Domingo, 22 Octubre, 2017

            

La juez Núñez cita como testigo al actual director general de IDEA en la causa de los avales

La magistrada cita también a declarar como testigos al secretario general de IDEA, Ildefonso Pacheco, y al también responsable de la agencia Manuel Cano Ruiz-Granados

Imagen de Antonio González Marín en su despacho | Fuente: www.diariosur.es
E.P.


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La juez María Núñez Bolaños ha citado a declarar como testigo el próximo día 26 de abril al actual director general de la agencia IDEA, Antonio González Marín, dentro de la causa donde investiga las presuntas irregularidades en la concesión de préstamos y avales por parte de esta agencia.

En una providencia fechada el pasado día 8 de abril, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada cita también a declarar como testigos el mismo día 26 de abril al secretario general de IDEA, Ildefonso Pacheco, y al también responsable de la agencia IDEA Manuel Cano Ruiz-Granados.

En la misma providencia, la instructora requiere a la agencia IDEA para que, en el plazo de diez días, remita al Juzgado, “y para el supuesto que conste la existencia de las mismas”, resolución o resoluciones dictadas “por el Tribunal de Cuentas de Andalucía” y que “guarden relación directa con los hechos objeto de investigación” de la causa.

Asimismo, la magistrada realiza el ofrecimiento de acciones previsto en la Ley, en calidad de posibles perjudicados, a los representantes legales de la Junta de Andalucía y de la agencia IDEA, “debiendo, en su caso, acreditar tal condición”.

Cabe recordar que, en un auto dictado el 5 de abril, la magistrada rechazó un recurso que había presentado el PP contra su decisión de no incorporar a esta causa el informe de fiscalización sobre IDEA realizado por la Cámara de Cuentas, recordando al PP que su Juzgado “no es un Juzgado Contencioso Administrativo ni un órgano de fiscalización” donde se puedan analizar decisiones administrativas.

La juez señala que el informe de la Cámara de Cuentas “pone de relevancia la existencia de irregularidades administrativas o procedimientos que ni tan siquiera son considerados ilegales, sino inadecuados, y que, en consideración de la Cámara de Cuentas, podrían dar lugar a responsabilidades contables”.

A su juicio, “la revelación de dichos datos en sí mismos considerados no constituyen un ilícito penal”, añadiendo que “la apertura de una investigación basada en tales datos sin más indicios podría estimarse contraria no sólo al principio de intervención mínima sino además al principio de legalidad que rige en derecho penal”.

“Abrir una causa penal para investigar las irregularidades que se aprecien en cada uno de los informes de la Cámara de Cuentas resulta a todas luces contrario a los principios esenciales del Derecho Penal”, de manera que “no es objeto de investigación en las presentes actuaciones la irregularidad detectada sino en la medida que pueda ser el instrumento medio utilizado para cometer un ilícito penal”.

Además, dice que el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas se encuentra publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 18 de febrero de 2016, por lo que “resulta de general conocimiento y por lo que su no incorporación a la causa en el momento actual no genera indefensión a las partes personadas en las presentes diligencias previas”.

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