Martes, 11 de Diciembre de 2018

            

Emucesa denuncia al Juzgado las supuestas contrataciones irregulares durante el gobierno del PP

En el escrito se solicita que se investiguen estos hechos "hasta depurar las responsabilidades que procedan".

Archivo GD
EP


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Emucesa, la empresa que gestiona el cementerio municipal de Granada, ha formalizado ante el Juzgado una denuncia por las supuestas contrataciones irregulares de altos cargos en esta entidad durante la etapa del gobierno del PP, después de que varios informes técnicos hayan estimado que cinco de estas personas nunca llegaron a trabajar para la sociedad y que los hechos podrían constituir, al menos, un delito de malversación de caudales públicos.

La denuncia, formalizada el lunes, se produce después de que el Consejo de Administración de Emucesa acordara el pasado 24 de enero llevar a los tribunales esta supuestas contrataciones ‘fantasma” de personas afines al PP, denunciando por la vía penal a los consejeros delegados que presuntamente respaldaron los contratos –el exedil Eduardo del Moral y la todavía concejal del PP María Francés– y a las personas que ostentaron estos puestos.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, se solicita que se investiguen estos hechos “hasta depurar las responsabilidades que procedan”. Para ello se, incluyen los informes elaborados por el director general y el director gerente de Emucesa en los que se exponen que cinco personas empleadas bajo la modalidad de contratos de alta dirección, suscritos sucesivamente por los citados consejeros delegados, “nunca habían acudido a la sede de la empresa ni se conocía trabajo alguno realizado por las mismas”.

El informe jurídico elaborado al respecto concluye que entre 2003 y 2012, cuando la empresa era cien por cien pública, se beneficiaron de estos contratos seis personas con un coste de mas de 300.000 euros y sólo consta que una de ellas asistiera a la empresa y realizara algunos trabajos.

La contratación del resto “se realizó realmente para fines ajenos a la actividad de Emucesa”, según el asesor jurídico de la entidad, que recuerda que esto conllevaría la aplicación de recursos económicos de una sociedad mercantil que tiene carácter público y “capital entonces íntegramente municipal”.

Dada la condición de ediles de los consejeros delegados de Emucesa, se estima que “puede existir responsabilidad por posibles delitos de malversación de caudales públicos” sin perjuicio de otras figuras delictivas.

En el escrito presentado ante el juzgado se precisa que una de las personas contratadas ha reintegrado a la empresa los 16.863 euros a los que ascendió el coste de su contrato y se acaba solicitando que se tenga por presentada esta denuncia y se investiguen los hechos.


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