Lunes, 10 de Diciembre de 2018

            

Entidades granadinas se unen para reclamar una acogida digna a las personas que llegan hasta nuestras costas

Un total de 38 entidades de la provincia han presentado un decálogo para respetar los derechos humanos de los inmigrantes

Patera llegada a las costas andaluzas en 5 de julio de 2018 | Foto: Archivo GD
Redacción GD


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Un total de 38 entidades granadinas, que conforman la Red Granadina por el refugio y la acogida, se han unido para criticar la “desprotección a la infancia” que provoca que “menores no acompañados” que llegan a las costas andaluzas en pateras acaben en “recursos para mayores de edad o en la calle”, y ha lamentado la “presencia” de niños y bebés en “instalaciones deficientes”, así como el hecho de que “menores de edad hayan sido atados con bridas con el objeto de evitar su huida”.

Asimismo, estas entidades han explicado que, en los últimos meses, debido a diversos factores internacionales “como el endurecimiento de la política migratoria italiana y el cierre de fronteras en Turquía”, se ha producido un incremento de llegadas por vía marítima a las costas españolas.

A pesar de que varias organizaciones nacionales e internacionales “llevaban tiempo alertando de que se produciría esta reactivación de la vía migratoria por el Mediterráneo Occidental”, estas entidades han lamentado que las administraciones españolas responsables de acoger “dignamente a las personas migrantes han dado muestra de una absoluta falta de previsión y están respondiendo a la situación con una improvisación preocupante”.

Con la “excusa de encontrarse desbordado” por un incremento de las llegadas “supuestamente inesperado”, el Gobierno anterior puso en marcha medidas de emergencia que, en algunos casos, “atentaban incluso contra los derechos humanos, como el encierro de decenas de personas hace algunos meses en la cárcel de Archidona” (Málaga), ha criticado la Red Granadina por el refugio y la acogida.

También ha alertado de que los centros de emergencia habilitados por la Junta de Andalucía para la acogida de menores extranjeros no acompañados muestran “graves deficiencias que han sido denunciadas por distintas entidades sociales, como la falta de declaración en desamparo y tutela, el número insuficiente de educadores o la no escolarización de los menores”.

“ESCASA COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES”

“La falta de medios dedicados a atender el incremento de llegadas por vía marítima, así como la escasa coordinación entre administraciones está dejando a miles de inmigrantes recién llegados sin recursos ni información sobre su situación, lo cual ha obligado a que la ciudadanía se organice para tratar de paliar su sufrimiento”, ha explicado.

Estas entidades han lamentado que en diciembre, “decenas de personas enviadas desde Motril (Granada) con la promesa de que serían atendidas por una ONG quedaron abandonadas en la estación de autobuses de Granada”.

Este hecho aseguran que propició que un grupo de asociaciones instara al Ayuntamiento a activar un protocolo de emergencia con el que “hacer frente a este tipo de situaciones”.

Esta iniciativa se ha ido concretando en grupos de trabajo y en la cesión de plazas de acogida pertenecientes a entidades religiosas, de forma que la ciudad de Granada cuenta ya con “la capacidad de hacer frente de forma coordinada a este tipo de llegadas colectivas”.

No obstante, han matizado que las organizaciones y ciudadanos que han aceptado participar en este protocolo son “muy conscientes de que se trata de un plan de emergencia que ha tenido que ponerse en marcha para no dejar a las personas inmigrantes en la situación de desamparo en la que han caído por culpa de la dejación de las administraciones responsables”.

Por este motivo, “si bien se considera necesario el apoyo ciudadano”, hay también una “firme denuncia de las graves deficiencias que se detectan en la atención que reciben las personas que llegan hasta nuestras costas, y una exigencia de que se dediquen más recursos humanos y materiales para asegurar una acogida adecuada”.

La Red por el refugio ha asegurado que en la atención de las llegadas colectivas a las costas españolas “se están detectando numerosas deficiencias en instalaciones inadecuadas”.

Igualmente, ha apuntado “falta de personal”, y ha lamentado que “no se está realizando una atención jurídica individual adecuada y con los servicios de traducción necesarios”. Asimismo, “existen casos de enfermedades que no se han detectado y no se cuenta con personal que pueda brindar apoyo psicológico ni mediación”.

En cuanto a la “desprotección de la infancia”, las entidades han lamentado que “se ha podido comprobar que en algunos casos se determina la edad con absoluta arbitrariedad”, hecho que “tiene como consecuencia que menores no acompañados acaben en recursos para mayores de edad o incluso en la calle”.

“SIN CONTACTO CON INTÉRPRETES”

Las entidades han lamentado la “falta de acceso a la información”, y han indicado que “muchas personas declaran no haber tenido contacto con un intérprete”, lo que conlleva que “no conozcan ni siquiera cuál es la situación documental en que se encuentran, qué derechos tienen ni a qué recursos pueden acceder”.

Además, han apuntado que “en gran cantidad de ocasiones no se les facilita su Número de Identificación de Extranjero (NIE)”, y éste tampoco se deja registrado en la orden de devolución que se les abre, de forma que “no pueden acceder a ningún recurso de acogida y se dificulta enormemente que se trasladen a otras ciudades”.

“La imposibilidad de detección de personas en situación de especial vulnerabilidad debido la falta de una atención jurídica adecuada, así como la ausencia de intérpretes conlleva que en muchos casos no sea posible determinar si las personas atendidas son menores, víctimas de trata o potenciales solicitantes de Protección Internacional”, continúa el comunicado.

En cuanto a las personas que no son enviadas a Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ni a recursos de acogida humanitaria, han explicado que “se las suele trasladar a otras ciudades de España sin recursos ni información sobre a dónde pueden acudir”.

También han criticado que estos traslados se llevan a cabo “sin coordinación alguna con las administraciones de las ciudades a las que llegan”, por lo que “sólo logran salir adelante gracias a la organización ciudadana, que está funcionando como una red de apoyo en diferentes localidades”.

Igualmente, han defendido que la Junta de Andalucía debe “garantizar la protección de los menores que llegan a su territorio sin acompañamiento”, con instalaciones “adecuadas, personal capacitado suficiente para su atención, la tramitación eficaz de la tutela y la escolarización en la mayor brevedad posible”.

“El gobierno central debe asegurar una acogida respetuosa con los derechos de las personas que llegan hasta nuestras costas, brindando instalaciones adecuadas, atención jurídica individualizada, servicio de traducción, atención sanitaria y psicológica suficiente, así como atención a situaciones de especial vulnerabilidad”, han reivindicado.

Asimismo, han instado al Gobierno a “presionar” a la Unión Europea (UE) para que modifique su política migratoria y que, en lugar de dedicar “enormes sumas a fortalecer y externalizar sus fronteras, así como a encerrar y expulsar a personas indocumentadas”, busque fórmulas para “atajar las causas de la inmigración y vías legales para que los migrantes puedan acceder de forma segura al continente europeo”.


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