Lunes, 24 Julio, 2017

            

El rector de la UGR cree que la reforma de grados encarecerá los estudios

El rector granadino ha recordado que el decreto del Gobierno deja su aplicación en manos de las universidades.

Lodeiro en un acto académico | Foto: Archivo


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El rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, mantiene que la reordenación de grados universitarios aprobada por el Consejo de Ministros supone un “encarecimiento” de los estudios universitarios y ve necesario en ese caso corregir el decreto de precios públicos.

A preguntas de los periodistas antes de inaugurar el Congreso Bienal de la Sociedad Española de Matemáticas, González Lodeiro ha recordado que la Conferencia de Rectores no ve oportuno el decreto de ordenación de estudios universitarios “no porque se oponga al modelo” sino porque antes sería necesario valorar cómo ha funcionado el modelo actual, el llamado 4+1 (cuatro años de grado y uno de máster).

Junto a ello, el rector ha hecho hincapié en el debate suscitado sobre el encarecimiento de los estudios universitarios que puede suponer el nuevo modelo.

“Hay que corregir el decreto de precios públicos y que el precio del crédito del segundo ciclo o el llamado máster cueste exactamente lo mismo que el primer ciclo y con esto nos habríamos ahorrado el debate, que en el caso de los estudiantes está más en ese lado que en la propia estructura de los estudios”, ha añadido el rector de la UGR.

En este sentido, ha dicho no estar en contra de la convergencia con Europa, pero ha considerado “curioso” que la propongan quienes en su momento “hicieron la divergencia”, a los que ha instado a explicar su “entusiasmo” por el nuevo sistema propuesto de tres años de grado y dos de máster (el llamado 3+2).

Preguntado sobre la reunión de este martes entre el Consejo Andaluz de Universidades y la presidenta de la Junta, Susana Díaz –que ya ha avanzado que propondrá a la comunidad universitaria “no aplicar” la reordenación de grados– el rector granadino ha recordado que el decreto del Gobierno deja su aplicación en manos de las universidades.

De hecho, ha dicho desconocer cómo va a funcionar, en un país como España, “donde hay tanto corporativismo en las profesiones”, que para una misma formación haya regiones en las que los estudios duren tres años y en otras cuatro.

“No sé eso cómo se va a regular o si provocará distorsiones”, ha añadido González Lodeiro, recordando que, en general, la duración de los estudios y su estructura suele ser la misma dentro de cada país europeo.

MODELO COMÚN EN ANDALUCÍA

El director general de Universidades de la Junta de Andalucía, Manuel Torralbo Rodríguez, ha señalado a preguntas de los periodistas que la pretensión que persigue el Gobierno andaluz con la reunión de este martes es “consensuar” con las universidades un modelo común en Andalucía, algo que considera “fundamental”.

También ve “clave” que el real decreto de precios públicos sea “tocado, reformado o derogado” para que la reforma de grados se pueda hacer con “otra tranquilidad, sobre todo para las familias”.

“Es importante hablar con las universidades, dialogar y encontrar un modelo común, porque si lo que pretende el real decreto es converger con Europa, al dejarlo a la libertad de las universidades” lo que va a “permitir es una divergencia dentro de España”.

“Queremos converger con Europa y al final el resultado será una divergencia española y las dos cosas casan mal”, ha advertido el director general de Universidades de la Junta de Andalucía.

COMPETIR EN IGUALDAD

A preguntas de los periodistas sobre este asunto, la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, Carmen Vela Olmo, ha destacado la idoneidad de que los estudios universitarios españoles se adapten a Europa, donde en la mayoría de los casos se usa la fórmula de 3+2.

Tras reconocer que el consenso “siempre es muy buena práctica”, Vela Olmo ha abogado por propiciar que los estudiantes españoles compitan con los europeos en las mismas condiciones, aunque, según ha remarcado, será la “comunidad universitaria y el Ministerio de Educación quienes tengan la última palabra” en este asunto.

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