Martes, 24 enero, 2017

El SAE concedió 49 millones en ayudas a la Faffe "sin justificación"

En las subvenciones para la formación profesional para el empleo, el trabajo se ha centrado en las ayudas dirigidas prioritariamente a desempleados y a ocupados concedidas en 2009 y 2010

E.P


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La Cámara de Cuentas de Andalucía ha apuntado que la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) recibió subvenciones nominativas por valor de casi 49 millones de euros en 2009 y 2010 de las que “no consta justificación alguna, a pesar de haber finalizado el plazo límite para ello”.

La Cámara de Cuentas ha hecho público un informe, llamado ‘Fiscalización de subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo para la formación profesional para el empleo y seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de 2004’, donde se detectan numerosas irregularidades en dichas subvenciones, de forma que en ciertos casos y subvenciones “podrían derivarse responsabilidades administrativas y contables”.

En las subvenciones para la formación profesional para el empleo, el trabajo se ha centrado en las ayudas dirigidas prioritariamente a desempleados y a ocupados concedidas en 2009 y 2010. El informe precisa que se ha examinado una muestra de 78 expedientes por importe de 279.589.838 euros, representativa del 37 por ciento del total concedido en 2009 y 2010, de los que 55 corresponden a alguno de los planes o programas de la orden de 23 de octubre de 2009, 18 son ayudas del Plan Memta, cuatro son subvenciones nominativas y un expediente es una subvención excepcional.

El informe, consultado por Europa Press, apunta que en ciertos casos “podrían derivarse responsabilidades administrativas y contables” debido a “los cursos para desempleados no incluidos en el fichero; la aprobación de modificaciones de las resoluciones de concesión por un órgano no competente; la concesión de ayudas por encima del importe máximo permitido; la imputación como subvencionables de gastos no elegibles, la no exigencia de intereses de demora en casos de reintegro; la ausencia de justificación en las subvenciones nominativas a la Faffe; y, la declaración de excepcionalidad, el incumplimiento de requisitos para la subcontratación, y la falta de justificación de la subvención excepcional a la Faffe”.

Por otro lado, se ha revisado la justificación y liquidación final de diez expedientes por 17.729.016,57 euros, que a la finalización del trabajo de campo del informe anterior no habían acabado su tramitación, y de los que se desprenden deficiencias como “retrasos de hasta dos años en la revisión de la justificación, gastos no elegibles, ausencia de parte de la documentación justificativa y no constancia de los informes de inserción laboral”.

SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y EXCEPCIONALES

En el informe se recoge un apartado específico relativo a las subvenciones nominativas y excepcionales. Las principales conclusiones sobre las subvenciones nominativas indican que los presupuestos anuales de la Comunidad contemplan créditos nominativos a UGT-A y CCOO-A destinados a infraestructuras para la formación, que en 2009 ascendieron a 1.350.000 euros y 2.676.927,16 euros, respectivamente. En ese sentido, el ente fiscalizador apunta que la orden a la que alude “no prevé este tipo de objeto como subvencionable”.

Por lo que se refiere a los expedientes de la muestra de subvenciones nominativas a la Faffe por 24.577.231,59 euros en 2009 y 24.321.223,95 euros en 2010, ha señalado que “no consta justificación alguna, a pesar de haber finalizado el plazo límite para ello”. Además, parte de los cursos subvencionados “no se han iniciado o están pendientes de finalizar”.

 

El informe alude a la subvención excepcional concedida a la Faffe por 8.962.792 euros para la IV fase del plan formativo de los extrabajadores de Delphi, donde se han observado “incidencias”, como que “no se justifica su carácter excepcional; se han detectado incongruencias en las fechas de los distintos ítems del procedimiento; se ha autorizado que la actividad subvencionada se ejecutara parcialmente por la Fundación Universidad Empresa de Cádiz, incumpliéndose la normativa; se han ejecutado 308.977,91 euros menos de lo concedido; no constan la memoria de actividades, el desglose de gastos, el listado de participantes, ni el informe del auditor”.

Agrega que esta resolución de concesión “contempla unas becas por asistencia y gastos de transporte que no son acordes a lo establecido en las órdenes reguladoras”. En ese sentido, el informe indica que “el número e importancia de las incidencias detectadas en este expediente impiden pronunciarse sobre la elegibilidad de los gastos, la adecuación de los justificantes, el desarrollo de todas las acciones subvencionadas, y la razonabilidad de las becas por asistencia y gastos financieros”.

Por otro lado, el informe apunta que “no se han implantado las recomendaciones del informe de 2004, ni se han subsanado las deficiencias detectadas”, de forma que “sigue existiendo disparidad de criterios entre las distintas provincias, debilidades en el archivo de los expedientes y de control interno; y se siguen detectando deficiencias similares”.

CONCLUSIONES GENERALES

Entre las conclusiones generales, el informe de la Cámara de Cuentas, consultado por Europa Press, precisa que se observan “deficiencias de control interno” en los aplicativos informáticos de gestión de las ayudas. Estas deficiencias junto a las “incongruencias y discrepancias” detectadas entre la base de datos facilitada al inicio de la auditoría y otra información aportada durante el desarrollo del trabajo de campo, han supuesto una “limitación al alcance del trabajo”.

El informe indica que con carácter general, “no hay constancia en los expedientes de la inscripción o acreditación del beneficiario en el registro de centros y entidades de formación profesional para el empleo en Andalucía”.

En cuanto al procedimiento de concesión de las ayudas, apunta que en 2009 y 2010 “sólo el 89 y el 36 por ciento de las ayudas, respectivamente, se concedieron utilizando el procedimiento de concurrencia no competitiva”, de forma que las subvenciones concedidas se instrumentan a través de convenios de colaboración y se abonan por el importe total sin necesidad de justificación previa. En ese punto recuerda que los convenios suscritos con agentes sociales y económicos para la formación a desempleados están recurridos; y el SAE “manifiesta no tener constancia de sentencia al respecto”.

Asimismo, tras apuntar que “no existe una planificación única y coordinada de la oferta formativa dirigida a desempleados”, el informe indica que en tres de los expedientes de desempleados revisados, en la mayoría de subcontrataciones de la actividad formativa “se concede la autorización por silencio administrativo”, lo que puede ocasionar que el beneficiario “subcontrate en supuestos no permitidos, así como la falta de comprobación por parte del órgano gestor de los requisitos previos”.

Por lo que se refiere a la justificación y liquidación de las ayudas, el informe destaca que el programa 3.2.D ‘Formación para el empleo’ presentaba, al cierre de 2009 y 2010, un total de 103 millones y 330 millones de libramientos pendientes de justificar fuera de plazo, lo que “ha hecho necesaria la emisión de resoluciones de exoneración para eludir la imposibilidad legal de abonar subvenciones a beneficiarios que no hayan justificado ayudas anteriores”.

El informe ha detectado “falta de homogeneidad y uniformidad” entre los distintos órganos gestores en cuestiones como “el contenido y archivo de los expedientes, los plazos exigidos para cumplimentar la ficha de los cursos o el procedimiento de selección de los alumnos”.

Indica que la descripción de los gastos que figura en las certificaciones de la cuenta justificativa resulta genérica “no detallándose la naturaleza real de éstos”.

El informe indica que “se han observado disparidades significativas en los costes derivados del informe de auditor en expedientes de cuantías similares, así como en las retribuciones de docentes imputadas como subvencionables”.

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