Miércoles, 18 enero, 2017

IU llevará las facturas irregulares de TG7 al Consejo Estatal de la Transparencia

Puentedura indica “que son facturas por 548.000 euros sin procedimiento administrativo, crédito ni soporte jurídico según reconocen el interventor general del Ayuntamiento y el titular de la asesoría jurídica"

Imagen de archivo de un trabajador de TG7 | Autor: Archivo GD
Gabinete


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El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada ha anunciado esta mañana que enviará las facturas de servicios extraordinarios e irregulares de TG7 al Consejo Estatal de Transparencia “toda vez que la última Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Granada se ha negado a incoar un expediente sancionador a los anteriores responsables de la televisión municipal por facturas que suman un gasto de 548.000 euros y que no han tenido el procedimiento administrativo adecuado”. Según explica el edil de la formación de izquierdas, Francisco Puentedura Anllo, “estas facturas no tienen soporte jurídico y el equipo de gobierno, con el alcalde a la cabeza se niega a aplicar la ley de transparencia a la hora de determinar responsabilidades por esta mala gestión del gobierno municipal, lo cual nos obliga a acudir a un órgano de arbitraje como es el Consejo Estatal de Transparencia”.

Puentedura recuerda que en la última comisión de control de la Televisión municipal el actual responsable de TG7 informó, por escrito, que existía una reclamación contra el Ayuntamiento de Granada por servicios extraordinarios, de 548.000 euros (IVA incluido), “que no habían tenido procedimiento administrativo alguno” y que estaban “conformadas por los anteriores responsables de este servicio municipal”. A raíz de este informe el Grupo Municipal de Izquierda Unida solicitó un informe jurídico, en el mes de enero, “para que se aclarase la legalidad de estos gastos”. Este informe se remitió al grupo municipal de izquierdas en el mes de febrero y fue firmado por el Interventor General del Ayuntamiento y por el Responsable de la Asesoría Jurídica. En el citado informe tanto el interventor municipal como el titular de la asesoría jurídica indican literalmente “que estos servicios complementarios facturados exceden del importe contratado y por tanto carecen de crédito y soporte jurídico”, además indican “que según la Ley de Haciendas locales y la ley de Procedimiento Administrativo Común estos gastos son nulos de pleno derecho”.

Ante este informe el Grupo Municipal de IU pidió por escrito al alcalde, en aplicación de la Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la incoación de un expediente sancionador “por una posible falta muy grave tal y como determina el artículo 28 de esta ley por conformar facturas y obligaciones de pago sin consignación presupuestaria, soporte jurídico ni administrativo”. Además el artículo 30 de la citada ley “indica que la sanción por faltas muy graves puede ser la inhabilitación del cargo público responsable así como responder con su propio patrimonio en función del daño económico causado a la administración”. Sin embargo la última Junta de gobierno local, celebrada el pasado viernes, “ha rechazado la petición de IU para abrir este expediente sancionador”.

Para Puentedura esta situación “demuestra la doble vara de medir y doble lenguaje del equipo de gobierno del PP, que por un lado hablan de mucha transparencia y por otro se niegan a investigar y depurar responsabilidades tal y como establece la ley ante incumplimientos tan graves como los que se han producido con estas facturas de TG7”. Asimismo el edil de la formación de izquierdas señala “que también demuestra los problemas para una aplicación efectiva de la ley pues el artículo 31 determina que es la Junta de gobierno local el competente en la apertura de un expediente a un miembro de la propia junta de gobierno local, es convertir a la parte en juez, o como poner al zorro a guardar las gallinas” asegura Puentedura quien indica que es por ello “que está justificado acudir al órgano de arbitraje que supone el consejo estatal de transparencia ante la negativa del gobierno municipal de investigar sus propias irregularidades graves”. Además el edil de la formación de izquierdas ha añadido “que pondrá en conocimiento de los tribunales esta situación, por si se deriva alguna responsabilidad legal al negarse a investigar el gobierno municipal estas graves irregularidades”.

El concejal de IU señala “que la argumentación dada para no aplicar la ley de transparencia, es una tomadura de pelo”. Se argumenta que el contrato de la televisión municipal, se rige por el derecho privado y no público, al subrogarse al antiguo contrato que tenía EMCASA (la sociedad municipal que gestionaba la tele hasta el año 2011 donde se liquidó por parte del Ayuntamiento, esta empresa se regulaba por el derecho mercantil). Para Puentedura este argumento no es válido “pues los gastos extraordinarios corresponden al peticiones de servicios hechas en nombre del Ayuntamiento y después de la liquidación de esta sociedad municipal, en los años 2012, 2013 y 2015”. Asimismo este contrato tubo una modificación en 2011 para subrogarse al Ayuntamiento y por tanto pasa a regirse por los mecanismos de control de la ley de contratación pública. “Lo mas curioso” señala Puentedura “es que buscan una excusa para no aplicar la ley de transparencia pero no entran en el fondo del asunto, lo cual significa que reconocen implícitamente que estas facturas son a toda vista completamente irregulares y sin soporte jurídico alguno”.

Gastos que hay que aclarar

Puentedura exige “que se aclaren la totalidad de estos gastos y por tanto tienen que ser investigados” y de este modo señala algunas facturas “como gasto en esponjillas de micrófonos por más de 2.000 euros, 60.000 euros en una reforma del plató que apenas tuvo modificaciones, unidades móviles de Semana Santa que en 2014 costó 41.000 euros y un año después más de 80.000 euros, contratos para redactores y colaboradores extras cobrando el doble que un redactor y colaborador normal y sin conocer que actividades han desarrollado en el servicio municipal, o un contrato con una presentadora estrella por más de 3.000 euros al mes”.

“Se trata de dinero público que requiere del máximo control y transparencia por parte del los órganos de fiscalización, algo en lo que hay nula voluntad por parte del alcalde de Granada y su gobierno municipal , y por lo que desde IU acudiremos con todos los mecanismos para que se depuren las responsabilidades hasta las últimas consecuencias”.

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