Jueves, 19 Octubre, 2017

            

Juana Rivas hace entrega de sus hijos en la Guardia Civil

La madre de Maracena ha cumplido la orden de la juez y ha dado sus hijos a su padre, aunque en un destino diferente al pactado

Juana Rivas | Foto: archivo
E.P.


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Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) obligada por la juez a devolver este lunes a sus hijos al padre, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito doméstico, ha entregado a los menores, de once y tres años, ante la Guardia Civil.

Fuentes consultadas en la Guardia Civil han confirmado que los niños han sido entregados pasadas las 11,00 horas de este lunes a Policía Judicial en la Comandancia de Granada, mientras que desde la Subdelegación del Gobierno han precisado a Europa Press que, al tratarse de menores, no constan detalles del procedimiento seguido por la madre de Maracena para devolver a sus hijos al padre de los niños, Francesco Arcuri, residente en Italia, quien, en los pasados días, manifestó su intención de volver a su país con ellos.

La Guardia Civil de Granada no había podido localizar hasta la mañana de este lunes a Juana Rivas, informaron fuentes oficiales del cuerpo, si bien estaba debidamente notificada de que había de entregar a los niños, en tanto en cuanto está representada por abogado y procurador en las diligencias que lleva adelante el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que la investiga por supuestas desobediencia judicial y sustracción de menores.

En un auto dictado el pasado jueves, la juez de Instrucción 2 de Granada acordaba que la Guardia Civil se personara en el domicilio en Maracena de Juana Rivas, al objeto de requerir la restitución de los niños al padre, a lo cual estaba obligada este lunes a las 17,00 horas en un punto de intermediación familiar. Finalmente, esta diligencia no ha tenido que ser practicada, al haber la madre optado por entregar a los niños en la Guardia Civil.

El pasado 26 de julio, Rivas había desobedecido la orden del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada, especializado en familia, de entregar a los niños en el mismo punto de encuentro en el que estaba citada este lunes.

En caso de no haber cumplido con esta obligación nuevamente, la juez había advertido de que adoptaría las medidas cautelares que, “vista la gravedad de los hechos investigados”, se hubieran requerido contra Rivas, que está en libertad provisional desde el pasado martes, cuando compareció en calidad de detenida en sede judicial.

En dicho auto, la juez también citaba a declarar en el Juzgado de Instrucción 2, en Caleta, el próximo 30 de agosto, a la asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, y a la psicóloga del citado organismo como investigadas por “su presunta intervención bien como inductoras, bien como partícipes necesarios, en los delitos de sustracción de menores”.

El día 31 de agosto tendrán que comparecer en el Juzgado de Instrucción 2 de la capital granadina a los familiares de “hasta el segundo grado de consanguinidad” de Juana Rivas para prestar declaración como investigados, en su presunta intervención en el posible delito de sustracción de menores.

La plataforma 7N contra las violencias machistas ha promovido una recogida de firmas a través de internet en la que solicita a la justicia española que “deje de criminalizar” a las profesionales que han asesorado y apoyado desde el Centro de la Mujer de esta localidad granadina a Juana Rivas, así como a sus familiares.

En Madrid, varias organizaciones de mujeres han manifestado su sorpresa ante la decisión de Juana Rivas de entregar a sus hijos este lunes 28 de agosto por la mañana a la Guardia Civil, tal y como le había ordenado el juzgado de Granada que lleva su caso.

“No lo esperábamos”, ha admitido la presidenta del Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres, Lourdes Hernández, que, junto con representantes de la Plataforma 7N contra las violencias Machistas, la Plataforma 25 de Noviembre contra la Violencia de Género de Granada y la Red de organizaciones Feministas contra la Violencia de Género, han presentado en Madrid, en la sede del Consejo General del Poder Judicial un escrito en el que pide que este organismo “tome nota” de la actuación del Juzgado de Granada y de la Fiscalía.

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