Hostelería de los tiempos laborales que vienen

La hostelería: he aquí un sector que superó en fecha bien temprana el azote de la crisis que golpeó sin piedad la economía española a partir de 2008 y durante más de cinco años. Pero ya en 2013 las cifras no engañaban y el empresariado de Granada pudo empezar a sacar pecho, pues se batían récords de ocupación y hasta se hablaba de romper la estacionalidad, que durante décadas se apuntaba como un mal endémico en la hostelería granadina.

Han pasado cuatro años más y las cifras se han consolidado. Se podría esperar de aquel horizonte en el que el turismo representaba el único sector capaz de apuntar brotes verdes y recuperación que los beneficios repercutiesen sobre la franja social más golpeada por la crisis, es decir, los trabajadores. No ha sido así, la patronal ha llevado deliberadamente el convenio caducado hace ya casi cuatro años a embarrancar en la nada y, amparados en la reforma laboral, implantar una ‘ley de la selva’ que el panorama actual facilita.

La hostelería granadina, así, vive en un escenario de conflicto latente, entre la frustración de unos sindicatos sin fuerza real de movilización -como demuestra el escaso seguimiento de las varias huelgas convocadas- y una legislación que ampara esa postura de los empresarios, a verlas venir y cómodos en el vacío de un convenio caducado y el aro por el que gran parte de los trabajadores están pasando a diario. Su propuesta, la de la patronal, consiste tan solo en normalizar, dar forma legal a lo que ya se está produciendo: una rebaja de sueldos, contratos de media jornada que en la práctica se alargan varios días de la semana más allá de las diez y las doce horas. Pretender, en este campo de flexibilización de contratos, que un ‘valiente’ se atreva a reclamar sus derechos es tanto como asegurar que ese ‘valiente’ tiene las horas contadas en su puesto de trabajo. Para que el círculo se cierre basta con el ‘ejército’ de parados conveniente que -en su desesperación laboral- está dispuesto a tragar con lo que sea. Mejor poco que nada.

Son 15.000 trabajadores en la provincia sin convenio desde comienzos de 2014, cuando caducó el anterior. Los empresarios pretendieron suprimir la cláusula de ultraactividad, que permite que un convenio siga vigente, al margen de los plazos estipulados, hasta que se acuerde el nuevo. La Justicia tumbó tal pretensión. La negativa judicial no movió a la patronal a variar su propuesta. Un mercado de trabajo desregulado facilita que los empresarios puedan imponer condiciones laborales carentes de derechos.

Y, entretanto, el sector vive así la paradoja del cierre -consolidado- de uno de los hoteles que un día fue señero, el San Antón, un ‘cuatro estrellas’ abierto en 1992, el mismo año de la inauguración del Palacio de Congresos de Granada, cuyo ‘tirón’ aprovechó en los primeros tiempos. Su silueta inerte es alegoría de la contradicción entre las cifras récords de visitantes mientras se resiente la rentabilidad por el crecimiento desbordado de la planta hotelera, mientras el convenio se atranca más de un año ante la demanda de la patronal de congelación salarial y renuncia a derechos laborales adquiridos. La propia dirección del hotel San Antón reconocía en aquel diciembre de 2014 en que cesó su actividad que “en un momento en que el sector empieza a repuntar los empresarios deberían abrir un poco la mano”.