Martes, 24 enero, 2017

a Junta eliminará más de 900.000 expedientes judiciales antiguos y carentes de valor para liberar espacio en archivos

Esta nueva destrucción permitirá superar los 1,2 millones de documentos judiciales desechados en los próximos meses

E.P.


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La Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía va a eliminar cerca de 930.000 expedientes judiciales antiguos, guardados en más de 22.000 cajas, con el objetivo de liberar espacios de los archivos de los juzgados y tribunales andaluces, según el acuerdo adoptado por la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para la destrucción selectiva de aquella documentación carente de valor de los órganos judiciales de la comunidad.

Con esta nueva destrucción serán ya más de 1,27 millones los expedientes judiciales eliminados en Andalucía. En una primera fase fueron destruidos otros 345.000 documentos por acuerdo de la Junta de Expurgo, un órgano creado por el Gobierno andaluz y el TSJA para ordenar y analizar la documentación susceptible de ser eliminada o conservada, garantizando siempre la confidencialidad de los archivos, ha explicado la Consejería en un comunicado.

La primera destrucción masiva de esta documentación judicial sin valor para su archivo se llevó a cabo en seis provincias –Málaga, Granada, Almería, Huelva, Cádiz y Sevilla– y los expedientes eliminados correspondían a diligencias previas y juicios de faltas de las décadas de los años 70, 80 y 90. Tras el último acuerdo de la Junta de Expurgo, la eliminación de estos archivos se va a extender ahora a todas las provincias andaluzas, incluyendo así a Córdoba y Jaén.

El volumen de la documentación judicial en Andalucía, tanto de archivos de gestión como susceptibles de ser destruidos, es de tal magnitud que alcanzaría una distancia de más de 300 kilómetros si se alinearan todas las cajas que contienen esos documentos.

El objetivo fundamental de esta iniciativa es liberar espacio en los archivos y tribunales, así como profundizar en el proyecto de modernización que viene impulsando la Junta para potenciar la progresiva eliminación de documentación que no tiene ningún valor y avanzar en el camino hacia una Justicia digital y sin papeles. De esta forma, se logra un ahorro de costes y de tiempo y se contribuye a la protección del medio ambiente.

Este proyecto se incardina también en la definición de un modelo único de tratamiento y gestión documental, que haga posible el control y acceso a la documentación judicial desde su creación hasta su eliminación o conservación por interés judicial o histórico. En esta línea de trabajo se encuentra el proyecto JARA, implantado por la Junta en Sevilla y que se ampliará al resto de Andalucía, para gestionar los archivos de documentación judicial.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Uno de los criterios principales en la selección de los documentos judiciales que se van a eliminar o archivar es su interés judicial e histórico, para lo que se cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que tiene un papel relevante en la aprobación de las correspondientes tablas de valoración. De esta forma, se garantiza la conservación de la documentación con valores históricos o bien de aquélla que posea un relieve social, económico, político o cultural.

La Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidido por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, el jefe de servicio de Documentación y Publicaciones de la Consejería de Justicia e Interior, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario. Este órgano determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la Administración competente en materia de patrimonio histórico.

El TSJA ha valorado positivamente la destrucción de documentos judiciales y ha puesto de relieve la necesidad de seguir potenciando esta iniciativa del Gobierno andaluz. La Junta, por su parte, ha subrayado la labor realizada por los secretarios judiciales y los funcionarios de auxilio judicial que colaboran de forma decidida con los técnicos de archivo de la Consejería de Justicia e Interior.

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