Martes, 28 Marzo, 2017

Exalcalde de Santa Fe se declara inocente y se desvincula de irregularidades en contrato de la grúa

Aprobó pliegos para la adjudicación y procedió a la aprobación provisional del contrato. Sin embargo, la definitiva no llegó a producirse

Sergio Bueno, ex alcalde de Santa Fe | Foto: E.P.
E.P.


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El que fuera alcalde de Santa Fe (Granada), el socialista Sergio Bueno, se ha declarado este martes inocente de los delitos contra la administración pública y prevaricación administrativa que se le atribuyen y se ha desvinculado de las posibles irregularidades en la adjudicación del servicio de grúa y retirada de vehículos abandonados por el Consorcio Vega Sierra Elvira cuando él ostentaba su presidencia.

Así lo ha señalado durante la primera de las sesiones del juicio que se ha celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada, donde Bueno se ha sentado en el banquillo de los acusados junto con el que fuera secretario en el Consorcio, Prudencio R.M.

Para los dos la Fiscalía solicita dos años de prisión, ocho de inhabilitación especial para cargo público y otros ocho de inhabilitación absoluta, por la presunta comisión de dos delitos contra la administración pública, uno en su modalidad de prevaricación administrativa perpetrada por funcionario público y otro de fraude y exacciones ilegales.

Los dos procesados recurrieron el auto de procedimiento abreviado que emitió en su día el Juzgado de Instrucción 6 de Granada, pero su petición fue desestimada en un nuevo auto que ellos también impugnaron. Después solicitaron la nulidad de las actuaciones por falta de legitimación del denunciante –el propietario de Grúas Taboada– pero la Audiencia decidió desestimar también en este caso sus pretensiones, confirmando en un nuevo auto la resolución que los ha llevado a juicio.

Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los dos procesados, con la “pretensión de enriquecerse ilícitamente” y “favoreciendo a terceros” a costa de los fondos públicos, iniciaron el 15 de marzo de 2010 un procedimiento de supuesta licitación por el procedimiento de negociado y sin publicidad para llevar a cabo la adjudicación o contratación del servicio de retirada de vehículos abandonados en la vía pública en los términos municipales integrados en el Consorcio.

Sería por un importe total de 60.000 euros por tiempo de dos años, y resultó adjudicataria provisional la mercantil ‘Bueno Mar Sociedad Limitada’, pero, al no hallarse inscrita registral ni tributariamente, tuvieron que renunciar a tal adjudicación, tras denunciarse tales irregularidades.

Ante la situación de hecho así creada, “y persistiendo ambos acusados en los mismos ilícitos propósitos originarios”, el siguiente 3 de agosto promovieron una nueva adjudicación del servicio, ahora con una duración de un año por un importe de 50.000 euros, concurriendo al mismo ‘Grúas Anias’, ‘Grúas Cijuelas’, ‘Bueno Mar’ y ‘Grúas Taboada’.

Las ofertas se abrieron el 30 de agosto de 2010 y resultó de ello la adjudicación, el 28 de septiembre, a favor de ‘Bueno Mar’, que por ello recibió entre el 22 de noviembre de 2010 y hasta un año después un total de 49.560 euros en pagos del Consorcio. Todo, “después de oír desdeñosamente” los acusados “los reparos opuestos frente a la manifiestamente ilícita adjudicación así decidida, y la evidente carencia por parte de la entidad beneficiaria de otros requisitos previamente establecidos en el pliego de condiciones”, lo que motivó un recurso contencioso-administrativo en el juzgado por parte de los otros concurrentes.

SIN PARTICIPACIÓN

Sin embargo, Bueno ha dicho que sólo participó en la primera adjudicación, pero sin participar en la valoración de ofertas ni en la tramitación administrativa que, según ha dicho, correspondía al gerente del Consorcio, porque de lo contrario se habrá “excedido” en sus funciones.

Sí aprobó los pliegos para la adjudicación y procedió a la aprobación provisional del contrato. Sin embargo, la definitiva no llegó a producirse por una serie de reparos del interventor, que advirtió de la posible nulidad de la adjudicación por una serie de errores sobre la prórroga del servicio.

Por eso, se procedió a la segunda adjudicación del servicio, por 50.000 euros por un año, lo que el fiscal le reprocha en su escrito de acusación, teniendo en cuenta que entre el primer y segundo anuncio (15 de marzo de 2010 y 3 de agosto de 2010) el servicio a licitar aumentó casi el doble (de 60.000 en dos años a 50.000 en solo uno).

A sus preguntas por este asunto, Bueno ha explicado que en realidad la primera cantidad se debió a un error, ya que lo estipulado por este tipo de servicio, que incluía una serie de tramitaciones administrativas relacionadas con la retirada de vehículos y el depósito de los mismos, era de 50.000 euros anuales.

El expresidente del consorcio ha explicado que no tuvo ninguna participación en esa segunda adjudicación puesto que no se encontraba en buenas condiciones en lo personal, ya que su padre había fallecido por esas fechas. Por eso, delegó sus funciones en el gerente del Consorcio, aunque ha admitido que sí se recibieron una serie de burofax del denunciante y concurrente, Grúas Taboada, advirtiendo de la posible ilegalidad de la adjudicación.

“Era una cuestión puramente administrativa y se remitió a los órganos administrativos correspondientes”, ha indicado Bueno, quien ha señalado además que ninguno de los miembros del Consorcio advirtió de irregularidades ni se quejó del costo del servicio a adjudicar.

El Ministerio Público y la acusación particular –que representa a Grúas Taboada– le ha interrogado sobre el hecho de que la empresa que resultó adjudicataria, ‘Abogados Asociados Bueno Mar S.L’, carecía de la dedicación y capacidad material para asumir el servicio contratado, de forma que tuvo que subcontratar a su supuesta competidora ‘Grúas Anias’. A ello, Bueno ha contestado que no tuvo noticias de las ofertas y que desconocía a esta empresa, desvinculándose así de su supuesto interés por beneficiarla.

SIN CAPACIDAD DE DECISIÓN

El otro procesado, el secretario del consorcio, ha explicado que tanto en la primera como en la segunda adjudicación sólo dio fe del proceso y ofreció su asesoramiento, pero ha negado que tomara alguna decisión al respecto. Según ha aclarado, la segunda adjudicación no se limitaba sólo a la grúa, sino a toda la tramitación administrativa del servicio, y fue una comisión de expertos la que optó por la oferta ganadora.

Por su parte, el denunciante y propietario de Grúas Taboada, ha testificado que la empresa ganadora de la segunda adjudicación –en la primera no participó– no tenía las características adecuadas al servicio, y ni siquiera estaba dada de alta en el Registro Mercantil o Hacienda.

Por ello le preguntó por este asunto a los dos procesados, a los que les recriminó que hubieran preferido pagar 50.000 euros a una empresa de esas características cuando hasta entonces Grúas Taboada ofrecía el servicio “a coste cero” en localidades como la de Santa Fe, tan sólo pagando por el depósito de los vehículos retirados por la Policía Local por alguna infracción. “No tenía ni pies ni cabeza”, ha dicho el denunciante, que ha indicado que su empresa sí acreditó cumplir las condiciones necesarias.

El juicio continuará este jueves, cuando está previsto que las partes confirmen o modifiquen sus conclusiones provisionales y quede pendiente de sentencia del tribunal.

El Ministerio Público atribuye provisionalmente a los procesados dos delitos contra la administración pública, uno en su modalidad de prevaricación administrativa perpetrada por funcionario público y otro de fraude y exacciones ilegales, y solicita por el primero ocho años de inhabilitación especial para cualquier cargo o función pública y por el segundo dos años de prisión y ocho de inhabilitación absoluta.

Asimismo, en cuanto a la responsabilidad civil, el fiscal pide que los coacusados indemnicen al consorcio en la cantidad de 49.650 euros por importe de los fondos presuntamente sustraídos de manera fraudulenta.

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