que "de forma presuntamente delictiva recibió como beneficiaria de pólizas de seguros fondos de la Junta en compensación de pagos de subidas salariales de sus trabajadores" en la provincia granadina.

La juez también ha citado a declarar a ambos el próximo día 19 de enero, mientras que el día 21 de enero ha citado a dos testigos, según el auto consultado por Europa Press.

De igual modo, ha aceptado la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y ha librado oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que, dentro de la investigación que se le tiene encomendada, "amplíe su contenido a la búsqueda de publicaciones, noticias y cualquier otro hecho publicado en medios de comunicación que permitan determinar qué personas y entidades participaron o tuvieron conocimiento de la resolución de los conflictos sociolaborales mediante el pago de cantidades por la Junta mediante los programas 22E y 31L".

INFORMES DE LA CÁMARA DE CUENTAS

En el mismo auto, la juez da cuenta de que la Cámara de Cuentas de Andalucía ha remitido una serie de informes "en los que se hace referencia al uso por la entidad fiscalizada de las transferencias de financiación o de capital", entre los que destacan los relativos a la fiscalización de regularidad de la empresa pública Extenda (2005), del grupo de empresas Sandetel, Sadesi y Citandalucía (2007) o del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (2007).

Otros informes son los relativos a la fiscalización de regularidad de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales (2004), la Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil (2003), la Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía (2001), o la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (2000), y la fiscalización de las Fuentes de Financiación y de la Gestión de Recursos Humanos de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (2011).

"Siendo relevante para la presente instrucción", la juez acuerda dar traslado de todos estos informes a la Intervención General del Estado "al objeto de, una vez sean examinados, manifiesten si inciden en sus conclusiones así como cualquier otro aspecto que por su interés consideren significativo reseñar, ampliar o aclarar".