La Presidencia de la Audiencia Nacional, que ocupa Ángel Juanes, defendió que el juez Baltasar Garzón, que ordenó el traslado a España de los dos presuntos piratas somalíes detenidos el 4 de octubre por el secuestro del atunero 'Alakrana', "desconocía que existiera intención de traslado de aquellos" a Kenia, por lo que procedió a legalizar su situación cuando fueron detenidos por la fragata 'Canarias'.

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Martes, 28 Marzo, 2017

La Audiencia defiende que Garzón “desconocía” la intención de entregar los piratas a Kenia



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La Presidencia de la Audiencia Nacional, que ocupa Ángel Juanes, defendió que el juez Baltasar Garzón, que ordenó el traslado a España de los dos presuntos piratas somalíes detenidos el 4 de octubre por el secuestro del atunero “Alakrana”, “desconocía que existiera intención de traslado de aquellos” a Kenia, por lo que procedió a legalizar su situación cuando fueron detenidos por la fragata “Canarias”.

Así consta en un comunicado de cinco puntos difundido por la Presidencia del tribunal que destaca que el juez Garzón, que abrió la causa judicial contra los dos somalíes al encontrarse de guardia, “se realizó en el marco de la más estricta legalidad” y “en respuesta a una denuncia presentada por la Abogacía del Estado, sin actuar de oficio”.

“El juzgado y el juez de guaerdia desconocían que existiera intención de traslado de aquéllos a un tercer país, procediendo a legalizar la situación de las dos personas privadas de libertad tras el abordaje del esquife por la Armada española, una vez que se conoció la misma, y, ello previa petición del Ministerio Fiscal”, señala el escrito.

La Presidencia, que emitió este comunicado “en relación con las informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación respecto de la actuación procesal en el asunto del pesquero español “Alakrana” del magistrado juez Baltasar Garzón”, añade que “ni el juez de guardia ni el juzgado instaron a organismo alguno para que las personas fueran trasladadas a España, sino que cumplió con la ley al ordenar su traslado para legalizar la situación de las mismas, una vez les constó su detención”.

RESPONSABILIDAD DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO

También defiende la actuación de Garzón al señalar que “ningún juez de la Audiencia Nacional ha reclamado para sí la competencia del caso, ni exigió que se presentara denuncia alguna”. “Una vez presentada la denuncia por la Abogacía del Estado, se resolvió sobre la competencia previo informe del Ministerio Fiscal”, apunta Juanes.

Como último punto, el escrito señala que “el juez en funciones de guardia tramitó la causa por los cauces de la legalidad y normalidad procesal requeridos ateniendo las circunstancias y, en concreto, la situación en la que se hallaban las personas secuestradas”.

Los dos presuntos piratas, Cabduwelly Cabdullahi, alias “Abdu Willy”, y Raageggesey Hassan Haji, alias “El Machote”, están imputados por 36 delitos de detención ilegal, asociación ilícita y robo con violencia y uso de armas. El juez continúa la instrucción contra ellos y se plantea llamar a declarar a los infantes de marina que procedieron a su detención.

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