Lunes, 18 Diciembre, 2017

            

El PSOE registra hoy sus alegaciones a las ordenanzas fiscales

El grupo municipal socialista propone un recargo en el IBI para viviendas de uso residencial vacías cuya titularidad corresponda a entidades financieras como consecuencia de una ejecución hipotecaria

Fachada del ayuntamiento de Granada | Autor: Archivo GD
Ángela Gómez | @_Angela_GA


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De las 33 alegaciones que hoy el grupo municipal socialista ha registrado (la fecha legal para la presentación de estas alegaciones termina mañana), la número 12 pretende suprimir un punto de la ordenanza fiscal que regula el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

La justificación del grupo municipal para la retirada de este punto reside en que las ayudas estatales y de la Unión Europea que reciben las entidades financieras así como los beneficios de los principales bancos españoles justifican la retirada de la bonificación. Además, según se puede leer en el documento que recoge estas alegación, “resultaría socialmente inexplicable que las Ordenanzas fiscales del ayuntamiento de Granada concediera esta bonificación a las entidades financieras mientras que no prevé ningún tipo de beneficio fiscal para aquellas personas que han perdido su vivienda como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria”.

“Entendemos que a través de la legislación andaluza en materia de vivienda podemos dar un concepto claro de lo que es una vivienda desocupada, y entendemos también que ya está bien de ‘brindis al sol’, y que desde el punto de vista fiscal también se puede ayudar a que las viviendas que estén en el stock de las entidades financieras salgan al mercado para paliar situaciones dramáticas de desahucios”, ha explicado el concejal socialista, Baldomero Oliver.

Las alegaciones se presentarán en el próximo pleno donde “quedará delimitado la presión fiscal que los granadinos tendrán en 2016”, ha apuntado Oliver. El concejal socialista espera que los grupos municipales de la oposición hagan ejercicio de su responsabilidad y que el equipo de Gobierno local dejen a un lado las elecciones generales que están condicionando el debate sobre las ordenanzas fiscales en esta ciudad. “Esperemos que se les pase el chip electoral porque hay que tomar decisiones importantes, sobre todo, en materia de IBI”, ha criticado Oliver.

La mayoría de estas alegaciones van encaminadas a mejorar las bonificaciones acordes a la situación económica de los granadinos. Baldomero Oliver, en rueda de prensa, ha destacado algunas de ellas.

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Respecto a esta ordenanza fiscal, el PSOE en el Ayuntamiento propone modificar las bonificaciones de la cuota por creación de empleo, es decir, un guiño a aquellos empresarios que creen empleo estable en la ciudad. Ayudas también para aquellas empresas que lleven a cabo un plan de aplicación de energías renovables y mecanismo de eficiencia energética; y, también, para los emprendedores. Además, en esta ordenanza, el PSOE quiere incorporar una nueva bonificación del 95% para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés por dedicarse al ámbito social, cultural, histórico o artístico.

BONIFICACIONES IBI

En este apartado, además de lo mencionado al inicio de esta noticia, el grupo municipal socialista va a presentar una serie de alegaciones reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Por un lado, pretenden equiparar, a efectos de bonificación, a las familias numerosas con las familias monoparentales. Incluir otra para edificios públicos de investigación y los de enseñanza universitaria hasta el 95%, “con el objeto de favorecer el desarrollo de este tipo de actividades”, ha argumentado Oliver.

Las alegaciones contemplan también exenciones del Impuesto de vehículos cuyos titulares acrediten que tienen a su cargo a alguna persona con un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Además, pretenden modificar la tasa por la ocupación de terrenos de uso público local con terrazas. Con esta propuesta el PSOE pretende “favorecer el desarrollo de la actividad hostelera en la ciudad rebajando la carga impositiva”, según enuncia el documento.

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