Viernes, 26 Mayo, 2017

Juez da tres días de plazo al arzobispo para que remita documentación íntegra de 'caso Romanones'

El auto, contra el que cabe recurso de reforma, señala que "en caso de incumplimiento podría incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial y/o denegación de auxilio a la justicia, librándose los oportunos testimonios para depuración de sus presuntas responsabilidades".



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El Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que investiga el llamado ‘caso Romanones’ sobre abusos sexuales presuntamente cometidos por sacerdotes en Granada, ha dado un plazo de tres días al arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, para que remita la documentación íntegra que obra en su poder sobre los presuntos implicados, advirtiéndole de que, si no lo hace, podría incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial y/o denegación de auxilio a la justicia.

En un auto de este mismo martes, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Antonio Moreno responde así al último escrito del Arzobispado, que alegó que no podía aportar toda la información, instándole a que fuera solicitada ante el Vaticano, remitiéndose a la “legislación canónica aplicable”.

El juez insiste en que en la documentación remitida al Juzgado desde el Arzobispado no están las declaraciones e interrogatorios escritos de los sacerdotes sobre los que se inició expediente eclesiástico, “y que necesariamente deben de obrar de forma escrita a la luz de las disposiciones sobre procedimientos administrativos y eclesiásticos”, y que dieron lugar incluso a resoluciones de suspensión de los implicados.

Por este motivo, requiere personalmente al arzobispo de Granada, a fin de que aporte, en el plazo de tres días, “como parte de toda la documentación integra reiteradamente solicitada, las declaraciones, interrogatorios e informe que hubo de suscribir de forma escrita en relación a las personas implicadas en este procedimiento judicial y respecto a las que se siguió expediente canónico”.

El auto, contra el que cabe recurso de reforma, señala que “en caso de incumplimiento podría incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial y/o denegación de auxilio a la justicia, librándose los oportunos testimonios para depuración de sus presuntas responsabilidades”.

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