Miércoles, 18 Octubre, 2017

            

La Guardia Civil registra la sede de UGT de Andalucía

El registro se ha iniciado sobre las 10,30 horas en la sede del sindicato ubicada en la calle Antonio Salado de la capital hispalense, que permanece cortada.

E.P


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Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han desplazado a primera hora de este jueves a la sede central del sindicato UGT Andalucía para realizar un registro por orden de la juez Mercedes Alaya en el marco de la investigación sobre el uso de fondos de formación, han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

El registro se ha iniciado sobre las 10,30 horas en la sede del sindicato ubicada en la calle Antonio Salado de la capital hispalense, que permanece cortada. Según las mismas fuentes, los agentes están solicitando documentación en papel y soporte digital sobre la contabilidad y las facturas del sindicato referentes a los fondos de formación.

Fuentes sindicales han informado a Europa Press de que los agentes de la UCO se encuentran reunidos en la sede con miembros de la Ejecutiva de UGT-A, entre los que no figura el secretario de Organización, Manuel Ferrer, responsable del sindicato desde la dimisión de Francisco Fernández Sevilla, que se encuentra de viaje.

La juez Mercedes Alaya asumió a principios de octubre la causa sobre las presuntas facturas falsas del sindicato UGT-A dada su conexión con ciertos aspectos de la investigación del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía.

La causa partió de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias donde ponía en conocimiento de la Justicia que UGT-A falseó supuestamente facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general de 29 de septiembre de 2010 con fondos públicos concedidos por la Junta para la formación de desempleados.

Esta denuncia de Manos Limpias guarda relación con las diligencias incoadas por Alaya, declaradas secretas y derivadas de la denominada operación ‘Heracles’ desarrollada el pasado mes de marzo por la Guardia Civil y en la que se investigó el supuesto cobro de ‘sobrecomisiones’ por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.

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