Fernando Egea tilda las acusaciones de Jemima Sánchez de `desfachatez política´

El concejal de Familia y Bienestar Social, Fernando Egea ha salido al paso de las acusaciones realizadas por la edil socialista Jemima Sánchez quien ha culpado al Ayuntamiento de “dejar para última hora la apertura de solicitudes y realización de informes sociales necesarios para el decreto de inclusión, recargando así de trabajo a los trabajadores”. Unas declaraciones que Egea ha tildado de “desfachatez política”, ya que “no sólo los plazos los ha marcado la Junta de Andalucía, sino que la administración autonómica ha sacado las convocatorias sin dotar a los ayuntamientos de personal adicional, medios económicos para contratar, herramientas informáticas necesarias ni ningún recurso para absorber el incremento de trabajo sobrevenido para realizar los informes que permitan aplicar el decreto”. Y ha añadido que, “tampoco el decreto ha previsto ningún presupuesto para destinar a la ropa de trabajo o el material de faena que, una vez en marcha el proyecto, los trabajadores vayan a necesitar”.

El concejal ha asegurado que “la reasignación de créditos para este programa de inclusión lo sacó la Junta el pasado 16 de septiembre, y en este tiempo, el Ayuntamiento ha cumplido escrupulosamente con los plazos marcados en el decreto, asumiendo la plantilla la elaboración de los más de 3.000 informes que se han de realizar”. “La situación de exceso de trabajo de los Servicios Sociales del Ayuntamiento es consecuencia de la nefasta gestión de la Junta de Andalucía que, ha puesto en marcha dos decretos de fomento de empleo -Programa de ayuda a la contratación y Empleo de mayores y menores de 30 años-, y dos decretos, uno de exclusión y otro de inclusión en los dos últimos años, sin ninguna medida de apoyo a los Ayuntamientos para la gestión de todo el proceso en ninguno de los casos.”

Para el edil, la denuncia de la corporativa socialista “sólo puede responder a desconocimiento, o en su caso a mala fe o a desfachatez política, ya que en esto pasa como en todos los programas sociales en los que la Junta recorta su aportación y el Ayuntamiento mantiene el personal y mantiene la actividad en marcha”.

Para ejemplificar “el despropósito” de la Junta de Andalucía, en sus aportaciones a los servicios y programas sociales en marcha, el concejal del PP se ha referido a cuatro casos: el servicio de atención al inmigrante, el programa de ZNTS, la aportación a la dependencia y los equipos de tratamiento familiar.

En el primer caso, el servicio de atención al inmigrante, si el coste global asciende a 293.913 euros, la Junta ha aportado un 10,05%, frente a los 274.413 euros aportados por el consistorio; un 90% del total.

Un segundo caso, el programa de Zonas con Necesidades de Transformación Social: “La Junta, lejos de incrementar sus recursos a estas zonas especiales con problemáticas estructurales, ha reducido significativamente su aportación para contratar a los profesionales que realizan la intervención”. Los datos hablan de un programa con un coste total de 311.047 euros, de los que el Ayuntamiento asume el 47,92% y la Junta, el 52,08%”.

La ley de dependencia es para el edil “uno de los ejemplos sangrantes de la falta de financiación por parte de la comunidad”. Así, sobre 1.020.537 euros, la administración autonómica ha aportado 305.973 euros, y el Consistorio ha asumido 714.564 euros, un 70% del total. La Junta de Andalucía, lejos de incrementar su aportación económica a este Programa de Refuerzo de Personal, la ha disminuido drásticamente y ha suspendido su aportación a la financiación de los auxiliares administrativos desde el 28 de diciembre de 2012, siendo absolutamente imprescindible su mantenimiento.

Otro ejemplo del “desinterés real por las políticas sociales y de la falta de dotación económica a los ayuntamientos” se pone de manifiesto para el edil en el caso de los equipos de tratamiento familiar. El Ayuntamiento de Granada lleva a cabo la intervención específica con familias en situación de grave riesgo social a fin de posibilitar su reunificación familiar o la adopción de una medida de protección. En este caso, sobre los 550.000 euros a que asciende el servicio, la Junta destina un 48%,43% y el Ayuntamiento aporta más de la mitad, un 51,56%.