El Tribunal Supremo anula la sentencia del caso 'Medina Elvira Golf'

La Audiencia de Granada deberá pronunciarse de nuevo sobre las responsabilidades penales de la macro urbanización ilegal de Atarfe

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Vista del complejo Medina Elvira Golf | Imagen: poratarfe.wordpress.com
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El Tribunal Supremo ha hecho pública la Sentencia que ha dictado en el caso “Medina Elvira Golf”, la macro urbanización ilegal de Atarfe (Granada). En dicha sentencia, el Alto Tribunal anula la sentencia anterior dictada por la Audiencia Provincial de Granada que absolvía a los acusados, y ordena que se dicte una nueva sentencia en la que la Audiencia se pronuncie sobre todos los hechos y todos los delitos que habían sido objeto de acusación, parte de los cuales, fueron indebidamente excluidos del enjuiciamiento.

La anulación de la primera sentencia afecta a dos acusados, el promotor inmobiliario Maximiliano Balboa Balboa y el arquitecto municipal Luis Gustavo García Camacho, por lo que la Audiencia Provincial de Granada tendrá que volver a pronunciarse sobre la culpabilidad de ambos. El promotor y el arquitecto, responsables junto a otros acusados de la construcción de una urbanización supuestamente ilegal con más de mil viviendas y un campo de golf en un espacio no urbanizable y especialmente protegido de la Vega de Granada en el término municipal de Atarfe, habían sido acusados por los ecologistas, pero la Audiencia les absolvió al excluir del enjuiciamiento algunos de los hechos y delitos.

La causa se remonta a 2005, cuando los acusados levantaron una urbanización de más de mil viviendas y un campo de golf de 600.000 metros cuadrados en una zona calificada de máxima protección urbanística y excepcional valor medioambiental. En concreto, construyeron edificios de 9 pisos, más de 1.000 viviendas, donde el máximo autorizado eran 150 chalets de dos alturas.

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación -cuya vista pública tuvo lugar el pasado 22 de julio-, que fue presentado por varias organizaciones ciudadanas de Granada que ejercieron la acción popular (Salvemos la Vega,
Ecologistas en Acción, Adobe, arquitectura y compromiso social, y la Asociación de Vecinos de Caparacena). y que han estado representadas por el abogado y fiscal anticorrupción en excedencia Carlos Castresana.

Las asociaciones mencionadas, tras diez años sosteniendo la acusación popular, celebran esta resolución del Supremo como un paso más para que los "graves daños ambientales perpetrados en la operación de Medina Elvira golf sean juzgados y los responsables no queden impunes".







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