Lunes, 24 Julio, 2017

            

García Royo (ex-concejal de Urbanismo) dice que la seguridad en Gomérez era responsabilidad de la adjudicataria



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El que fuera concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada Luis Gerardo García Royo (PP) afirmó hoy que las funciones de seguridad en el caso de las ejecuciones subsidiarias ordenadas desde su área, como fue la de la demolición del edificio de la Cuesta de Gomérez, donde falleció el obrero ecuatoriano Guillermo Stalin el 21 de diciembre de 2004, recaían en la empresa adjudicataria de la obra. “En ejecuciones subsidiarias el Ayuntamiento sólo tenía funciones de Policía, sobre todo en estos casos de riesgo inminente”, sostuvo.

   Durante su comparecencia como testigo en el juicio que se sigue en el Juzgado de lo Penal 6 contra nueve imputados por el accidente que se produjo entonces –entre ellos el que fue su número dos, Manuel Lorente–, el ex edil recordó que el decreto que se emitió el abril de 2004 para acometer los trabajos tenía el objetivo de que se diera comienzo de inmediato a la ejecución “ante el riesgo inminente de caída” del inmueble, situado en el número 16 de la citada calle.

   El pliego de condiciones que estaba vigente cuando él era cabeza visible de Urbanismo, según explicó, obligaba a la contratista –en este caso Rehabilitaciones y Demoliciones Granada S.L.– a designar la dirección técnica y la coordinación de seguridad. “El servicio de Arquitectura no tenía funciones de aprobación de estudios de seguridad, las funciones de seguridad recaían en la adjudicataria”.

   En cuanto a las afirmaciones que hizo ayer la imputada L.D.M., representante legal y única administradora de Rehabilitaciones y Demoliciones Granada, sobre las “presiones” que para ejecutar “muchas obras”, sobre todo de rehabilitación para “ornato” de la ciudad, García Royo mantuvo que “nunca” ha dado “orden directa” a ningún contratista “y menos a ésta” y dijo desconocer cuántas obras tenía entonces encargadas la empresa –la acusada afirmó ayer que 12–.

   Por su parte, los agentes de Policía Local que acudieron al lugar cuando se produjo el siniestro señalaron que en la obra no había apuntalamientos ni tablones y que incluso cuando llegaron tuvieron que pedir una malla porque “seguían cayendo cascotes”. Los trabajadores de la empresa Alsa –a la que la empresa Hermanos Rodríguez le había encargado el trabajo, que a su vez había subcontratado con la contratista principal– también contaron hoy en el juzgado su visión de lo que ocurrió en Gomérez el pasado 21 de diciembre de 2004.

VERSIÓN DE LOS TRABAJADORES

   Así, Jaime Orlando, de nacionalidad ecuatoriana, al igual que el fallecido, explicó que llevaba entonces varios días trabajando en la obra y que, aunque sus papeles estaban en regla, su jefe no le había dado de alta –aunque se lo había prometido–. El día en el que se produjeron los hechos, según explicó, Guillermo Stalin y otro trabajador, Pepe, que era el encargado, estaban golpeando un suelo de hormigón “cuando todo se vino para abajo” y el muro sepultó a sus dos compañeros, si bien el segundo puso salvarse.

   Orlando dijo desconocer más detalles porque lo ocurrido fue “un golpe muy fuerte para él”, que le llevó a recibir tratamiento psicológico e intentar olvidar. No obstante, recordó que justo un día antes el encargado le había dicho a A.S.S., propietario de Alsa y acusado, que el muro “podía venirse para abajo”, pero éste le contestó que “si no se había caído en mucho tiempo no se iba a caer ahora”. Y ocurrió.

   En el mismo sentido declaró el trabajador que resultó lesionado, José Luis O.H., al que los demás llamaban Pepe, que señaló que la muralla no le gustaba “porque tenía el derrumbe para fuera” y que explicó que las medidas de seguridad a adoptar las dictaba M.P.G.G., la arquitecta que se encargaba de la prevención de riesgos laborales, también imputada, y que ésta “no dijo nada de apuntalar”.

   El propietario del edificio colindante, que denunció la carencia de medidas de seguridad dos meses antes de que se produjera el accidente en el Ayuntamiento, manifestó que el derribo no debería haberse producido y que, que se ejecutara, le “extrañó”, porque el edificio “estaba muy bien”. Según aseguró, “allí hacían fuegos continuamente” y de hecho un día tuvo que dar aviso a la Policía y a Bomberos de un conato de incendio que le estaba llenando su casa de humos, en octubre de 2004.

   En la sesión de hoy, en la que han testificado más de una decena de personas y los peritos, también compareció el jefe de sección de Disciplina Urbanística, que confirmó que la demolición del inmueble de Gomérez debía ser “inminente” por el estado de ruina en el que se encontraba y que, por esas circunstancias de urgencia, no se hacía necesario ni proyecto ni plan de seguridad.

   Asimismo, explicó que el comienzo de las obras hasta octubre por la “negativa tácita” del propietario, que retrasó el trámite. Sobre el ex gerente de Urbanismo Manuel Lorente, que se enfrenta a tres años de prisión y cuatro de inhabilitación, por los delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad en el trabajo, dijo que no actuaba entonces como técnico, sino como “cabeza administrativa” primero del área de Planificación Urbanística y después de la Gerencia.

   Por su parte, el arquitecto del Departamento de Ruinas del Ayuntamiento que redactó el informe que llevó a decretar la ejecución subsidiaria incidió en que el edificio ya había sufrido en 2002 un desplome parcial que llevó al desalojo de dos de sus inquilinos y que, dos años más tarde, cuando redactó un nuevo documento –en abril de 2004–, se encontraba “muy deteriorado” , con “fisuras de hasta 45 grados muy importantes”, por lo que consideró necesaria su demolición, por razones de seguridad. “Había que demolerlo de inmediato, con dirección técnica in situ, y para ello había que encargar el trabajo a una empresa especializada y un técnico que la dirigiera”, informó el arquitecto.

   El juicio está previsto que mañana quede visto para sentencia, después de que las partes presenten sus conclusiones definitivas y sus informes finales.

PETICIÓN DE LA FISCALÍA

   La Fiscalía atribuye a los nueve imputados un posible delito de homicidio imprudente y contra la seguridad en el trabajo. Concretamente el ex número dos de Urbanismo, –que fue director general del Área de Planificación Urbanística del Ayuntamiento de Granada hasta el 15 de noviembre de 2004, fecha en la que pasó a ocupar el cargo de Coordinador General de Planificación Urbanística y Obras Municipales– se enfrenta a tres años de prisión y cuatro de inhabilitación, la misma pena que el Ministerio Público solicita para el arquitecto técnico del Servicio de Arquitectura, Jorge Moreno Monchón, y el arquitecto jefe del Servicio de Arquitectura hasta el 15 de noviembre de 2005, Jacobo de la Rosa Herrera, que posteriormente pasó a ocupar el cargo de director general del Servicio.

   Para F.J.P.G., trabajador de Alsa, empresa para la que desempañaba su trabajo el fallecido, el fiscal solicita tres años de cárcel y una multa de 2.880 euros por dos delitos contra el derecho de los trabajadores. Así, el representante legal de la empresa, A.S.S., se enfrenta a una petición de seis años de prisión y cuatro de inhabilitación, además de a una multa de 4.320 euros al considerarlo la Fiscalía autor de los cuatro delitos señalados.  

   Asimismo, para los representantes de la empresa Construcciones Hermanos Rodríguez, S.R.C. y M.R.C., la fiscal pide tres años de cárcel y cuatro de inhabilitación por los delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad en el trabajo, al igual que para la arquitecta técnico encargada de la prevención de riesgos laborales, M.P.G.G., así como a la representante legal y administradora de Rehabilitaciones y Demoliciones S.L.

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