Domingo, 16 de Diciembre de 2018

            

Empresarios piden al Gobierno control de viviendas de alquiler turístico, unas 1.600 en la provincia

Piden una normativa que facilite la labor de la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo sobre ellas

Imagen ilustrativa
EP


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La Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada ha pedido este martes al Gobierno que refuerce el control sobre las viviendas destinadas a alquiler turístico, unas 1.600 en la provincia, con una normativa que facilite la labor de la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo sobre ellas.

En rueda de prensa tras la quinta reunión de la la mesa para combatir los alojamientos clandestinos y la competencia desleal, que ha contado con la participación de las administraciones públicas, el presidente de la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Trinitario Betoret, ha señalado que es “imposible” cuantificar cuántas de estas viviendas desarrollan su actividad de forma ilegal, partiendo de la base de que su cuantificación varía entre las alrededor de 8.000 plazas que generarían según los datos de la Junta –donde constan unas 1.600 viviendas, ha indicado–, y las 17.000 plazas que contabiliza Exceltur.

Si la actividad de estos alojamientos se considerara económica, muchos de sus propietarios se llevarían un “susto”, ya que existe una amplia “bolsa de fraude fiscal y laboral” en torno a la misma, y se facilitaría también la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha explicado Trinitario Betoret, que ha hecho hincapié en las detenciones que ha llevado a cabo la Policía Nacional por actividades ilícitas en estas viviendas de “gente alojada en la provincia”, que “no controla”.

Implementar medidas por el Gobierno facilitaría también la “capacidad legislativa” de la Junta, cuyo decreto de viviendas con fines turísticos supuso un “efecto llamada”, pues, al no presentar “excesivas restricciones”, llevó a que se introdujeran en el mismo la actividad de muchos alojamientos de “nueva creación” y no solo los que estaban en la “alegalidad”, ha explicado Betoret.

El representante de los empresarios ha alabado la colaboración público-privada en torno a esta materia, y entre las propias administraciones, lo cual es positivo, en su opinión, por la “información que fluye de una administración a otra”. Ha cuestionado la “capacidad de acción” del Ayuntamiento de Granada en medidas como la declaración de algunas zonas de la ciudad como “saturadas” de estos alojamientos, lo cual ve una “idea estupenda” siempre que no se incluyan en los mismos los apartamentos turísticos, y no se dificulte la “la acción empresarial”.

COMPETENCIA DESLEAL

La reunión también ha abordado cuestiones como las acampadas ilegales, las denominadas ‘autocaravaning’, o “la reventa de entradas” en la Alhambra, ha explicado Trinitario Betoret, que ha pedido medidas contra las que ha denominado “empresas champiñón” frente a las agencias que trabajan directamente con el cliente final y “hacen negocio con guías de Granada”.

Además, Betoret ha llamado la atención sobre la actividad de los conocidos como ‘free tours’, en cuyo control se debe involucrar, ha señalado, la Policía Autonómica, además de reforzar las inspecciones de los trabajadores de estas empresas.

A este respecto, el presidente de la Asociación de Guías, Miguel Campos, ha señalado que en estas rutas el pago es “voluntario” pero no son “gratis”, y ha asegurado que quienes las guían trasladan “barbaridades” a los turistas sobre la historia y el patrimonio granadino, andaluz y español, a cambio de “salarios basura”, todo lo cual es una “tragedia”.


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