Sábado, 22 Julio, 2017

            

IU reclama que el nuevo Reglamento Municipal sobre Servicios Sociales garantice más personal y la descentralización de estos servicios

El concejal de IU mantiene que los servicios sociales han de ser un “servicio estructural” del Ayuntamiento, garantizando un personal suficiente para los ocho distritos de la ciudad

Francisco Puentedura, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida
Gabinete


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Desde IU han saludado positivamente la iniciativa de la concejala de Bienestar Social de reiniciar el procedimiento para la redacción y aprobación de un Reglamento Municipal de Servicios Sociales. Su portavoz en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, la ha  calificado de “buena noticia” argumentando que los servicios sociales no pueden estar condicionados por una Ley de Reforma de la Administración Local que limita las competencias de los ayuntamientos en esta materia. De hecho, afirma, “en los últimos meses hemos conocido la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se reconoce la necesidad de que los Ayuntamientos tengan competencias plenas y propias en materia de servicios sociales”.

Puentedura ha trasladado las líneas que IU pretende que sean consideradas en el nuevo reglamento con el objetivo de acabar con la privatización de los servicios sociales, con el asistencialismo y con los recortes derivados de la mencionada ley aprobada por el PP en España, así como garantizar el personal suficiente, y luchar contra la exclusión social y la desigualdad contando con la participación de los usuarios de servicios sociales.

El primer elemento a considerar en el Reglamento Municipal de Servicios Sociales, según IU, es la necesidad de garantizar una atención descentralizada en los distritos granadinos. “El Ayuntamiento tiene que blindar la intervención social y garantizar la lucha contra la exclusión para no entrar en un modelo de asistencialismo y caridad liderado por la Iglesia, que ha sido el modelo por el que ha apostado el Ayuntamiento durante el gobierno del PP”, sostiene el concejal de IU, quien pide que el reglamento garantice los servicios públicos “desde la base”.

Puentedura reclama que haya un centro de servicios sociales en los ocho distritos de Granada, y defiende, además, “que se dé una salida a las instalaciones municipales que tendrían que estar a disposición de los centros sociales, y no lo están”. Caso que se da en los barrios de  Bobadilla, Cerrillo de Maracena o Casería de Montijo.

Para IU, la descentralización es “fundamental” en tanto permite a los trabajadores sociales intervenir en el territorio detectando los problemas existentes, previniendo y actuando, pero mantiene que “es imposible la descentralización efectiva si no se garantiza un mínimo de personal suficiente”. Según el edil de izquierdas, se trata de “una prioridad abandonada en los 13 años del PP en la ciudad”. Puentedura apunta que no solo faltan trabajadores sociales, también educadores y mediadores interculturales, por lo que plantea como criterio para el nuevo reglamento que se sigan las recomendaciones establecidas por el colegio de profesionales en materia de servicios sociales: un trabajador social por cada 3000 habitantes. “Tiene que haber también un mediador intercultural en cada distrito, y avanzar en implementar la ratio de educadores en el Ayuntamiento de Granada”, sugiere el portavoz municipal de IU.

Por otro lado, el edil denuncia la situación de que los trabajadores sociales no puedan dar cita hasta pasados 30 días, y establece la urgencia de que puedan atender de forma inmediata “y no tener que perderse en una amalgama de trámites burocráticos”.

Otro punto que IU considera prioritario reflejar en el Reglamento es garantizar la estabilidad de los trabajadores. “Los servicios sociales no pueden depender de que salga o no una ayuda de la Junta para este fin; han de considerarse servicios estructurales del Ayuntamiento de Granada, y, por tanto, garantizar el personal suficiente, y la continuidad de sus contratos”, mantiene el edil.

Del mismo modo propone que el servicio de atención al inmigrante, que actualmente solo tiene dos personas trabajando de forma estable, habría de contar con 4 trabajadores sociales, un asesor jurídico específico en materia de extranjería, y un mediador intercultural.

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