La Diputación forma a técnicos municipales para canalizar las reclamaciones de los consumidores

La diputada delegada de Centros Sociales, Nuevas Tecnologías y Consumo, Rosa Fuentes, ha participado en el curso organizado por el servicio de Formación de Función Pública de la Diputación, para que técnicos municipales de la provincia conozcan las nociones básicas sobre Consumo que les permitan ayudar a aquellos convecinos que se dirijan a los ayuntamientos con cualquier duda o reclamación acerca de algún servicio o producto.

El objetivo de este curso es “informar y formar a funcionarios de la administración local de toda la provincia sobre las tramitaciones y resoluciones de reclamaciones de Consumo”, ha explicado la diputada Rosa Fuentes que ha añadido que estos alumnos se adentran también en la mediación y el arbitraje como formas extrajudiciales, cada vez más usadas, de resolución de conflictos entre empresas y consumidores.

Estos técnicos son “los funcionarios que más en contacto están con los ciudadanos” y por ello es más importante, en opinión de Rosa Fuentes, que “sean capaces de dar una respuesta en primera instancia cuando cualquier ciudadano se dirija a la administración más cercana, el Ayuntamiento” para desde allí dirigirlo a la oficina de Consumo u organización de consumidores de la comarca “donde puedan ampliar la información”.

Tramitaciones de reclamaciones, gestión de quejas por problemas entre comercios o suministradores y clientes, u organigrama y competencias de las juntas arbitrales de Consumo en la provincia son puntos que estos días han sido abordados en la Diputación de Granada en el marco de este curso que ha contado con expertos como el presidente de la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía, Daniel Escalona, o la jefa de Consumo en la provincia de Granada, Alicia Núñez, así como miembros de asociaciones de juristas especializados en esta materia.

Ellos han sido los responsables de dar tanto nociones del funcionamiento de la Junta Arbitral de Consumo en el ámbito provincial o autonómico como el potencial de la mediación como sistema que evita ir a los tribunales avalado por profesionales del Derecho.