Miércoles, 24 Mayo, 2017

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Juez pide un informe sobre la contabilidad de la empresa de calzado de Montefrío acusada de fraude

La Fiscalía solicitó la realización de ese informe contable con el objetivo de comprobar si la empresa "engrosó" las facturas para obtener subvenciones

E.P.


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El Juzgado de Instrucción número 1 de Loja (Granada) ha solicitado la elaboración de un informe pericial que aclare las posibles irregularidades detectadas en una empresa de fabricación de calzado en Montefrío, investigada por supuestamente cobrar fraudulentamente subvenciones mediante la contratación de trabajadores discapacitados.

Según han informado a Europa Press fuentes del caso, fue la Fiscalía la que solicitó la realización de ese informe contable con el objetivo de comprobar si la empresa “engrosó” las facturas para obtener subvenciones, prueba que ha aceptado ahora el juez y que ha ordenado llevarse a cabo, en un caso en el que están personados como acusaciones, además de los trabajadores afectados, el Ayuntamiento de Montefrío y la Junta de Andalucía.

El Ayuntamiento ha solicitado penas de hasta diez años de prisión para nueve acusados de defraudar más 720.000 euros al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y atribuye inicialmente a los responsables de la empresa ‘Diseño y Formación de Calzado Montefrío S.L.’ o los que facilitaron el fraude, delitos contra los derechos de los trabajadores, falsedad en documentos públicos y mercantiles, fraude de subvenciones o estafa.

Personado como acusación particular en la causa, asegura que la empresa contrataba discapacitados para obtener beneficios de la Seguridad Social, desde 2006 a 2008, haciéndoles incluso firmar unas nóminas que nunca les llegó a abonar.

Asimismo, el municipio, que entendió en un principio que la iniciativa era “buena” para la creación de empleo en Montefrío, le cedió a la empresa instalaciones públicas para su emplazamiento y desarrollo de actividad, de manera que, además del posible fraude, “traicionó” las “buenas intenciones” con las que partía el proyecto inicial, según indica el Ayuntamiento –representado por el letrado Antonio Jiménez–, en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press.

En el proceso judicial abierto también está personada la Junta de Andalucía, que pide penas de entre cuatro y diez años de prisión para los nueve acusados, a los que atribuye un fraude de 620.000 euros –que Montefrío eleva a los 720.000– y un total de de cinco delitos: fraude de subvenciones, delito contra los trabajadores, estafa, falsedad en las cuentas anuales y falsedad en documento privado, en concepto de coautores.

Para los administradores de la entidad, Antonio A.M, Sergio A.R.C., y Teresa P.S., solicita la administración autonómica diez años de cárcel por los cuatro primeros delitos; y para Vicente A.M., como presunto destinatario de parte de los fondos recibidos, cuatro años, por posible fraude de subvenciones.

Para José A.H.G. y José A.R.P., los dirigentes de la fábrica, y controladores de todo el entramado jurídico y contable de la empresa, ocho años de cárcel, por supuesto fraude de subvenciones, delito contra los trabajadores y falsedad en documento privado; y para Miguel A.V.G. y Martín C.J., que están acusados de participar en la simulación de negocios y el desvío de fondos de la empresa, seis años de prisión por fraude y falsedad en documento privado igualmente.

Según señala la administración andaluza en su escrito provisional de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, a través de la empresa, los imputados “falsearon de forma intencionada” las distintas “circunstancias concurrentes” para obtener subvenciones, y consiguió de esta forma recibir 617.495,95 euros, y solicitó otra nueva subvención de más de un millón de euros.

Para lograr su finalidad, “simularon distintos negocios jurídicos y falsificaron documentos” con el objetivo de justificar el destino de las cantidades percibidas, y, de esta manera, poder enriquecerse “eludiendo” además los controles tributarios, y además “conculcaron los derechos” de los trabajadores de la entidad, a los que otorgaron “cheques y pagarés sin fondos”.

LA INVESTIGACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL

Según reveló la investigación realizada por la Guardia Civil, la empresa creada en Montefrío “mantuvo una mínima actividad laboral y comercial durante el año y medio que estuvo en funcionamiento”, pero durante ese periodo contrató a 47 personas discapacitadas por las que recibieron subvenciones.

De las nueve personas que ahora están acusadas y que fueron en su día detenidas, seis están directamente relacionadas con la entidad montada en Montefrío y las otras dos eran los administradores de otras dos empresas de Elche que supuestamente suministraron facturas que justificasen la actividad comercial de la empresa granadina. El último fue un gestor sevillano que presuntamente se encargaba de conseguir las subvenciones para la empresa a cambio de una comisión.

Según las fuentes consultadas, el asunto fue denunciado en marzo de 2008 por cinco de los empleados de la empresa, pero el Juzgado de Instrucción número 1 de Loja decidió archivar el caso al no apreciar indicios de delito.

El abogado de los cinco empleados, que es el mismo que defiende los intereses del Ayuntamiento de Montefrío, recurrió el auto de archivo ante la Audiencia Provincial de Granada, que ordenó la reapertura de la investigación al Juzgado de Loja. Fue entonces cuando la Policía Judicial comenzó las pesquisas que llevaron a las detenciones de los posibles responsables y a retomar el caso, que se encuentra en fase de instrucción, y en el que, además del Ayuntamiento de Montefrío también se personó la Junta de Andalucía, como posible parte perjudicada.

La investigación desveló que muchos de los trabajadores de la empresa investigada “no iban siquiera a trabajar y, sin embargo, recibían la mitad de su salario a cambio de que firmaran las nóminas”, documentos en última instancia para justificar su actividad ante la Junta de Andalucía.

Esta empresa llegó a solicitar al Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía otra subvención de un millón de euros para la contratación de otras 80 personas, pero le fue denegada tras tener noticias de las denuncias de los trabajadores.

La Guardia Civil también averiguó que dos empresas de Elche fueron creadas con el fin de extender facturas que justificaran compras y ventas ficticias de la empresa de Montefrío; es decir, “trataban de justificar una actividad comercial entre las empresas investigadas que en realidad no existía”.

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