IU pide la eliminación del Tribunal Administrativo de Contratos por ser una duplicidad innecesaria

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura Anllo, ha pedido al Gobierno municipal que elimine el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos “por ser un organismo innecesario, que duplica la administración, por no ser independiente y que además costará este mandato más de 100.000 euros a las arcas públicas”. De este modo, el concejal de la formación de izquierdas denuncia las “irregularidades” en el funcionamiento de este organismo que desde hace más de un año forma parte de la estructura municipal.

Según explica Puentedura, hace más de un año el anterior Gobierno municipal del PP decidió el nombramiento de este Tribunal, cuya función en principio es resolver los recursos en materia de contratación pública. "Es sorprendente que el nuevo Gobierno municipal del PSOE siga manteniendo este organismo, que no es de creación obligatoria, con lo cual su existencia supone un gasto inútil y una duplicidad innecesaria de la administración municipal cuando estas funciones por ley las puede asumir el órgano de La Junta de Andalucía que hasta ahora ha ido resolviendo este tipo de recursos”, señala.

El portavoz municipal de IU cifra el coste “innecesario” de este organismo en más de 100.000 euros en el presente mandato, como consecuencia de que los cuatro funcionarios municipales titulares de este organismo (algunos de ellos investigados por la Operación Nazarí) cobran una indemnización mensual por razones del servicio de 550 euros “haya o no haya recursos en materia de contratación, como ha ido sucediendo este último año”, cuya suma en el actual mandato superará los 100.000 euros. Además, Puentedura señala que el cobro de esta indemnización “es de dudosa legalidad” puesto que los titulares de este tribunal municipal son altos cargos directivos del Ayuntamiento cuya dedicación, según la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), tienen la consideración de plena disponibilidad, “lo cual está integrado en las remuneraciones que cobran estos funcionarios como complemento específico que ronda de los 22.000 euros a los 42.000 euros anuales, aparte de su salario y retribuciones básicas, haciendo que estos puestos, en algunos casos pasen a retribuciones por encima de los 80.000 euros anuales, más que el alcalde de Granada”.

Asimismo, el edil de Izquierda Unida indica que el EBEP (Estatuto Base de los Empleados Públicos) establece que este tipo de indemnizaciones no pueden ser ni fijas ni periódicas en su devengo, “con lo cual el Gobierno municipal deberá dar explicaciones sobre qué base tienen y por qué mantienen este tipo de sobresueldos que tienen una cantidad fija de 550 euros y que se devengan periódicamente cada mes, lo que creemos innecesario, y cómo se ajustan a la legalidad”.

En la misma línea Puentedura señala “como muy grave” el que este Tribunal Administrativo de Contratos Públicos “funcione viciado”, puesto que son titulares del mismo los mismos funcionarios que han formado parte de las mesas o de procedimientos anteriores de contratación del Ayuntamiento y porque algunos de ellos están siendo investigados por la Operación Nazarí. “Cómo es posible que resuelva una reclamación de una decisión sobre contratación las mismas personas que formaron parte en distintas fases de los procedimientos de contratación y estando algunas bajo de investigación por una supuesta trama de corrupción”, se pregunta el concejal de IU, quien asegura que esto es convertir a este Tribunal Administrativo “en juez y parte, y choca directamente con cualquier criterio de independencia”.

El portavoz municipal de IU recuerda “que son numerosos los contratos públicos por muchos millones de euros que el Ayuntamiento de Granada tramita cada año, con lo cual los criterios, procedimientos de contratación deben ser nítidos y claros y la independencia de los órganos de contratación municipal deben estar garantizada” es por ello que Puentedura pregunta al alcalde “que intención tiene con seguir manteniendo este Tribunal cuyos titulares dependen de él, por decreto de alcaldía, y cuyo reglamento de funcionamiento está controlado por el gobierno municipal”.

“Esto nos suena a mantener un organismo a su medida y semejanza, lo cual enturbia los procedimientos de contratación del Ayuntamiento de Granada y los convierte en menos transparentes”, critica Puentedura, “además de seguir manteniendo un organismo que no es necesario y cuesta mucho dinero público”.