Jueves, 19 Octubre, 2017

            

La Cámara de Cuentas remite a Fiscalía un informe sobre Visogsa por indicios de posible responsabilidad penal

Fuentes del ente fiscalizador han precisado que será la Fiscalía la que deberá valorar si existe algún tipo de responsabilidad

Foto: ARCHIVO GD
E.P.


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La Cámara de Cuentas de Andalucía ha remitido a la Fiscalía Superior de Andalucía una serie de datos relacionados con un informe de fiscalización que está elaborando sobre la Empresa Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Granada (Visogsa), al detectar indicios de posibles responsabilidades penales durante la etapa de gobierno del PP en la Diputación Provincial, que entonces presidía Sebastián Pérez.

Según han indicado a Europa Press fuentes del ente fiscalizador, el Pleno de la Cámara de Cuentas acordó por unanimidad en la última sesión celebrada el envío a la Fiscalía de documentación relacionada con un informe que se está elaborando al detectar indicios de posibles responsabilidades penales. Han recordado que con esa remisión al Ministerio Público, que ha avanzado la ‘Cadena Ser’, se cumple lo que establece el manual de procedimientos de la Cámara.

Las fuentes han precisado que será la Fiscalía la que deberá valorar si existe algún tipo de responsabilidad. En este caso se trata de un informe de fiscalización de Visogsa, que no tiene carácter definitivo.

Las supuestas irregularidades detectadas en Visogsa ya están judicializadas pues el pasado mes de marzo la propia Fiscalía Superior de Andalucía pidió al juez decano de Granada que se abriera una investigación contra dos exgerentes de la empresa durante la etapa del PP en la Diputación de Granada por posibles contrataciones irregulares, lo que podría enmarcarse en un delito continuado de prevaricación.

La decisión del Ministerio Público se producía después de que el pasado mes de diciembre el grupo de Vamos Granada en la institución provincial presentara una denuncia por la contratación por parte de Visogsa, entre 2011 y 2013, de cuatro personas con contratos temporales, dos de ellas en la categoría de administrativo, una como auxiliar administrativo y un cuarto como arquitecto técnico.

La formación, que tiene como representante en la Diputación a Luis de Haro-Rossi, sostenía que los contratos se realizaron “sin atender a los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad” que son de obligado cumplimiento, y que se formalizaron a través de “una resolución de autoridad –presidente de Diputación–“, “vulnerando de forma patente y clara las normas que regulan el acceso al empleo público”.

Según De Haro-Rossi, al menos dos de las personas contratadas, una administrativa y una auxiliar, “no prestaron sus servicios en Visogsa como sería preceptivo” sino en el área de Protocolo, en el primer caso, y “como secretaria del entonces vicepresidente de la institución provincial, José Antonio Robles”, en el segundo.

Las dos trabajadoras, según Vamos Granada, se incorporaron a sus puestos de trabajo en Visogsa en julio de 2015, “cuando ya había perdido el PP el gobierno de Diputación”. El otro administrativo entró en Visogsa con un contrato temporal y el arquitecto técnico con un contrato de arrendamiento de servicios, aunque los cuatro contratos “se tornaron indefinidos antes de abandonar el PP el gobierno de la institución provincial”, sostenía el diputado y consejero del Consejo de Administración de Visogsa.

El grupo de Vamos Granada en la Diputación entiende que los hechos relatados son constitutivos de un supuesto delito de prevaricación y solicitaba por ello a la Fiscalía Superior de Andalucía que abriera una investigación, interesando que se tomase declaración al expresidente de Diputación y del Consejo de Administración de Visogsa y actual presidente del PP de Granada y senador, Sebastián Pérez, y a José Antonio Robles; así como a José Ramón Jiménez Domínguez, anterior gerente de Visogsa.

Con posterioridad, la Fiscalía Superior remitió la denuncia al juez decano de Granada para que “se incoasen las diligencias previas que correspondiesen por la posible existencia de un delito continuado de prevaricación administrativa” y remitía su decreto a la Fiscalía General del Estado por si la investigación pudiera afectar a Sebastián Pérez, actual presidente del PP granadino y senador, por lo que tiene la condición de aforado.

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