La asamblea de trabajadores predoctorales de Granada denuncia un cambio de codificación de sus contratos

En un comunicado, la asamblea de trabajadores predoctorales de Granada ha denunciado el cambio de codificación a nivel nacional de todos los contratos predoctorales de contratos por obra y servicio a contratos en prácticas, a fecha 1 de septiembre de 2015 con carácter retroactivo y sin previo aviso.

“Esto supone un retroceso de derechos y condiciones laborales de nuestro colectivo tras los avances conseguidos en materia laboral para equiparar el contrato predoctoral al del resto de personal docente e investigador. Tanto la UGR como los centros del CSIC, han modificado la codificación de los contratos en el momento de firma de las prórrogas de los mismos sin informar del cambio a los trabajadores. A la par, la S.S. ha alterado los Informes de Vida Laboral de forma retroactiva, es decir, los/as trabajadores/as encuentran que sus vidas laborales han sido modificadas para reflejar un contrato en prácticas, cambiando las condiciones del contrato de forma unilateral”, explica la misiva difundida a los medios de comunicación.

Así las cosas, esta asamblea critica que “los cambios se han realizado de forma opaca e ilegal, sin informar a los afectados del cambio ni de las consecuencias”, y añade que “esta nueva codificación incumple la Ley de la Ciencia (14/2011) que rige los contratos predoctorales, y conlleva el aumento de la precariedad e inestabilidad de las y los contratados predoctorales”.
Además, el conjunto de afectados añade otras consecuencias a esta modificación. “A esto se añaden otras posibles consecuencias, como irregularidades laborales y contradicciones legales, no aclaradas hasta el momento. Entre ellas, la imposibilidad de extender un contrato en prácticas por más de dos años (cuando un contrato predoctoral estándar es de cuatro años), la inexistencia de indemnización por fin de contrato o la imposibilidad legal de contratar personal con experiencia previa en el mismo campo”.

El colectivo, “ante la ausencia de respuesta por parte de la administración, del CSIC y de la UGR”, ha hecho un llamamiento al resto de la comunidad investigadora y docente, sindicatos, colectivos sociales y ciudadanía para que se sume a la demanda. De este modo, exigen tres puntos: “la reversión de las irregularidades por parte de la Seguridad Social u organismo competente al código 401 que figura en los contratos firmados por las trabajadores; la creación de un contrato predoctoral que cumpla con la Ley de la Ciencia y “que evite situaciones precarias como la que actualmente sufre este colectivo” y, por último, el reconocimiento de la labor que se realiza durante el contrato predoctoral como un periodo laboral sin pérdida de derechos.