Lunes, 23 enero, 2017

Escritor exiliado en Granada aporta pruebas clave a la AN para el caso de los jesuitas asesinados

Se trata de la "primera vez que un testimonio de una voz autorizada del Gobierno" responsabiliza a los autores intelectuales del crimen, según ha indicado el escritor Jorge Galán

Jorge Galán | Foto: archivo
E.P.


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El escritor salvadoreño Jorge Galán, que vive actualmente en Granada tras exiliarse de su país al recibir amenazas de muerte, ha aportado recientemente pruebas clave para el caso del asesinato en 1989 de cinco sacerdotes jesuitas españoles, entre ellos el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Ignacio Ellacuría, en El Salvador, un asunto que investiga el juez de la Audiencia Nacional (AN) Eloy Velasco.

Concretamente, según ha explicado Galán en una entrevista con Europa Press, entregó al magistrado la grabación de la entrevista que hizo al expresidente del país, Alfredo Cristiani, en la que éste señala a los culpables del asesinato de los jesuitas, los miembros de la cúpula del estado mayor, además de otros militares, una grabación que realizó mientras escribía su novela ‘Noviembre’, que trata sobre lo ocurrido y que se publicará en España el próximo otoño.

Se trata de la “primera vez que un testimonio de una voz autorizada del Gobierno” responsabiliza a los autores intelectuales del crimen, según ha indicado Galán, que precisamente tuvo que salir huyendo de su país al salir a la venta su novela en México y Centroamérica.

El pasado mes de marzo, el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, aprobó solicitar la extradición de cuatro militares de El Salvador involucrados en 1989 en el asesinato de los cinco sacerdotes españoles –además de Ellacuría; los vallisoletanos Segundo Montes e Ignacio Martín Baró; el burgalés Amando López y el navarro José Ramón Moreno–. Sin embargo, la Corte Suprema de El Salvador ha denegado anteriormente esa pretensión y ahora tiene pendiente una nueva resolución.

Por ello, Galán considera que la Corte Suprema “se está poniendo del lado de la impunidad, actuando de forma cómplice con los asesinos”. “Es una muestra más de que El Salvador es un estado fallido en el que las instituciones sirven al interés de los poderosos. Somos uno de los países más violentos del mundo, una sociedad que sufre y sangra a diario. La Corte Suprema es el reflejo de todo esto pero no pierdo la esperanza de que se pongan del lado de la verdad y puedan ayudar a recomponer el país en el futuro”, ha sostenido.

En este caso, el escritor tiene claro por qué no se ha hecho aún justicia con los jesuitas asesinados: “por el poder”. Según ha explicado, “los militares son muy poderosos” y “se enriquecieron con la guerra, fueron parte de un tejido social corrupto”. “Ahora han puesto ese tejido a trabajar para evitar la extradición y el Gobierno de mi país, con antiguos comandantes guerrilleros, están contradiciendo sus principios porque el poder corrompe. Es muy decepcionante ver cómo nadie desea que se haga justicia para no alterar su bienestar personal”, ha criticado.

Galán, que entrevistó a algunos de los testigos y protagonistas de aquel momento histórico en su país, en plena ofensiva durante la guerra civil que asoló el país de 1980 a 1992, está a la espera de recibir una respuesta del Gobierno español sobre su petición de asilo político en el país. Por ahora, vive entre Granada y Madrid y teme que no esté cerca su regreso.

“España me ha recibido muy bien, en algunos momentos me ha hecho distanciarme de todo lo que me atormenta. Pero lo cierto es que son ya seis meses fuera de El Salvador y empiezo a albergar la certeza de que no voy a poder volver. La situación no ha hecho más que empeorar, continúan los insultos y las amenazas y en la condiciones actuales es imposible que pueda plantearme volver. Es una espera terrible en la que me encuentro”, ha afirmado.

Consciente de que “ahora es muy complicado” su vuelta a El Salvador, cree que “el odio que mató a los jesuitas y a Monseñor Romero sigue corriendo por las venas de demasiada gente”.

Preguntado por si tiene ahora más miedo que antes, tras la aportación de las pruebas de las que dispone a la Audiencia Nacional, ha respondido: “Mi situación ha empeorado mucho. Digamos que mi pelotón de fusilamiento debe de haberse reproducido mucho estos días. Por otro lado, si un día algo me sucediera todo el mundo va a saber quiénes han sido los responsable. Podrán quedar de nuevo impunes, pero no podrían escapar de la verdad”.

EL CASO

España ha pedido la extradición para su enjuiciamiento por delitos de asesinatos terroristas y crímenes contra la humanidad del coronel Alfredo Benavides Moreno, responsable del batallón Atlacatl, que habría ordenado el crimen; el sargento Tomás Zarpate Castillo, que se confesó autor de disparos a dos de las víctimas; el sargento Antonio Ramiro Ávalos Vargas, que causó la muerte de dos sacerdotes y ordenó matar a dos personas más y Ángel Pérez Vásquez, cabo del mismo batallón Atlacatl, que confesó haber asesinado a uno de los sacerdotes.

Todos ellos son sospechosos de haber participado en el asalto a la Universidad Centroamericana en el Salvador el día 16 de noviembre de 1989 y haber provocado la muerte de cinco sacerdotes españoles y tres ciudadanos salvadoreños: el jesuita Joaquín López y López y Elba y Celina Ramos, madre e hija, empleadas domésticas.

El juez Eloy Velasco solicitó al Gobierno el pasado mes de febrero que los reclamara y los exmilitares fueron detenidos en el país centroamericano semanas después de que el magistrado emitiera una nueva orden de detención contra ellos a través de Interpol. Velasco ordenó el arresto de un total de 17 exmilitares, a los que procesó en mayo de 2011 por los asesinatos.

Les atribuye ocho delitos de terrorismo y otro de lesa humanidad o contra el derecho de gente, adoptó esta decisión ante el “giro jurisdiccional” observado por las autoridades de El Salvador, que denegaron la entrega a España de los reclamados en agosto de 2011 y la autorizaron cuatro años más tarde.

En mayo de 2011 el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 también procesó jefe del Estado Mayor en el momento en que se produjeron los hechos, René Emilio Ponce; el comandante Carlos Camilo Hernández y el teniente René Yusshy Mendoza.

“DESARMADOS Y EN PIJAMA”

El juez detallaba en su auto de procesamiento que la muerte de los jesuitas se produjo en un contexto de “intensa polarización” entre el Gobierno militar y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el cual los sacerdotes se erigieron como mediadores entre ambas partes para un “proceso de diálogo” y fueron acusados, en virtud de su afinidad con la teología de la liberación, de incitar a los campesinos a “una conspiración comunista internacional al servicio del Kremlin”.

La decisión de acabar con la vida de los jesuitas fue adoptada por un grupo de oficiales de élite denomina La Tandona y ejecutada por el coronel Benavides, que dio la orden a los miembros del batallón ‘Atlacatl’.

El asalto, que se produjo después de que los servicios de inteligencia alertaran de la supuesta presencia de un centenar de “terroristas” en la UCA, se produjo cuando los sacerdotes, “algunos bastante mayores”, estaban “desarmados” y se encontraban en “pijama”, según confesó el sargento Antonio Ramiro Ávalos, alias ‘Satán’.

Éste relató cómo el comandante Espinoza preguntó al soldado Óscar Mariano Amaya Grimaldi por qué no disparaba a Ellacuría, Martín Baró y Montes, que yacían en el suelo. Además, ‘Satán’ mató a Amando López y Juan Ramón Moreno y dio la orden de acabar con la vida del salvadoreño Joaquín López, y de Elba y Celina Ramos, que murieron “parcialmente abrazadas”.

Tras los crímenes, otro de los soldados, Guevara Cerritos, escribió una pintada en la pared para atribuir la matanza a la guerrilla: ‘El FMLN ejecutó a los enemigos espías. Victoria o Muerte”.

La AN no llegó a imputar al expresidente Alfredo Cristiani a pesar de que la querella, presentada por una religiosa carmelita hermana de uno de los fallecidos, también se dirigía contra él.

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