La Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha acogido un nuevo pleno del Consejo Provincial de Consumo

La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada ha acogido hoy un nuevo pleno del Consejo Provincial de Consumo, un órgano de participación ciudadana puesto en marcha en 1987, con el objetivo de ayudar a la defensa de los derechos de las personas consumidoras, a través de la mediación y la concertación en materia de consumo.

El delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Granada, Higinio Almagro, ha presidido este encuentro en el que ha destacado la mediación como formula para satisfacer las necesidades de las partes en disputa, “regulando el proceso de comunicación y conduciéndolo por medio de unos sencillos pasos en los que, si las partes colaboran, es posible llegar a una solución en la que todos ganen o, al menos, queden satisfechos, dando lugar a una solución extrajudicial económica y rápida”.

El orden del día del pleno ha contemplado la aprobación de la Memoria del Consejo Provincial de Consumo relativo a 2015, las actuaciones realizadas en el Servicio de Consumo en relación con los consumidores y las empresas y las campañas informativas e inspectoras desarrolladas.

El Consejo Provincial de Consumo está conformado por nueve miembros, tres representantes de las organizaciones de consumidores y usuarios con mayor representatividad en la provincia, integradas además en algunas de las organizaciones que sean miembros del Consejo Andaluz de Consumo; tres representantes designados por las organizaciones empresariales de la provincia, que formen parte de la organización empresarial de mayor representatividad en Andalucía y tres en representación de las Administraciones públicas.

Entre sus principales funciones se encuentran solicitar de los órganos, entidades o personas competentes los informes que se estimen necesarios para la solución de las cuestiones sometidas a su consideración y estudio o actuar como órgano de mediación a fin de instar el acuerdo entre las partes en los conflictos que puedan producirse.

Almagro ha recordado que el Servicio de Consumo, dependiente de la Consejería de Salud, a través de la Dirección General de Consumo, ha realizado un total de 5.125 inspecciones en 3.520 establecimientos públicos en defensa de los derechos de las personas consumidoras, a lo largo del año 2015.

De la labor de inspección desarrollada cabe destacar que de las 5.125 actas de inspección, han resultado positivas 673, es decir, que han detectado algún tipo de irregularidad o incumplimiento de la normativa, lo que supone un porcentaje del 13% del total. Como resultado de estas inspecciones se han abierto casi 330 expedientes sancionadores por un montante total de 232.200 euros.

En materia de reclamaciones, de acuerdo con los datos existentes, durante el año 2015 se han registrado un total de 2.756 reclamaciones, de las que 636, un 23%, corresponden a servicios esenciales, tales como Agua (313), Electricidad (254) y Gas (69) muy por delante de las 444 de los productos industriales y las 84 relacionadas con establecimientos minoristas. Una vez más, los sectores más reclamados son los servicios de comunicaciones (100 reclamaciones).

Las principales causas que han originado estas reclamaciones son por desatención a las personas consumidoras, por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la garantía, irregularidades en la calidad de los servicios o errores de facturación, sobre todo en el caso de las telecomunicaciones (también es frecuente encontrar disconformidad con los consumos facturados de los suministros del hogar).