Lunes, 21 Agosto, 2017

            

El racismo cotidiano persiste en España mientras el discurso xenófobo “se endurece”, según un informe

Hombre joven y originario de un país subsahariano, el perfil más vulnerable

E.P


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El racismo cotidiano, que se produce entre vecinos o en el acceso a servicios públicos o privados, persiste en España mientras el discurso social de rechazo al extranjero “es cada vez más duro”, según las conclusiones del informe anual de la Federación estatal de SOS Racismo, que ha documentado 247 casos en sus delegaciones durante 2015 de los que 96 eran constitutivos de delito de odio.

Conforme ha señalado el secretario de la Federación de SOS Racismo, Mikel Mazquiarán, “hay un racismo social escondido” que es necesario visibilizar, “porque no se recoge ni en las estadísticas oficiales ni en las noticias” y es “la discriminación no expresada que sufre alguien cuando va a una agencia a por una vivienda en alquiler” y al observar su raza, le dicen que no hay pisos disponibles.

“Esa es la discriminación que está ahí, escondida, y en la que tenemos que trabajar. Eso no ha disminuido y va acompañado de un discurso cada vez más duro sobre los extranjeros en el ámbito diario”, ha señalado Mazkiarán, para incidir en que mientras las estadísticas dicen que “no hay conflicto por el hecho migratorio”, en el espacio público “sí se encuentra ese rechazo”. “Cuando va a compañado de un discurso político sí se puede crear estado de opinión”, ha alertado.

Como cada año, la organización hace balance de situacion a partir de las denuncias por racismo recogidas en sus oficinas de Madrid (18), Galicia (6), Cataluña (80), Aragón (112), Navarra (12) y Guipuzkoa (19). En 2015 sumaron 247 de las que 96 podían ser calificadas directamente como delitos de odio.

Mazkiarán, ha explicado que estos datos “no son más que una muestra” y no sirven como foto fija del odio en España, algo que intenta medir el Ministerio del Interior con los atestados policiales por incidentes de este tipo (más de 1.300 en 2015). Ese recuento oficial, no obstante, tampoco es del todo concluyente para SOS Racismo, pues no abarca esas muestras de racismo cotidiano que no constituyen delito; ni hace seguimiento de los casos.

En el ‘botón de muestra’ que ofrece SOS Racismo, el grupo más amplio de denuncias y el que más crece respecto el año anterior (son el 28% frente al 19% de 2014) es el de conflictos y agresiones, con un total de 68 casos. La mitad de ellos estaban relacionados con incidentes en el ámbito vecinal, como los que afectan la familia C., nigeriana, que tiene que soportar que su vecina golpee la pared para llamarles “esclavos”.

En este grupo se incluyen casos más graves, como el que ha detallado la representante de SOS Racismo en Galicia, Vanessa Míguez, de un joven que volvía del rezo de la mañana cuando otro joven en estado de embriaguez le increpó y le rompió una botella en la cabeza. Un compañero le recogió y le llevó a su domicilio. Cuando ambos volvieron a salir a la calle, el agresor les estaba esperando: Le golpeó en la cabeza con un palo de madera. Están pendientes de juicio.

“Hay quien piensa que una persona así merece ser agredida o que tiene menos derechos (…) Se ataca al débil o al que se piensa que no se va a defender”, ha sentenciado tras exponer otro caso, el de un joven que vendía sombreros en una feria y que acabó recibiendo una paliza por otro joven que estaba de fiesta y que previamente, le había estado humillando.

RACISMO INSTITUCIONAL

El segundo grupo más amplio de denuncias recogidas por SOS Racismo hacen referencia a racismo institucional, con un 22% del total. Algo más de la mitad tienen que ver con los trámites de regularización de extranjería, un 28% ocurrieron en el marco del acceso a la nacionalidad y el 11% se presentaron en relación con los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Sobre este asunto, el presidente de SOS Racismo Madrid, Moha Gerehou, ha incidido en la falta de transparencia de estos establecimientos, donde asegura, no se cumplen las previsiones legales en asuntos como el mínimo de 12 horas con que se debe notificar una expulsión.

Ha detallado además algunos de los perfiles con que se ha topado la organización en el CIE de Aluche, como la existencia de menores con documento original de su país que fueron tomados por adultos, de víctimas de trata, posibles refugiados o personas con discapacidad.

Gerehou ha destacado la dificultad para recoger estas denuncias en particular y las de discriminación y racismo en general. “Nosotros tenemos contacto con asociaciones de aquí que te cuentan sus casos de racismo, todos te cuentan sus casos, pero a la hora de denunciar no se da el paso por miedo a las autoridades”, ha afirmado.

En su opinión, no es que la policía en sí sea racista, “lo es en la medida en que lo es la sociedad”, pero “tiene poder”. Constan en el informe 44 casos por abusos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de las que 37 han sido denunciadas como delitos de odio.

VIOLENCIA FÍSICA Y VERBAL

En total, los casos constitutivos de estos delitos suman 96 en 2015 y entre ellos, “los delitos con un contenido de violencia física o verbal representan la mayoría de estos incidentes con motivación racista”. Entre los denunciados hay particulares, miembros de extrema derecha y agentes de seguridad privada.

“Mención especial merecen los casos de abusos motivados por racismo y xenofobia perpetrados por agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, comunidades autónomas y municipios, punibles según el Código Penal: Estamos hablando de situaciones de agresión verbal, trato humillante o vejatorio, abuso de autoridad, agresión física, detención no justificada, acusaciones falsas y atestados policiales redactados para justificar una actuación policial incorrecta”, dice el informe.

En cuanto a las víctimas, la mayoría de las denuncias fueron presentadas por hombres (179) y en todos los casos a excepción de cinco, versaban sobre mayores de edad. Del total de denunciantes, 147 se encontraban en situación administrativa regularizada, 53 eran nacionales de la Unión Europea y 44 estaban en situación administrativa irregular. Las más vulnerables, según el informe, son las personas procedentes de países subsaharianos.

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