Lunes, 17 de Diciembre de 2018

            

La acusada de regentar un club de prostitutas dice que alquilaba habitaciones pero no “obligaba” a nada

La Fiscalía pide para ella 16 años de prisión por "lucrarse con la prostitución ajena"

Audiencia Provincial de Granada | Foto: Antonio L. Juárez
E.P.


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La acusada de 35 años a la que la Fiscalía pide 16 años de prisión por “lucrarse con la prostitución ajena” regentando una casa alquilada en Armilla, donde mujeres prestaban servicios sexuales supuestamente en situación de “semiesclavitud”, ha reconocido en la Audiencia de Granada que les realquilaba habitaciones pero “en ningún momento las obligaba a nada”.

En su declaración ante el tribunal que la juzga desde este lunes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, la acusada, de nacionalidad ecuatoriana, ha señalado que hacía alquileres verbales a 200 euros la semana, con gastos incluidos, a estas mujeres, dos venezolanas y dos dominicanas, que “imaginaba” que ejercían la prostitución como ella, si bien “no disponía nada” en lo referente a su actividad, ni tampoco las amenazó ni les retuvo el pasaporte.

La cocaína que se halló en la casa, por la que pagaba un alquiler de mil euros al mes desde principios de 2017, era para consumo propio, y no se ofrecía a los clientes, como tampoco copas, ha agregado esta mujer, que ha afirmado que es “mentira” que las chicas no pudieran salir de la casa sin su consentimiento.

Se ha sentado en el banquillo de los acusados junto con otros dos hombres, de nacionalidad dominicana, de 37 y 32 años. Tanto a ella como al primero de ellos, con el que ha dicho que mantenía relaciones íntimas “de vez en cuando”, la Fiscalía pide penas por 16 años de prisión por la presunta comisión de delitos contra la salud pública, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, e inmigración ilegal, estando ambos privados de libertad por estos hechos desde el 20 de febrero de 2018.

Este segundo acusado ha negado también los hechos de los que se le hace responsable, acotando que no controlaba a las chicas y que, como taxista, solo las trasladaba a los hoteles o pisos que le indicaban. Le pagaba por ello la acusada, ha indicado. “No soy tonto”, ha señalado al ser preguntado por la actividad que desarrollaban.

Ha concretado también que no conocía a una de las chicas, a la que fue a recoger junto con la acusada y otra de ellas al aeropuerto de Madrid, cuando llegó a España. No notó que estuviera “asustada” ni tuvo contacto con ningún cliente que le dijera que ejercía su actividad con miedo.

El tercer acusado se enfrenta a una pena de cuatro años y nueve meses de prisión por supuesto delito contra la salud pública. Ni esa joven a la que recogieron en Madrid ni ninguna de las otras tres mujeres que supuestamente ejercían la prostitución en la casa han comparecido en la primera sesión de la vista oral de este juicio, al que estaban citadas como testigos protegidas. Tras la declaración de los acusados, han testificado el grupo de agentes de Policía Nacional que desarrolló la investigación.

ACUSACIÓN PÚBLICA

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, la gerencia de la casa era ejercida supuestamente por los dos principales acusados, ocupándose ella fundamentalmente de la recepción de los clientes, cobro de las cantidades, manejo de los ingresos”, y “vigilancia del cumplimiento de las condiciones de trabajo”.

Él, al que la Fiscalía considera su pareja, se dedicaba principalmente a trasladar a las prostitutas en coche cuando tenían que realizar un servicio exterior, “vigilarlas”, así como “mantener el orden en la casa” y “trasladar el dinero proveniente de la prostitución y del tráfico de drogas a otro lugar cuando su cantidad era elevada”.

Las mujeres que ejercían la prostitución “estaban obligadas a ofrecer cocaína a sus clientes, quienes alrededor del 80 por ciento la consumían”, ha señalado el fiscal, que ha detallado que la chica a la que recogieron en Madrid fue avisada en su país de origen de parte de la acusada por “una oferta de trabajo como camarera en un restaurante de Granada”.

A principios de 2018, una vez en el piso, y en situación irregular en España, según el Ministerio Público, “la acusada le dijo que su verdadero cometido iba a ser el de trabajar como prostituta y que debía pagar la deuda que había contraído con ella por el viaje que, inopinadamente, subió de 720 euros por el pasaje de avión a 3.700 y, días después, a 4.700”.

“Las condiciones del ejercicio de la prostitución eran de semiesclavitud” teniendo que “dormir en la casa, estar disponible las 24 horas del día” toda la semana. También habría sido “obligada a fotografiarse en ropa interior y actitud provocativa para colgar su foto” en una web, ha detallado el fiscal.

Otra testigo protegida comenzó a ejercer la prostitución en esta casa a mediados de noviembre de 2017. También habría sido obligada a fotografiarse en ropa interior para anunciar el club en Internet, y a trabajar “sin derecho a ningún día libre”.

La acusada retenía el 60 por ciento de lo cobrado por sus servicios sexuales, siendo también “obligada a ofrecer cocaína a los clientes”.

A los dos principales acusados, además de la pena de prisión, la Fiscalía les pide pago de 5.820 euros de multa, mientras que al tercer acusado, que habría provisto de cocaína a los anteriores para su venta, 3.500 euros de sanción. La fiscal interesa el cumplimiento de las penas “sin posibilidad de sustitución por expulsión”.

Por su parte, la acusación particular que ejerce una de las supuestas víctimas, se adhiere a las conclusiones provisionales del Ministerio Público en este caso. Las defensas, que han solicitado sin éxito al inicio de la sesión que se suspendiera la vista por la ausencia de las testigos protegidas, piden la libre absolución.


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