Martes, 24 enero, 2017

Junta rechaza especular con el sitio del acelerador y prevé que la inversión sea menor a 350 millones

Podemos cifra en 60 millones la posible aportación de la Junta y critica la "falta de concreción financiera" y la incertidumbre política

Acelerador de partículas | Foto. Archivo GD
E.P.


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El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramirez de Arellano, ha rechazado “especular” con la ubicación concreta del acelerador de partículas que contempla el proyecto IFMIF-Dones, que se ubicaría en la provincia de Granada, aunque el lugar preciso de ubicación “aún no está definido” por el Gobierno central, tras lo que estima que la inversión para la construcción del acelerador sería de 350 millones de euros, aunque espera que la oferta española sea inferior a esa cantidad.

En una comparecencia en comisión parlamentaria, el consejero ha explicado este proyecto, donde España ha presentado candidatura para que Granada albergue el proyecto IFMIF-Dones, cuyo principal componente es el acelerador de partículas.

El IFMIF-Dones, una fase inicial de la futura Instalación Internacional de Materiales de Fusión (IFMIF), contempla un acelerador de partículas que servirá para investigar y desarrollar los materiales con los que se construirán futuros reactores de fusión, uno de los proyectos más ambiciosos de la UE en su búsqueda de una energía limpia, sostenible e ilimitada. Se prevé que el IFMIFDones esté construido en 2025 y tenga una vida útil de más de 30 años.

IFMIF es un proyecto liderado por la UE y Japón y está planteado en paralelo a ITER, que prevé construir el primer reactor experimental de fusión en 2025 en el sur de Francia.

Arellano, que recuerda que España previsiblemente competirá con otros países como Polonia o Croacia, cree “razonable” que “no hagamos excesiva exhibición de las capacidades que intentamos poner en juego”, por lo que no dio detalles del proyecto, ubicación ni presupuesto final de la oferta española.

Ha resaltado, no obstante, la necesidad de que este proyecto “no se quede en el medio plazo, como lugar de ensayo de estos materiales que se usaran para construir el reactor, sino que se debe abordar pensando a más largo plazo”, de forma que se debe concretar las perspectivas de futuro de estas instalaciones y otros usos que se le pueda dar, algo en lo que aún no se ha entrado.

Ha apuntado que en la actualidad “no existe una comunidad científica en Andalucía relacionada con la fusión”, pero considera que unas instalaciones de esta naturaleza “son una fuerza tractora sobre todas las áreas de conocimiento relacionadas”, por lo que ve imprescindible la creación e instalación en dicho espacio de grupos de trabajo en torno a esta materia.

El consejero ha resaltado la “buena acogida” por parte de la comunidad científica y las fuerzas económicas y políticas de ubicarlo en Andalucía, en este caso concreto en la provincia de Granada.

Arellano ha explicado que el Gobierno central se ha dirigido a la Junta para plantearle la posibilidad de colaborar en este proyecto, ante lo que la Junta se muestra dispuesta a participar y aportar financiación, a ser parte de la cofinanciación, dejando claro que “queremos tener presencia activa en la propuesta y participar del gobierno de estas instalaciones, para garantizar su uso”.

Ha indicado que actualmente se está elaborando una propuesta técnica y científica formal, donde se deben cerrar los números y la participación de cada agente, donde la participación de la Junta “es relevante no es pequeña, pero sí asumible”. Tiene hasta final de año para elaborar la propuesta concreta.

Ha resaltado la “ventaja competitiva” de España frente a otros competidores, de forma que “se parte de una posición ventajosa”, aunque insiste en que “será muy duro”. Ha recordado las reuniones técnicas celebradas “siempre en un ambiente constructivo”.

El consejero ha dejado claro que “no está cerrado” el sitio en Granada donde se instalaría el acelerador y considera que “no es momento de especular, porque no está cerrado”.

En ese punto, cree que “habrá que ver las opciones, en función de componentes y efectos económicos, urbanísticos y ambientales del lugar donde se ubique”.

El consejero ha indicado que “se estima que la construcción de estas instalaciones pueda tener un coste cercano a los 350 millones de euros, de los que el consorcio aportaría fondos, por lo que estimamos que nuestra oferta será inferior a esa cantidad del coste”.

Ha resaltado que ante ese proyecto “ya se han abren expectativas, se celebran seminarios y talleres en la comunidad universitaria”, a lo que se suma “el interés razonable en el entorno empresarial y político de Granada”, pues supone “una oportunidad”.

Asimismo, ha dejado claro que este proyecto “para nada afectará al
Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi)”, apuntando que la alternativa que se baraja más recientemente es el uso sólo de fondos europeos, y ha dejado claro que en Andalucía “no se verán afectadas las cantidades y se buscan otras fuentes de financiación, como los Fondos de Carbono”, dejando claro además que “este proyecto no irá en menoscabo de ningún otro”.

Ha indicado que “la idea es que este proyecto sea tractor y atraiga otros nuevos, y que los grupos de investigación andaluces puedan pedir proyectos en el seno del Paidi relacionados con el acelerador, pero no sería trasladar fondos del Paidi a esta iniciativa”.

PREOCUPACIONES DE PODEMOS

La diputada de Podemos Lucia Ayala, quien se ha mostrado “preocupada” por que “haya presiones ahora en el período electoral”, considera que se trata de “una cuestión demasiado seria y de envergadura, que requiere un tratamiento dilatado y sereno en el tiempo”.

Ayala resalta que este proyecto “impulsaría la economía local de Granada, así como la actividad científica”, además de generar empleo.

“Sobre el papel, con las condiciones ideales, es un proyecto que puede tener muchos beneficios para España, Andalucía y Sevilla”, asevera la diputada, quien se muestra “preocupada” por la “falta de garantías de que a día de hoy este proyecto pueda llegar a buen puerto y desarrollarse adecuadamente”.

Asi, ha recordado que este macroproyecto “requiere de mucha inversión”, apuntando que “los promotores lo cifran en 360 millones la fase de construcción durante ocho años, de los que 60 millones se le pediría a la Junta de Andalucía”, mientras que la fase de ocupación y explotación, diez años más, supondría una inversión de 550 millones.

En ese punto, lamenta que haya “falta de concreción en el plano económico financiero, ni hay estudio del impacto en el sistema de I+D+I andaluz”. “Quieren que se avale un cheque en blanco”, ha añadido Ayala.

Ésta asimismo, apunta que existen “muchas dudas de carácter político”, ya que “el Gobierno central está en funciones, y nos preocupa que esté impulsando un proyecto de este tipo”. En ese sentido, lamenta que “el Gobierno sólo actúa en el área científica cuando hay campaña electoral, la ciencia aparece en campaña luego es olvidada”.

Ha aludido a una serie de “megaproyectos” científicos, en los que “se invirtió mucho dinero pero luego quedaron en la nada”.

Asimismo, se muestra preocupada por que “se le pueda quitar fondos al sistema general de I+D+I”. Espera además que cuando se realicen las negociaciones, la Junta pida al Gobierno que “se tenga en cuenta el modelo de país y cómo tiene que ser la I+D”.

Ha alertado de que la ciencia “vive una situación de emergencia, y hace falta un plan integral de rescate de la ciencia, por lo que este proyecto sería como hacer pisos de lujos sin resolver los desahucios”.

Por ello, espera que esta iniciativa “se integre dentro del plan de desarrollo regional, para que no parezca un ovni sino que tenga sus ramificaciones dentro del plan regional”.

Ha pedido un “estudio de los costes de las fases y una justificación del plan de pagos” y demanda que “se haga público el compromiso por escrito de las administraciones y se especifiquen calendarios”.

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