Miércoles, 26 Julio, 2017

            

Juicio este lunes por la conversión de 30 laborales fijos de Granada en funcionarios

UPyD presentó en enero un recurso de reposición contra ese concurso y el Ayuntamiento lo rechaz

Ayuntamiento de Granada


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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Granada acoge este lunes el juicio por la denuncia presentada por el grupo municipal de UPyD contra las bases que estableció el Ayuntamiento de Granada para un proceso de conversión de 30 laborales fijos en funcionarios municipales.

UPyD presentó en enero un recurso de reposición contra ese concurso y el Ayuntamiento lo rechazó. Pero “como no dio argumentos de peso para ello”, el grupo municipal del que es portavoz y concejal Mayte Olalla acudió en febrero a la vía del contencioso, que después admitió su petición.

La formación magenta entiende que en ese proceso de funcionarización se han “vulnerado” los principios constitucionales de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad que deben regir siempre para acceder a la función pública.

Entre otras irregularidades, Olalla destacó entonces que el examen no llegaba al número de temas exigidos por la ley y, sobre todo, que la única prueba objetiva para el candidato era la presentación de un trabajo por escrito, de 75 folios, del que ni siquiera tenía que demostrar su autoría.

Rafael Romero, asesor jurídico del grupo municipal de UPyD, cree que este paso que ahora da el Contencioso “demuestra la racionalidad de la demanda” y se ha mostrado convencido de que el juzgado la “estimará” y “declarará nulo ese proceso, porque está claro que el Ayuntamiento se ha saltado la legalidad y la Constitución”.

Además, el número dos de la lista de UPyD al Ayuntamiento de Granada ha incidido en que esa manera de proceder del equipo de gobierno “crea problemas a trabajadores a los que les pueden quitar su plaza porque las bases del concurso oposición no se han ajustado a la ley”.

Rafael Romero ha recordado que el Ayuntamiento “pudo cambiar las bases y no quiso”, como tampoco estuvieron por esa labor algunos sindicatos. “Prefirieron que el asunto llegara a la vía judicial antes de subsanar su error, como les pedimos”, ha sostenido.

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