Domingo, 16 de Diciembre de 2018

            

La capital aprueba en pleno crear comisión de investigación sobre la gestión de documentación del caso Nazarí

La medida parte de una moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos y ha salido adelante por unanimidad de todos los grupos

E.P.


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El Ayuntamiento de Granada ha aprobado este viernes en pleno la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de la documentación solicitada a requerimiento del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que investiga el llamado ‘caso Nazarí’, con el objetivo de aclarar posibles “deficiencias” y depurarlas.

La medida parte de una moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos y ha salido adelante por unanimidad de todos los grupos. En la iniciativa, consultada por Europa Press, se propone tanto la creación de esta comisión de investigación como la convocatoria “con carácter urgente” de una Junta de Portavoces para constituirla y aprobar un plan de trabajo.

Respecto a esto último se alude a la “petición de documentación” y a la comparecencias de personas, tanto del ayuntamiento como externas, que se consideren “adecuadas” para informar sobre la materia.

La moción agrega que esta comisión quedará “sin efectos automáticamente toda vez se haya logrado su finalidad”; es decir, cuando el dictamen que recoja las conclusiones se lleve al plenario para su debate y aprobación.

En la exposición de motivos se indica que durante la instrucción se ha requerido al Ayuntamiento para que aporte documentación “necesaria para argumentar las acusaciones que pesan en la Operación Nazarí’, sin embargo –agrega– “el mismo juzgado ha reclamado en varias ocasiones dicha documentación con importantes demoras” y, “en último extremo”, con la pérdida de documentación.

Se relata que el ‘caso Nazarí’ supuso un “duro golpe” para Granada, “donde la presunta trama de corrupción afecta a un amplio número de personas públicas” –conllevó la detención y posterior dimisión del anterior alcalde José Torres Hurtado (PP)– y sobre lo que hay abierto un procedimiento penal.

La iniciativa expone la necesidad de colaborar “aportando toda aquella documentación necesaria para poder probar y argumentar en base a una garantía jurídica unos hechos que presuntamente son delictivos”.

 


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